El Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (TSJA), en sentencia dictada el pasado 29 de octubre, condena a la
Administración del Principado de Asturias a la convocatoria pública por
concurso de méritos en el plazo de tres meses de, al menos, 79 puestos de trabajo de jefatura ocupados
actualmente de forma provisional.
De esta forma, el TSJA confirma
la sentencia dictada el pasado 2 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo contencioso –
administrativo nº 1 de Oviedo, en la que se estimaba el recurso interpuesto por
el presidente del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, rechazando el
recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias, al que condena
en costas al pago de 500 euros.
La sentencia del TSJA frena la estrategia iniciada por el Gobierno de Javier Fernández en el año 2013 para
intentar evitar la convocatoria pública por concurso de méritos de los puestos
ocupados por libre designación – a dedo – y en comisiones de servicio
irregulares de más de dos años de duración.
Recordamos que el TSJA dictó
un Auto el 8 de enero del 2013 suspendiendo cautelarmente los nombramientos por libre designación, tras
numerosas sentencias que condenaban al Gobierno del Principado por esta
práctica abusiva.
Ante la situación insostenible
creada por esa suspensión cautelar, la Junta General del Principado tuvo que aprobar la Ley 7/2014, de 17 de julio, que obliga a sacar a concurso de méritos
los puestos ocupados por libre designación.
Pero, lejos de cumplir de forma
cabal y honesta la ley del Parlamento asturiano, el Gobierno del Principado ha
ido enrocándose con diferentes excusas, utilizadas como coartada para
retrasar todo lo posible las convocatorias.
En el mes de abril del año 2016 el Director General de la Función Pública se comprometía a que el concurso
estaría convocado en el segundo semestre de ese año. Pero esta promesa, como
otras tantas realizadas incluso en sede parlamentaria, no eran más que
tomaduras de pelo con las que se iba ganando tiempo para mantener el entramado
clientelar de nombramientos precarios que define la carrera profesional de los
funcionarios públicos en la Administración de Javier Fernández.
El Conceyu por Otra Función
Pública n´Asturies quiere dejar constancia de que esta estrategia de vulneración
sistemática de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no
hubiera sido posible sin la actitud condescendiente y cómplice de todas las organizaciones sindicales
representadas en la Junta de Personal – CSI, Usipa, CCOO, UGT y Csif -. En lugar de exigir, con la contundencia necesaria, el cumplimiento de la legalidad en
defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del
Principado, los sindicatos han colaborado con el juego evasivo de la Dirección General de
Función Pública, haciéndose corresponsables de las ilegalidades de aquella. Por algo será.
Todo apunta a que las sucesivas
maniobras del Gobierno para trasladar a la próxima legislatura
la convocatoria de los concursos de méritos, han terminado fracasando. Veremos.
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