INICIATIVA POR LA JUSTICIA SALARIAL EN EL EMPLEO PÚBLICO ASTURIANO

INICIATIVA POR LA JUSTICIA SALARIAL EN EL EMPLEO PÚBLICO ASTURIANO

En el documento 30 medidas para la regeneración de la Administración Pública asturiana, presentado por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en el mes de marzo del año 2011, incorporábamos una propuesta dirigida a mejorar el sistema de retribuciones de los empleados públicos, en los siguientes términos:

La tabla de retribuciones responderá a principios de cohesión social y justicia distributiva, de tal manera que no existan diferencias salariales desproporcionadas entre los diferentes grupos de empleados públicos.

Se trata de evitar la situación de clasismo salarial, actualmente existente, que privilegia de forma excesiva y desproporcionada la pertenencia a grupos y cuerpos de titulados superiores o medios, o el desempeño de cargos o puestos de jefatura cuya especial responsabilidad se diluye en el organigrama jerárquico o resulta manifiestamente injustificada. La tendencia hacia la homogeinización salarial y hacia la disminución de las diferencias en el abanico de sueldos contribuirá, entendemos, a elevar la motivación de los trabajadores, redundando en una mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos. A la vez, la percepción de un salario suficiente, que se considere justo por el conjunto de trabajadores, contribuirá a reducir los riesgos de comportamientos corruptos.

A pesar de que esta propuesta fue asumida en varios programas políticos y sindicales – programas electorales, documento de propuestas de la Junta de Personal funcionario del Principado de Asturias -, no nos consta ninguna iniciativa concreta para desarrollarla, ni ningún intento para proponer algún cambio en esa línea a los Gobiernos que se han sucedido en Asturias en los dos últimos años.

En este escenario, aterriza el brutal golpe de mano de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, que ha venido a agravar la injusta situación salarial de los empleados públicos, despertando la conciencia reivindicativa de los trabajadores frente a un poder político dirigido por “los mercados”, que nos utiliza como “chivo expiatorio” de una crisis provocada por “políticos y banqueros”.

Pero, además de la indignación y la protesta, debemos recordar que otro sistema salarial es posible en el empleo público y que son factibles ya, dentro del marco de la legalidad vigente, medidas que reparen la inaceptable agresión padecida con la supresión de la paga extra.

Esta es nuestra INICIATIVA:

1º La congelación de la masa salarial de los empleados públicos que impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 – artículo 22.2 -, impide el incremento de retribuciones respecto de las que estaban vigentes en el año 2011:

En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo

Asimismo, dicha Ley obliga a mantener las mismas cuantías por “sueldos” y “trienios” – artículo 22.5- :

Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la  Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del citado  Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2012, las mismas cuantías que en 2011

Por lo que se refiere a las retribuciones complementarias – complemento de destino y específico, entre otros – la regulación contenida en los Presupuestos Generales del Estado no tiene carácter básico, por lo que las Comunidades Autónomas pueden establecer su cuantía con independencia de lo estipulado por el Estado, con la salvedad de respetar la limitación relativa al conjunto de la masa salarial.

2º En el año 2012 las retribuciones de los empleados públicos experimentarán un sustancial recorte respecto de las vigentes en diciembre de 2011 como consecuencia de la supresión de la paga extra de diciembre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En consecuencia, las Comunidades Autónomas disponen de un amplio margen de maniobra para incrementar las retribuciones de los empleados públicos mediante las retribuciones complementarias, hasta alcanzar el tope o límite infranqueable que establece el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos, a saber, las vigentes a 31 de diciembre de 2011, y siempre y cuando dichos incrementos no afecten al sueldo base, ni a los trienios, que no son susceptibles de mejora.

3º Queda abierta, por tanto, la vía de las retribuciones complementarias – complemento de destino y complementos específicos asociados al puestos de trabajo -, para realizar una mejora salarial que, compensando la injusticia inaceptable de la supresión de la paga extra, introduzca de una vez por todas en el empleo público asturiano, elementos de cohesión y justicia retributiva y acabe con el clasismo salarial.

4º Esta vía es hoy perfectamente posible mediante la iniciativa política  de las Comunidades Autónomas. Bastaría para ello que se articule, con el apoyo político suficiente, una iniciativa legislativa de mejora de las retribuciones complementarias con criterios objetivos y homogéneos, de tal manera que el incremento salarial resultante sea progresivo, en el sentido de que comporte mejoras salariales más sustanciales para los que menos ganan, respondiendo con ello a principios de cohesión social y económica.

5º Tomando como hipótesis de trabajo  un incremento medio de las retribuciones complementarias por empleado público de 1.500 euros anuales, y teniendo en cuenta que la plantilla total de empleados públicos del Principado de Asturias asciende a 36.318, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el importe económico total del mismo no llegaría a los 55 millones de euros, cifra inferior al recorte que supone la supresión de la paga extra de diciembre. En consecuencia, el incremento resultante para el año 2012 no superaría el límite legal del importe de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Esta es la iniciativa del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

Somos conscientes de que una iniciativa de tal calibre tendría su primer y máximo oponente en el Gobierno asturiano, que ha encontrado en los recortes del Gobierno central una coartada perfecta para su política seguidista de reducción de derechos sociales y laborales de los trabajadores públicos del Principado. Tampoco encontrará muchos aliados en la alta burocracia, dada su finalidad anticlasista, dirigida a disminuir las diferencias salariales y progresar en la cohesión social y económica de los empleados públicos.

Por ello, nos dirigimos, fundamentalmente, a las asambleas de trabajadores, que hoy llevan la iniciativa de las protestas y de la búsqueda de soluciones, aportando un instrumento para el debate y, en su caso, para la acción reivindicativa. Finalmente, también  llamamos a las organizaciones sindicales a impulsar conjuntamente iniciativas como la expuesta u otras similares, que pongan en evidencia la voluntad política real de los partidos políticos asturianos en relación con la solución del conflicto social y laboral existente entre el Gobierno de Asturias y sus trabajadores.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies