¿Quién privatiza a los políticos?

Hay que buscar las razones de la degeneración intelectual de parte de la clase política. Es un deber de la sociedad descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. ¿Cómo recuperaremos lo que hemos perdido?

EMILIO LLEDÓ

EL PAÍS - Opinión - 04-10-2011

La defensa de lo público hace vivir la democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura, la ética. Ellas son las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.

La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.

No es, sin embargo, una discusión sobre problemas económicos, cuyos entresijos y burbujeos desconocemos, a lo que voy a referirme, aunque haya siempre un principio de honradez y verdad en el que, seguro, todos nos entenderíamos. Aludiré únicamente a una de esas frases vacías que hincha las palabras de ciertas oligarquías. Desde hace años, de nuevo en estos días, como manifestación del menosprecio por la enseñanza pública y por sus profesores, se habla de la libertad de los padres para elegir el centro en el que educar a sus hijos. Esa defensa libertaria no tiene que ver con el deseo de que se practique en la educación una verdadera libertad: la libertad de entender, de pensar, de interpretar, de desfanatizar, de sentir. Libertad que, por encima de todas las sectas, debería fomentar la combatida Educación para la Ciudadanía y la identidad democrática. Una libertad que enseñase algo más que la obsesión por el dinero y por el solapado cultivo de la avaricia. A lo mejor, esa educación les obligaba a dimitir a algunos personajes de la vida pública, por vergüenza del engaño que arrastran y contaminan. Mejor dicho: haría imposible que se dieran semejantes individuos.

Ese sermoneo se funda sobre todo en el fomento de la privatización de la enseñanza que alimenta el dinero y la desigualdad. ¿Pueden gozar de esa libertad todos los padres? ¿También los de los barrios más modestos de las grandes ciudades? ¿Pueden ser libres para mandar a sus hijos a esos colegios privados? Centros que proliferan por nuestro país y que apenas pueden compararse, a pesar de sus supuestas y publicitadas excelencias, con cualquier colegio o instituto público de Francia o Alemania. Por lo visto los padres franceses o alemanes ni siquiera se han planteado esa posible libertad que, lógicamente, no necesitan. En ese mismo derrotero andan algunas universidades, que anuncian sus excelencias pregonando que "los alumnos encontrarán las profesiones que les permitirán colocarse rápidamente en la empresa". ¡Magnífico ideario para fomentar la vida universitaria, la pasión por el saber, el crear, el innovar! En el fondo, toda esa propaganda libertaria es fruto de planteamientos políticos, de dominio ideológico, de sustanciosos prejuicios clasistas, que con doble o triple moral predican libertad, cuando lo que realmente les importa, aunque quieran engañarse y engañarnos, es el dinero. Solo por medio de una ideología de la decencia, de la justicia, de la lucha por la igualdad, tan problemática siempre, puede alzarse el sistema educativo de nuestro país, de todos los países. No puedo por menos de citar un texto de Giner de los Ríos, entre muchos de los que podrían citarse del olvidado precursor: "El dogmatismo, el dominio sectario sobre los espíritus, el afán de proselitismo doctrinal, tantas otras formas de opresión y de coacción muestran cómo esa tutela se corrompe, y en vez de disponer gradualmente al hombre para su emancipación procura disponerlo para perpetuar su servidumbre".

En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.

Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo "maravillosamente dotado para la sabiduría", como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, de la honradez. Es importante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.

Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia y la sensibilidad. Las opiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.

Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?

