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miércoles, 6 de mayo de 2009

La amnesia de SOGEPSA

La amnesia repentina que sufren los responsables políticos de SOGEPSA acerca de su condición de empresa pública se apoya en una coartada mediática diariamante utilizada en Asturias: mantener en el olvido el origen de los asuntos y su trayectoria histórica, haciéndonos creer que vivimos en un presente continuo, sin pasado ni futuro.
Hagamos un pequeño ejercicio de memoria: SOGEPSA fue concebida por Ley de la Junta General del Principado de Asturias - Ley 8/1984, de 13 de julio, por la que se autoriza al Consejo de Gobierno la creación de una sociedad regional de gestión y promoción del suelo - acogiéndose precisamente a lo que dispone el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a saber, la posibilidad de constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia.
SOGEPSA es, por tanto, por definición legal y estatutaria, un instrumento del Gobierno asturiano con forma de empresa pública, para la ejecución de sus competencias en materia de gestión urbanísitica. Ni más, ni menos.
Después de tantos años de actividad privada, acaso la amenaza de una fiscalización objetiva conforme a las reglas contables de ese monstruo llamado "Derecho Público" haya despertado el deseo de renegar de su propia naturaleza. En el descomunal negocio vinculado a la gestión del suelo asturiano - la madre de este Edipo societario que quiere matar al padre - se encuentra la respuesta.

2 comentarios:

  1. JuanVega

    A ver si se aclara Juan Neira

    Imposible caer más bajo. (...). Y esto se hace en un momento de especial gravedad, que aconsejaría un control del dinero de todos especialmente cuidadoso. Pero aqui no aprendemos, aquí vamos directamente a la catarsis, conducidos por nuestros irresponsables dirigentes, que a diario marcan el camino.

    El Pleno del Tribunal de Cuentas del Reino, en una instrucción del 6 de abril de marzo de año 2009, deja claras cosas que andan muy poco definidas en Asturias, en donde vemos a diario el vergonzoso espectáculo que se da desde ciertas columnas de prensa, donde los opinadores gubernamentales siguen ladrando contra las actividades de la Sindicatura, al servicio de intereses inconfesables. ¡Qué interés confesable puede tener quien lucha a brazo partido para que el gobierno pueda conseguir evitar la fiscalización de entes como Sogepsa, en una campaña que comienza a quedar en clamorosa evidencia, al haber tenido que rectificar públicamente el propio Partido Socialista a los cantantes de este desafinado ochote!

    ¡Cómo no se va a hundir la prensa! El gobierno paga los anuncios y pide que se diga lo que ellos quieren que se diga. Como no hay quien lo diga -los periodistas profesionales se niegan a hacer estos papelones-, se contrata al que lo tiene que decir, el que lo tiene que decir lo dice, y el periódico destaca su opinión como si se tratase del dictámen de un jurisconsulto, cuando como ocurre en este caso, se trata de los criterios de una persona cuya carrera administrativa no pasó de la responsabilidad de encender y apagar la caldera de un colegio, y se atreve a decir esto de “¡a ver si nos aclaramos!”. Y nadie le dice que vuelva al colegio, pero a sentarse en el pupitre, paso previo que hay que dar, antes de atreverse a dar lecciones. Son las cosas asombrosas que suceden en este degenerado confín del universo. ¡Cómo no va irse al garete la comunicación en papel impreso, con estos comportamientos que socavan su credibilidad con gran escándalo de la gente bienitencionada, que descubre que detrás de estas cosas tan raras siempre hay pasta por el medio!

    Las comunidades autónomas forman parte del sector público, y la existencia de entes fiscalizadores como es la Sindicatura de Cuentas, en ningún caso significa que las autonomías pueden actuar al margen del Tribunal de Cuentas del Reino, del que sus órganos fiscalizadores dependen como órganos delegados, lo que otorga a la Sindicatura asturiana independencia funcional con relación a lo que pueda decir la Junta General del Principado, si se produjese alguna colisión con los criterios del alto tribunal nacional.

    Es decir, que la Sindicatura depende orgánicamente de la Junta General del Principado, pero si ésta adoptase criterios que chocan con los del Tribunal de Cuentas, el criterio que vale es del del Tribunal de Cuentas y no el de la Junta General, pues ésta se estaría poniendo en rebeldía contra la jurisdicción de las Cortes Españolas.

