El Gobierno del Principado de Asturias, la Junta General, la Procuradora General y la Sindicatura de Cuentas, gastan cerca de cinco millones de euros al año en los salarios del "personal eventual de gabinete". Esta cifra resulta de sumar las diferentes partidas que se recogen en los presupuestos generales del año 2011, prorrogados para el actual año 2012, que ascienden a un total de 4.897.001 euros por dicho concepto (800 millones de las antiguas pesetas)
Entre las concretas partidas destinadas al pago de este clase de personal, destacamos los 870.910 euros asignados a la Presidencia del Principado, los 594.000 euros que gasta la Procuradora General y el 1.770.000 euros que gasta la Junta General en 47 asesores de los grupos parlamentarios.
Recordamos que el personal de gabinete está integrado por los asesores de confianza del Presidente, consejeros y diputados, contratados a dedo por criterios de estricta confianza partidista, sin superar prueba objetiva alguna para su selección.
Se trata de un gasto absolutamente desorbitado e injustificable, especialmente en un momento en el que se imponen unilateralmente políticas de ahorro de costes, mediante recortes de las plantillas de personal vinculadas a servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, y se plantean nuevas reducciones salariales para los empleados públicos.
Conviene advertir que este tipo de personal de confianza responde, fundamentalmente, a la función de agencias de colocación que cumplen los partidos políticos respecto a los miembros de sus aparatos y a estrictas necesidades de propoganda política, perfectamente prescindibles.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies recueda que en el pacto de legislatura suscrito por el PSOE y UPyD, ambas formaciones políticas se comprometieron a reducir el número del personal de gabinete y a hacer públicos sus nombramientos y retribuciones (hasta ahora el número de estos asesores, su identidad y el sueldo que perciben, se mantiene en secreto)
En consecuencia con lo pactado, exigimos al Gobierno del Principado que, en su anunciada política de recortes en el empleo público, de prioridad a la reducción de gastos del personal de confianza política, limitando significativamente su número y recortando sus retribuciones.
A esta medida de ahorro pueden añadirse otras como el recorte de los gastos del negocio de la formación vinculado al Instituto Adolfo Posada, la reducción del entramado gerencial de empresas y fundaciones públicas, la supresión del complemento salarial de alto cargo o la dismunición de los sueldos de los cargos políticos.
Estamos convencidos de que el importe resultante de estas decisiones concretas de disminución de costes sería cuantitavivamente muy siginificativo y permitiría mantener las plantillas de personal en su situación actual, garantizando de este modo la suficiencia y calidad de los servicios públicos.
En los próximas días daremos cuenta de otras medidas de recorte de gasto público superfluo, del que puede prescindir el Gobierno de Asturias sin lesionar los derechos sociales de la sociedad asturiana.
La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
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