¿Una oficina de colocación en el Tribunal Constitucional? (Sobre la modificación parcial del Reglamento de organización y personal del TC)

             

Ramiro Grau Morancho

hayderecho.com

Cuando en un Estado de Derecho el propio Tribunal Constitucional actúa discrecionalmente, orillando las leyes de la función pública, y se convierte en algo parecido a una oficina de colocación para correligionarios y afines, poco puede esperarse del citado Tribunal, e incluso del Estado que lo mantiene, ya que cuando no se respetan los principios constitucionales de acceso a la función pública (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), poco puede extrañar todo lo que después viene sucediendo…

El Tribunal Constitucional tenía una plantilla de funcionarios y personal laboral. Los funcionarios procedentes de la Administración de Justicia, incluidos los Secretarios, que lo eran del cuerpo de Secretarios Judiciales. Existían Letrados de dos clases, unos que accedían por oposición, formando un Cuerpo al servicio del Tribunal, y otros Letrados de libre designación, pero que tenían que pertenecer a determinados  por lo que se aseguraba, al menos teóricamente, una formación mínima, y no se aumentaba la plantilla, ya que permanecían temporalmente al servicio del Tribunal Constitucional, quedando en situación de servicios especiales en sus cuerpos de origen: jueces, fiscales, abogados del estado, profesores titulares universitarios, etc.

Con la llegada del señor Sala, se ha aprobado una modificación parcial del reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional (BOE del 4 de abril de 2011, págs. 34506 a 513), por la que se consagran principios distintos de los enumerados como forma de acceso al Alto Tribunal, se establecen cargos redundantes, se suprimen los plazos máximos de permanencia de los letrados de libre designación, se conceden “gratis et amore” complementos retributivos en determinados supuestos, etc. En resumen, todo un ejemplo de una determinada política de personal en la que se prima la confianza sobre los principios de mérito y capacidad, a cargo del contribuyente.

Véanse los ejemplos:

1. Se crea un Gabinete para el Presidente, con su Jefe correspondiente, que “será nombrado libremente por el Presidente. El Jefe del Gabinete tendrá el carácter de funcionario eventual, con el mismo rango y retribuciones que los letrados”.

2. Se duplica la secretaría general: “El Pleno podrá elegir entre los Letrados del Tribunal un Secretario general adjunto… tendrá las retribuciones del Secretario general”. Es decir, habrá dos Secretarios Generales –aunque sólo hace falta uno- cobrando idénticas retribuciones.

3. Se abre la puerta para la contratación “a dedo” de amigos, parientes y correligionarios: “podrá nombrarse personal eventual al servicio del Tribunal Constitucional para el ejercicio no permanente de funciones de confianza o asesoramiento especial”. Es decir, pese a la existencia de letrados de dos tipos, por oposición y de libre designación, se necesita un tercer tipo de asesores, llamados asesores especiales…

4. “Las plazas de letrado se proveerán también en régimen de adscripción temporal… La designación de letrados de adscripción temporal se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de tres Magistrados, por mayoría absoluta… La adscripción se hará por tres años y podrá ser renovada antes de su vencimiento, por períodos iguales…”. No se establece duración máxima de los nombramientos –a dedo, repito-, por lo que pueden pasarse toda la vida en el cargo. Es más, incluso se prevé como una de las causas de cese la jubilación.

5. Se crea un peculiar concurso-oposición para hacer fijos a los letrados nombrados a dedo, y en contra de su propia interpretación constitución que establece que la fase de oposición no puede valorarse en más de un 45% del total de la puntuación (STC 67/1989, de 18 de abril).
El Tribunal, vulnerando la interpretación que establece para los demás, pero no para sí, dice que: “El concurso se valorará en un 70 por 100 de la puntuación máxima total de ambas fases y para pasar a la de oposición será necesario obtener una calificación no inferior al 35 por 100 de la mencionada puntuación total”.
Exactamente al revés de su propia interpretación, que exige que primero se celebre la oposición, en la que hay que obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez, es decir, haber aprobado, aunque sea por los pelos, y posteriormente se suman los puntos que se posean por méritos, en la fase de concurso…

6. Quienes hayan sido Secretario general o Secretario general adjunto durante tres o más años, y posteriormente sigan en el Tribunal como letrados “percibirán un complemento específico igual al que corresponda a los letrados Jefes de Servicio”. Total, que más da, si va a pagar el pueblo soberano, digo, los súbditos.

