Siete años de lucha

 Javier Álvarez Villa

A finales del año 2007 un pequeño grupo de funcionarios presentamos el primer recurso contencioso frente a una relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración del Principado de Asturias por la utilización abusiva y generalizada del sistema de libre designación (nombramientos a dedo). Desde entonces hasta ahora, actuando en nombre propio o con el amparo de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, hemos obtenido siete sentencias consecutivas favorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmadas en casación por otras tantas del Tribunal Supremo.

¿Qué se ha conseguido con esta pelea constante y mantenida en el tiempo? En el año 2007 había más de 400 puestos de trabajo de libre designación en la RPT del Principado (además de las secretarías de despacho, todas las jefaturas de servicio, todos los puestos de coordinadores, asesores, interventores, responsables, directores de parques naturales etc.). La carrera profesional basada en la igualdad de oportunidades y en la valoración objetiva de los méritos comenzaba y terminaba en las jefaturas de sección, para los funcionarios de los grupos A y B (A1 y A2) y en las jefaturas de negociado, para los funcionarios de los grupos C y D.

Hoy, siete años después y como consecuencia de la derrota judicial sin paliativos de la Administración del Principado de Asturias, enrocada durante todo este tiempo en la defensa numantina del clientelismo laboral como sistema para el ascenso profesional, disponemos de una ley (Ley 7/2014, de 17 de julio) que reduce notablemente el uso de los “nombramientos a dedo”. A partir de ahora, las secretarías de despacho de los Directores Generales, los jefes de Servicio, los interventores, letrados, coordinadores, asesores, responsables, directores de espacios naturales y otros puestos similares, deberán nombrarse obligatoriamente por concurso de méritos. Aunque no se trata de una ley perfecta, parece evidente que se ha producido un avance legislativo notable hacia la objetivación de una carrera profesional más justa y ajena al compadreo, el amiguismo y el enchufismo con los que se viene desenvolviendo hasta ahora. La aplicación práctica que se haga de esta ley irá dando cuenta del resultado real de los avances, pero no vamos ahora a dar pábulo a los pájaros de mal agüero que vienen repitiendo una y otra vez, como loros amaestrados, que ni las resoluciones judiciales, ni los cambios legales, servirán para nada. De lo que si estamos seguros es de que si dependiera de la iniciativa de estos comodones “sénecas” de chigre y anonimato, todo seguiría igual de podrido o quizá peor.

Siete años han tenido que pasar para llegar hasta aquí y el camino recorrido no ha sido fácil. Hubo que superar algunas dificultades y digerir algunas decepciones de desertores, celosos y pusilánimes, pero así suele ser la vida, especialmente cuándo uno decide asumir algún riesgo, por mínimo que sea.

Pero, en su conjunto, el balance de la lucha ha dejado más satisfacciones que sinsabores. Mi agradecimiento a un grupo fiel de compañeros que han sostenido la pelea por creer que merecía la pena, a principios del siglo XXI, defender la igualdad frente al privilegio, el mérito frente a la recomendación, la legalidad frente a la arbitrariedad, una Función Pública democrática frente al rancio corporativismo de castas burocráticas acostumbradas a promocionar a sus recomendados mediante gestiones telefónicas. Y todo ello, sin buscar ninguna prebenda como moneda de cambio, porque nosotros nunca tuvimos, ni tenemos, nada que negociar con esas castas de políticos – burócratas y burócratas – políticos. En nuestras demandas judiciales no había  ningún “otrosí” ofreciendo  tregua a cambio de concesiones.

Muchos han sido los correos y mensajes de apoyo durante este tiempo de compañeros que nos animaban porque estábamos defendiendo una causa justa. Las noticias sobre los éxitos judiciales conseguidos fueron, en muchas ocasiones, las más votadas en las ediciones digitales de los periódicos, siendo una buena muestra de que hemos contado con una corriente de simpatía nada desdeñable en una sociedad poco propensa a reconocer los éxitos ajenos.

Cuando en el mes de diciembre del año 2010 el Gobierno de coalición PSOE-IU impulsó y aprobó una ley para desactivar las resoluciones judiciales en su contra y otorgar patente de corso a la libre designación de jefes de servicio, letrados etc., nos quedamos en solitario recurriendo la nueva RPT aprobada en aplicación de dicha ley –  ningún sindicato tuvo a bien acompañarnos en esa incómoda tarea, pues todo eran excusas y evasivas: cómo se ha legalizado la libre designación ya nada se puede hacer, sólo cabría acudir al Tribunal Constitucional, pero ese camino es prácticamente inviable etc... -. Pero, a diferencia de todos los que tiraron la toalla antes de tiempo, nosotros sosteníamos que la Ley del arecismo terminal era una monumental chapuza, mal redactada y peor concebida, que debía interpretarse en consonancia con el Estatuto Básico del Empleado Público, norma básica estatal que seguía regulando la libre designación como un sistema de nombramiento excepcional a justificar caso por caso y puestos a puesto, cuando concurrieran razones de especial responsabilidad y confianza. Prontamente la Justicia vino a darnos la razón y la última muralla levantada por el Poder político – corporativo en defensa de la generalización de los nombramientos a dedo se vino a bajo con estrépito.

Siete años en los que algunos conspicuos representantes de la alta burocracia beneficiaria del sistema dedocrático no han dudado en propalar infundios insidiosos, eso sí, en la pequeña escala de los conspiradores de cafetería, tachándonos de resentidos, grupo de reventadores del sistema, abertzales disfrazados etc. A estos ignorantes autocomplacientes sólo cabe responderles con la conocida frase de Orwell: “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

Siete años, en fin, en los que la pasividad y la complacencia de las organizaciones sindicales, salvo honrosas excepciones, ha resultado patética. Poco podíamos esperar de los grandes aparatos sindicales, que han sido en buena medida colaboradores necesarios, por acción u omisión, de la degeneración del sistema constitucional de Función Pública, tolerando que no se convocaran concursos de mérito dentro de los plazos legales establecidos, que se mantuvieran nombramientos provisionales de duración indeterminada, que se constituyeran tribunales de selección con criterios estrictamente políticos etc. Más sorprendente resulta, sin embargo, el comportamiento de algunos sindicatos alternativos, que durante todo este tiempo se han limitado a gritar de boquilla lo malo que era el abuso de los nombramientos a dedo, a divulgar panfletos con rancias soflamas, pero sin adoptar ninguna medida resolutiva, dando siempre la impresión de que utilizaban a drede un arma con la espoleta desactivada.

Por experiencia propia conozco bien que estos pequeños sindicatos alternativos no escapan a la ley de hierro de las oligarquías: sus elites de mando – muy poco numerosas, sin duda, en comparación con las de los grandes dinosaurios sindicales – también tienen sus propios intereses personales, que pasan casi siempre por mantener las buenas relaciones con los señoritos del cortijo, especialistas consumados en el reparto de pequeñas prebendas y en el trato deferente y cortés hacia los representantes sindicales.

Siete  años de lucha que no son el fin de nada, ni nos dan derecho a cantar ninguna victoria. La pelea por una Función Pública profesional, imparcial y objetiva debe seguir más viva y enérgica que nunca. Pero sólo los miopes, los acólitos de la casta de burócratas - políticos y los envidiosos apáticos pueden seguir sosteniendo que nada ha cambiado y que todo sigue igual.