A fines del pasado mes de junio la Dirección General de Función Pública del Gobierno del Principado anunciaba que el teletrabajo estaría implantado en la Administración asturiana en otoño. Ya estamos en invierno y el Decreto regulador sigue sin estar aprobado, sin que nadie de explicaciones sobre las causas del retraso.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en un comunicado difundido el paso 10 de agosto con ocasión del anuncio de medidas de ahorro energético por parte del Gobierno del Sr. Barbón, entre ellas, la aplicación del teletrabajo, ya advertía que ese anuncio era una burla en toda regla hacia sus trabajadores públicos.
En efecto, en el mes de mayo del año 2021 el vicepresidente Cofiño declaraba en la Junta General que “en muy pocas semanas” se publicaría en el Boletín Oficial el Decreto que regularía el teletrabajo en la Administración del Principado de Asturias (ver aquí)
Más de un año después el Gobierno continuaba sin aprobar dicho Decreto, que ha sido tramitado con una lentitud irritante, buscando retrasar el mayor tiempo posible la aprobación y entrada en vigor de la norma reguladora. No deja de ser llamativo que el Gobierno que dice haber declarado la “guerra a la burocracia”, haya puesto todos los obstáculos burocráticos posibles para impedir la rápida implantación del teletrabajo en la Administración asturiana.
El anuncio de mayo de 2021 se incumplió flagrantemente y el del pasado verano también.
Si tenemos en cuenta que el Decreto que actualmente tramita el Gobierno del Principado (ver aquí) ni siquiera contempla su entrada en vigor inmediata, si no que lo hará a los veinte días de su publicación y, además, impone como obligación que la solicitud se presente, al menos, con una antelación de 2 meses al comienzo del periodo de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo que se solicita (artículo 5.1), es evidente que tampoco se podrá aplicar durante el invierno que acabamos de estrenar.
¿Pretende el Gobierno del Sr. Barbón utilizar el teletrabajo de los empleados público como una mercancía electoral, haciendo coincidir su puesta en marcha con la precampaña de la próxima primavera? Todo apunta a que por ahí va su estrategia, usando un derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público como instrumento clientelar para la captura de votos.
Una maniobra populista y demagógica, especialmente deleznable cuando el Gobierno del Principado acaba de anunciar hace unos días la puesta en marcha de una campaña para captar nómadas digitales, es decir, profesionales vinculados al ámbito de las nuevas tecnologías que quieran teletrabajar desde Asturias.
¿Cómo se puede creer en la fiabilidad de esta campaña si el Gobierno del Principado ni siquiera cumple con los compromisos adquiridos sobre el teletrabajo con sus propios trabajadores?
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