7. “El personal eventual será nombrado y cesado libremente”.

¿Comprenden ustedes porque no desanimo a mi hijo cuándo me dice que quiere irse a vivir a un país que funcione, como Estados Unidos, pese al dolor que como padre dicha decisión me produce?

En Asturias no se cumple la legislación sobre calidad del aire

Ecoloxistes n´Aición Asturies

Ecologistas en Acción ha presentado su informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2010. Entre las conclusiones más relevantes del trabajo, se desprende que un 87% de la población española respira aire que supera los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Si nos atenemos a los límites de contaminación que marca la legislación, el porcentaje de población afectado sería del 37%, más de 17 millones de personas. A pesar de la gravedad de la situación, las Administraciones no están adoptando las medidas necesarias para solucionar este problema.

El estudio, realizado como cada año por Ecologistas en Acción, analiza la calidad del aire que respira la práctica totalidad de la población española (47,02 millones de personas en enero de 2010). Los datos utilizados provienen de los que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación.

En el caso de Asturies los contaminantes que más problemas de salud originan, son la partículas en suspensión PM10, cuyos valores registrados superan en todo el territorio los valores medios anuales recomendados por la OMS, e, incluso en dos estaciones, la de Lugonés (43 μg/m3) en Siero y Matadero en Aviles (42 μg/m3), se superó también el valor medio anual permitido por la normativa de 40 μg/m3. Además, en estas estaciones la de Lugonés en Siero (105 superaciones) y Matadero en Aviles (84 superaciones), junto a las de Llanoponte en Avilés (69 superaciones) y la Avenida de la Argentina en Gijón (41 superaciones), se produjeron más superaciones de los valores límite diario de las que establece la normativa. En el caso de Lugones, el triple de lo permitido (máximo admisible, 35 días al año)

En cualquier caso, resulta importante destacar que ha resultado imposible evaluar como afectan las partículas PM2,5 al no haber datos públicos para este contaminante. Al igual que ya se apreció en 2008 y 2009, durante 2010 se registra una pequeña reducción de los niveles de contaminación con respecto a años precedentes, algo que –como viene apuntando esta organización ecologista– sigue ocurriendo más por razones coyunturales que por la aplicación de medidas planificadas y orientadas a mejorar la calidad del aire.

En el caso de Asturies es en la contaminación por los óxidos de azufre, donde más se ha notado la mejora, fruto del cambio de modelo energético, con un menor uso de las centrales térmicas de carbón, y de la aplicación de mejoras tecnológicas, como la plantas desulfuradotas, de todas formas, aún cumpliendo los valores limites legales, la situación dista de ser buena, con varias estaciones que superan ampliamente el valor límite diario recomendado por la OMS de 20 μg/m3, siendo la peor, la estación Avilesina de Matadero, con 59 superaciones, seguida de las de Palacio de Deportes (54), Lugones (53), Llaranes (34), Avenida de la Argentina (34), Plaza de Toros (26), Trubia (25) Pura Tomás (19), Llanoponte (7) y Mieres (6) superaciones que estarían relacionadas especialmente con la actividad industrial, y con el mantenimiento, aun significativo del funcionamiento de las centrales de Soto y Aboño.

Con respecto a los óxidos de nitrógeno, son muchas las estaciones, como Llanoponte, Palacio de Deportes, Hermanos Felgueroso, Plaza de Toros, Constiutción, Plaza de Guitarra, Lugones Avenida de Castilla, Avenida Argentina, Matadero, Llaranes, Mieres, Sama o Meriñan, las que superan el valor límite anual de protección de los ecosistemas.

Ecologistas en Acción quiere destacar que la contaminación del aire es un asunto muy grave –el Programa por un Aire Limpio en Europa cifra en 19.940 el número de muertes prematuras anuales en el Estado español, y en unas 400.000 las personas que fallecen en la Unión Europea de los 25 cada año por esta misma causa [1]–. A pesar de ello, las Administraciones no están tomando las medidas necesarias para solucionarlo. En particular:

• Las superaciones de los límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años. La Comisión Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire que está a punto de llevarnos al Tribunal de Justicia Europeo.

• La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

• Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción para reducir esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de voluntad política de acometer medidas estructurales. Estos planes son responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tampoco ha presentado su prometido Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire.

Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en especial el eléctrico), además de dar facilidades a los medios no motorizados en las ciudades. Para mejorar el aire de las zonas industriales, la mejor estrategia es la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales disponibles para la reducción de la contaminación.

La verdad de los mentirosos

RAFAEL ARGULLOL

EL PAÍS - Opinión - 22-09-2011

Lo que sea la verdad es algo bien difícil de dilucidar. No solo los filósofos se han aplicado durante siglos a tratar de averiguarlo sino que, de creer al Evangelio de San Juan, Poncio Pilatos hubiera debido pasar a la historia, no tanto por lavarse las manos ante la sentencia de muerte a un inocente, sino porque, en un acto de desesperación escéptica, le espetó a Cristo: ¿qué es la verdad? Quid est veritas? Una pregunta con una respuesta difícil, quizá la más difícil de todas las que podemos plantearnos. Y, sin embargo, en los últimos tiempos estamos cansados de escuchar a personajes públicos que, ante cualquier dificultad, responden machaconamente: "Nos limitamos a decir la verdad". Y también los derivados más crudos de esta afirmación: "Es lo que hay" o "así es la realidad".

No pasa día en que alguna de estas tres frases -y a menudo las tres- sea pronunciada por consejeros, alcaldes, presidentes autonómicos, ministros y jefes de Gobierno. A partir de ahí el dominio de lo que es la verdad, presentada asimismo como revelación de lo que era la mentira, justifica cualquier acción, pues el responsable público, amparado por lo inevitable de la situación, acaba presentándose, ya no como un servidor sino como un salvador de la comunidad o, para los que prefieren una mayor grandilocuencia, como salvador de la patria. Una de las más grotescas paradojas de la situación actual es que la "verdad sobre lo que hay" (arcas vacías, deudas insostenibles) sea el argumento para agredir los dos territorios más sensibles de la sociedad, la educación y la salud.

El embuste implícito a esta verdad con que ahora se nos abruma está originado, cuando menos, en dos fuentes: quiénes son los albaceas de aquella supuesta verdad y cómo se forjó la mentira de la que ahora quieren liberarnos. No obstante, ambas fuentes confluyen en el hecho de que quienes ahora dicen revelarnos la verdad son los mismos que estaban en condiciones, durante años, de desentrañar la mentira. Me cuesta encontrar un solo responsable político actual de envergadura que no haya estado comprometido con aquella ocultación, ni en el partido del Gobierno ni en los principales de la oposición. Esta complicidad en la mentira o, si se quiere, en el mantenimiento de una opacidad culpable, es la que ha creado un clima moralmente inquietante, en el cual no solo hemos contemplado la corrupción de políticos sino de amplias capas de la ciudadanía, que han premiado la corrupción con vergonzosos respaldos electorales. En las próximas elecciones la mayoría de los candidatos están atrapados en aquella complicidad pues, a pesar de los desastres económicos de los que venimos hablando desde hace unostres años -pero no antes, el detalle es importante-, no se ha producido autocrítica real ni catarsis colectiva. Es fácil tener la verdad hoy; lo auténticamente difícil era denunciar la mentira ayer.

Y no denunciaron la mentira. Este verano, y como noticia de un par de días y sin seguimiento, apareció la información de que España no estaba en condiciones de pagar lo que había adquirido en material militar en los últimos 15 años, primero con Aznar y luego con Zapatero: creo recordar que eran unos 30.000 millones de euros, los suficientes quizá, de no haber sido gastados, para que ahora no hubiera que recortar el presupuesto de educación. De acuerdo con la información, lo peor y lo más frívolo es que no estaba claro en absoluto el destino de estos productos más bien siniestros por los que habíamos contraído una deuda tan abultada. No recuerdo ninguna explicación de Zapatero o Rubalcaba, de Aznar o de Rajoy. Ni las recuerdo ni las espero porque forman parte de la omertà en la ocultación de la mentira por parte de los que en la próxima campaña electoral se nos presentarán como fervientes amantes de la verdad. Y, sin embargo, por ese lado hubiéramos podido salvar nuestros presupuestos educativos.

Y acaso también podrían salvarse los presupuestos sanitarios si el Estado español presentara una demanda masiva contra la banca por negligencia, como ha hecho Estados Unidos. La Agencia Federal de la Vivienda espera una indemnización multimillonaria tras su demanda contra Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Barclays y Citigroup, entre otros. Acusación: vender hipotecas de baja calidad y faltar a la obligación de comprobar la excelencia de los activos. ¿Les suena? Durante años y años asistimos al esperpéntico espectáculo de la especulación inmobiliaria, sin apenas denuncias por parte de los grandes partidos. Tuvo que ser una diputada danesa del Parlamento Europeo la que, a instancias de Greenpeace y otros grupos similares, denunciara el caso con la resistencia activa de la mayoría de los diputados españoles. También aquí funcionó la ley del silencio, a la que lamentablemente se sumaron muchos grupos de comunicación. Eran los días en que los tentadores ofrecían créditos e hipotecas de alcance casi celestial y los tentados aprendían a vivir como aspirantes a nouveaux riches en medio de un simulacro general. Primero, se educó para la estafa, y cuando la estafa ya era demasiado evidente, en lugar de castigar a los estafadores se marchó a su rescate con dinero público. Si los que ahora se presentan a las elecciones se atrevieran a pedir cuentas a los saqueadores, como intenta hacerse por parte de algunos en Estados Unidos, tal vez no sería necesario recortar en sanidad, pues la devolución del dinero del saqueo cubriría muchos déficits. Pero ninguno de los que puede ganar lleva en el programa la exigencia de la restitución. En consecuencia, nadie devolverá el dinero robado, ni los delincuentes confesos, de Roldán a Millet, ni aquellos banqueros corruptos que nunca serán declarados delincuentes.

En esta tesitura es de una hipocresía inaguantable que tantos responsables públicos, alentados muchas veces, como corifeos, por economistas sin escrúpulos, aleguen que se limitan a expresar "la verdad" que exige sacrificios, nada menos que en educación y sanidad, los fundamentos, precisamente, de una sociedad justa. Los mismos, exactamente los mismos, que cerraron los ojos y las bocas cuando la mentira crecía sin cesar.

OTRA ADMINISTRACIÓN ES POSIBLE ACTUANDO

En el mes de marzo el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) presentó en un acto público celebrado en el Club de Prensa Asturiana el documento 30 medidas para la regeneración de la Administración Pública asturiana. En el mismo se recogen una serie de acciones concretas que se consideran convenientes - muchas de ellas, imprescindibles - para recuperar el sentido constitucional de la acción pública en el Principado de Asturias, hoy manifiestamente degenerado, a saber, una Administración que sirva con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,  mediante empleados públicos que desempeñen sus funciones con garantías de imparcialidad.

El documento fue ampliamente difundido entre los diferentes agentes sociales de Asturias - partidos, sindicatos, asociaciones etc.-, coincidiendo con el periodo de precampaña y posterior campaña electoral de las elecciones autonómicas. La difusión tuvo un amplio eco, hasta el punto de que varios partidos políticos de diverso signo - entre ellos, el que sustenta al actual Gobierno del Principado - incorporaron a sus programas electorales varias de las medidas propuestas por COFPA y, en algunos casos, dieron su apoyo expreso a la totalidad del documento.

Ahora, la Junta de Personal Funcionario del Principado de Asturias acaba de hacer público un documento propio titulado 22 medidas para la reflexión sobre la Administración Pública asturiana, que recoge en su práctica totalidad y con una fidelidad encomiable, a pesar de no citar la fuente, las medidas propuestas por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

Nos congratulamos de que el trabajo de esta asociación haya sido compartido y asumido como propio por el Órgano de representación de los funcionarios públicos de la Administración asturiana. No nos habíamos reservado los derechos de autor, por lo que  renunciamos a cualquier pretensión sobre las copias.

En todo caso, advertimos de que ya es el momento de abandonar la reflexión y pasar a la acción. Casi todas las palabras sobre las causas de la degeneración de la Función Pública asturiana y sobre las medidas imprescindibles para salir de ese pozo, ya están dichas. Toca ahora pasar a la acción y, en concreto, a la acción sindical.

Corrupción y turismo residencial en España: la otra historia de la burbuja inmobiliaria

Antonio Aledo
Revista Sin Permiso

En la Costa del Sol, Málaga, 32 alcaldes y ex-acaldes de 29 municipios están involucrados en delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio ^[1]. A miles de kilómetros de distancia, en la costa nordestina de Brasil se inició a mediados de la década pasada el macroproyecto turístico Lagoa do Coelho Resort que pretendía construir más de 30.000 viviendas, varios campos de golf, hoteles de lujo, etc. Los particulares que invirtieron en el proyecto tuvieron que constituir una plataforma de afectados ya que la empresa tras haber cobrado el 40 % del precio de venta de casi 500 apartamentos, no llegó siquiera a iniciar las obras, y los avales entregados a cambio no tenían ningún valor ^[2]. El empresario español propulsor del proyecto ingresó en prisión por estafa. Y si nos dirigimos hacia Centroamérica, encontramos la población de San Juan del Sur (Nicaragua), donde unos treinta norteamericanos han visto como los bancos se llevan las casas que compraron en el resort Pelican Eyes Piedras y Olas. El representante de este proyecto hipotecó las casas sin el consentimiento de los propietarios y se largó con el dinero ^[3].

Estos casos de corrupción, ilegalidades y delitos aparecen por toda la geografía turística mundial. A pesar de su separación geográfica presentan en común su ubicación dentro del sector del turismo residencial. Todos estos casos y muchos cientos más están relacionados con la compra-venta de viviendas en espacios turísticos en donde poder cumplir los sueños de unas vacaciones o un retiro en un paraíso de sol, mar, exotismo contenido y máxima seguridad. Esta reiteración nos hace preguntarnos si existe algún elemento dentro del proceso de producción del turismo residencial que lleve a una parte relevante del sector a introducirse en aguas cenagosas y oscuras al margen de la legalidad. Las causas de la abundancia de actividades ilegales y de casos de corrupción ligados al turismo residencial residen, en primer lugar, en la propia estructura del turismo residencial, en su naturaleza geofágica y altamente especulativa^[4]. Un segundo conjunto de elementos explicativos los situaríamos fuera del sector relacionados con el tiempo que nos ha tocado vivir, dominado por el capitalismo global corporativo ^[5].

Este sector económico ligado al ocio residenciado comienza a desarrollarse en las costas del Mediterráneo español a partir de la década de los 70. Fue evolucionando y expandiéndose territorialmente hasta llegar a su fase de internacionalización que ha sido corta pero intensa. Esta fase se inicia en 2001 y llega hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera en 2008. Se ha definido el turismo residencial como el sector que se dedica a la transformación de tierra en suelo urbanizable y a la construcción y posterior venta de viviendas orientadas al ocio residenciado. Sin embargo, el turismo residencial es más que un sector dedicado a la construcción para veraneantes o residentes jubilados foráneos. Engloba el conjunto de prácticas socioeconómicas que incluyen, entre otras, no sólo la construcción de viviendas e infraestructuras y servicios anexos, sino también el aparato legislativo que lo estimula o protege, las infraestructuras y servicios de transportes que conectan a los usuarios internacionales con las ofertas residenciales, y la cultura global hiperconsumista que promueve un determinado estilo de ocio definido por la hipermovilidad y la mutilocalidad residencial.

El turismo residencial es un consumidor imparable de suelo. O produce y vende viviendas o el sector se paraliza y muere. Y debe reproducirse a la máxima velocidad posible para aumentar los beneficios y disminuir los costes. De ahí que todo vale para que este proceso productivo esté en constante movimiento. La legislación urbana o ambiental, la planificación que ponga cortapisas al proceso generativo de suelo y vivienda debe ser vulnerada, ignorada o eliminada. Además hay que tener en cuenta el carácter especulativo que ha adquirido el sector en el último decenio. El negocio ya no está sólo en vender casas. De hecho la venta de casas pasa a ser la fase menos relevante en el proceso de producción social del turismo residencial. Hasta que se vende la vivienda hay una serie de pasos que, basados en la inversión de capitales intangibles y no crematísticos, pueden generar grandes ingresos. La recalificación de tierra en suelo urbanizable otorga un valor añadido que ya es objeto de comercialización. La información in advance sobre qué tierras pueden ser urbanizables tiene un alto valor. El desplazamiento un par de centímetros de una raya en un master plan o en un plan general de urbanismo puede aumentar de forma inmediata el valor de una tierra en millones de euros. La decisión de construir una carretera que conecta zonas aisladas y de pronto las hace accesibles al mercado global repercute directamente en el precio del suelo. En la última etapa del turismo residencial las viviendas no se compran para habitarse sino esperando que la burbuja de precios haga subir su valor en poco tiempo y que se pueda vender a otro comprador con unas notables plusvalías. Todas estas acciones son un capital de intangible no productivo pero altamente codiciable. Y, por supuesto, favorecen tramas de traspaso de información privilegiada, de recalificaciones indebidas, de permisos de construcción ilegales, etc., etc.

La burbuja inmobiliaria del 2001 al 2008 ha impulsado la codicia y ha aumentado la velocidad vertiginosa de obtención de beneficios. No importa si no hay usuarios finales. El objeto es puramente especulativo: comprar barato, sea tierra, sean permisos o licencias de construcción, o viviendas para vender lo antes posible y a mayor precio. Estamos ante una economía piramidal y al final de la pirámide siempre hay un tonto que carga con el peso de la misma. Cualquier atajo que facilite este proceso es bienvenido aunque no sea legal.

Estos atajos se ven facilitados por el modelo de capitalismo global y corporativo en el que se ha situado la economía política mundial. El turismo residencial se ha convertido en un producto y, al mismo tiempo, en un agente generativo y reproductor de esta fase evolutiva del capitalismo caracterizado por su internacionalización, por sus propuestas desregulatorias de la economía y por el control de los aparatos estatales por parte de los grandes agentes económicos. El estado ha dejado de ser ese ente regulador de las relaciones entre economía y sociedad para convertirse en un instrumento para facilitar la acumulación de capitales por parte de las elites. Elites que, sin reparo, surgen de la simbiosis de la cúpula de la esfera política y empresarial. Los partidos políticos son los primeros interesados en esta simbiosis porque una parte importante de su financiación la reciben de las empresas constructoras. Alcaldes, ministros o inclusos ex presidentes del Gobierno se alían con promotores urbanísticos y consiguen ajustar las leyes a sus intereses. El caso más claro lo supone la polémica ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRUV) de la Comunidad Autónoma de Valencia (España) que dejaba en manos de los agentes urbanizadores privados la planificación y ordenación del territorio y que dio pie a toda una serie de abusos que han sido denunciados por el Parlamento Europeo en el Informe Auken. En otras regiones, por ejemplo Centroamérica o el Caribe, se dan grandes beneficios fiscales a la inversión inmobiliaria extranjera y se vende sin reparo el patrimonio costero enajenado de la soberanía popular ^[6].

En el último capítulo que se ha escrito de esta historia, aparecen como protagonistas los cientos de miles de viviendas que se levantaron durante el boom inmobiliario a lo largo de toda la periferia del placer y que se han quedado sin vender ^[7]. Están a la espera del repunte de la economía global y de que aparezcan nuevos tontos que crean que pueden pegar el gran pelotazo especulativo encontrando a otros tontos que compren esa inversión segura y que nunca baja de precios que es una vivienda junto al mar.

NOTAS: [1] Encarna Maldonado, “Alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios, implicados en delitos urbanísticos”, Málaga Hoy, 20 de julio de 2011. Y sobre el Caso Malaya (Marbella) ver el dossier publicado por el periódico El País. [2] Ver: Foro de los Afectados Lagoa do Coelho Resort. [3] Léster Quintero, “Les hipotecaron el sueño americano a más de 30 gringos”,El Nuevo Diario, 7 de julio de 2011. [4] Antonio Aledo, “De la tierra al suelo”, Arbor, Vol 184, No 729, 2008. [5] Sobre las relaciones entre el turismo y el capitalismo global corporativo, ver: BLÁZQUEZ, Macià, Ernest CAÑADA e Ivan MURRAY, Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y Centroamérica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de julio de 2011, vol. XV, nº 368. [6] Imprescindible: Montiel, Antonio y Naredo, José Manuel, El Modelo Inmobiliario Español y su culminación en el caso valenciano, Barcelona, Icaria, 2011. [7] Para el caso del nordeste brasileño ver: Monti, Ewerton, “La crisis económica internacional de 2008 y el turismo: Efectos y medidas de respuesta en Rio Grande do Norte, Brasil”, Investigaciones Turísticas, núm. 11, 2011.

Antonio Aledo es profesor de sociología en la Universidad de Alicante y colaborador de ALBA SUD

La libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública: sentido constitucional, uso y empleo

Alejandro Alonso Cajigas
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias
cortesaragon.es

I. INTRODUCCIÓN

La libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas ha sido objeto en los últimos cinco años de numerosas resoluciones jurisdiccionales que han delimitado su sentido dentro del marco de los principios constitucionales que informan la función pública española con el propósito de limitar la arbitrariedad que, con frecuencia, informa la carrera administrativa de los llamados «altos funcionarios».

 

Efectivamente la provisión de puestos de trabajo, en concreto la libre designación, está llamada a ser la piedra de escándalo de la función pública debido a las tensiones que genera el conflicto entre el ejercicio de la potestad de autoorganización administrativa y el derecho de los funcionarios públicos a una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad. Ambos intereses confluyen en la provisión de puestos generando un conflicto que la deficiente práctica administrativa española ha convertido en insoluble pero que desde una perspectiva teórica deberían ser perfectamente compatibles y complementarios si la Administración en el ejercicio de su potestad de autoorganización aspirase a servir con objetividad a losintereses generales como exige el art. 103 (LA LEY 2500/1978) CE en todas las actuaciones públicas, primando el mérito y la capacidad entre los aspirantes frente a otro tipo de cualidades o afectos del órgano competente para proveer los puestos.

Sin embargo, el empleo de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo se está empleando cotidianamente en la Administración Pública española como instrumento de puro y libre arbitrio de los cargos políticos para proceder a la cobertura de puestos de naturaleza administrativa, sin más limitación de que el funcionario elegido cumpla los requisitos básicos establecidos para el desempeño del puesto de trabajo. Esta concepción de la libre designación está tan alejada de los principios constitucionales como común y asumida parece su práctica en nuestras administraciones.

Este trabajo pretende demostrar lo alejado del empleo práctico de este instrumento de cobertura de puestos de trabajo de los principios básicos y esenciales que informan nuestra Constitución y el modelo de función pública española.

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