    El colaborador del diario El Comercio, Juan Neira, que ha pasado a convertirse en el “teórico” que utilizan en ese periódico para avalar “intelectualmente” las campañas que desde él se agitan, y que mantiene un feroz acoso mediático a la Sindicatura que debería ser escrutado en clave judicial, escribe, en su diaria filípica contra la fiscalización del dinero público en Asturias, al haberse producido una rectificación del gobierno, a instancias del Partido Socialista, sobre el control de las actividades de Sogepsa -rectificación que deja en pelotas la campaña de Juan Neira y El Comercio, que también, como el gobierno, se ven obligados a rectificar-, que “el Tribunal de Cuentas propone auditar a las sociedades que tienen más de la mitad del capital en manos públicas aunque esa participación esté repartida entre varios entes. Y lo que es más importante: los tres grupos parlamentarios de la Cámara optan por ese control. La Sindicatura tiene que estar a lo que decida el Parlamento“. El Tribunal de Cuentas no propone, ¡Neira! la Ley de Contratos del Sector Público dispone. ¡Tiene bemoles todo esto!

    No señor Neira, la Sindicatura de Cuentas, a lo que tiene que estar es a lo que dice la Ley, que es a lo que tiene que estar también el Parlamento de Asturias, que en ningún caso se puede situar al margen de la Ley, y si lo hiciese, la Sindicatura no tiene por qué acatar sus criterios. Tan grave es la cosa que el Partido Socialista ha tenido que recordarle al gobierno que por muy gobierno que sea, no puede intentar mantener a Sogepsa sin control financiero. Bastante vergüenza es que esto haya tenido que ocurrir, como para que ese periodico siga con la lamentable campaña que el ejecutivo de Areces encargó a Neira.

    Lo que ocurre es que ante la gran metedura de pata de Sogepsa, ahora más que nunca, desde el gobierno, se quiere mantener al margen del control a una serie de entidades y fundaciones, como son Asturgar, la Fundación La Laboral, la Fundación Nuevas Tecnologías y Cultura, la Fundación para el Progreso del Soft Computing y la Fundación Archivo de Indianos, cuya financiación es pública, a pesar de que su administración no se desarrolla mayoritariamente por personajes vinculados a la administración, lo que se utiliza como pretexto para intentar sustraerlas a la fiscalización de la Sindicatura, cuando debería ser exactamente al revés.

    La ignorancia de Neira se manifesta como algo oceánico y el espectáculo que da es terrible, en una comunidad en la que cualquier indocumentado utiliza la tribuna pública para decir las primeras chorradas que se le ocurren, para justificar la loca huída hacia adelante de un gobierno que pretende escapar como sea de la fiscalización de sus actividades, cuando estas cosas están reguladas por las leyes. El gobierno de Asturias, que en el caso de Sogepsa ha sido rectificado por su propio partido político, quiere ocultar a toda costa la información de las sociedades, fundaciones y chiringuitos en los que distrae cantidades sin cuento, confiando la administración del dinero que generosamente distribuye, en entidades cuyo control atribuye a personas de fuera de la administración, para que así lo puedan gastar sin que ésta tenga que fiscalizarlo a través de un instrumento como es la Sindicatura, que como decimos, en realidad no es otra cosa que un órgano delegado del Tribunal de Cuentas del Reino. Y cuando en entes de la administración se nombra a ciudadanos ajenos a la administración, como sucede en el caso de La Laboral, la intención se ve desde el espacio sideral.

    No nos engañemos: aquí lo que se intenta distraer desesperadamente de su fiscalización es La Laboral, financiada con dinero público, aunque para burlar la ley intentando evitar su control, se haya nombrado a su frente a una bola de personajes privados encargados de controlar fondos del Principado. ¡Qué locura!

    Como si precisamente la existencia de órganos que gestionan dinero público, gobernados por sujetos privados, no fuese motivo más que suficiente para incrementar el control sobre sus actividades, pues la responsabilidad de los funcionarios públicos -y su poisble deriva penal penales- se diluye, al confiar la gestión del dinero de todos a personajes que no tienen el mismo compromiso profesional y legal que un funcionario público.

    En la instrucción del Pleno del Tribunal de Cuentas a la que antes me refería, en la que se establece la obligación del envío al mismo de los extractos de los expedientes de contratación de los contratos y los convenios celebrados por las entidades del sector público estatal y autonómico, se recuerda con claridad que el sector público, a efectos de contratación -¿qué es lo que se debe fiscalizar, si no es la contratación?-, está definido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuyo artículo 3 se establece con claridad meridiana qué es el sector público, algo que no puede ser de ninguna manera cuestionado por los diputados de un parlamento autonómico, si es que lo cuestionan, como parece sugerir el señor Neira, en el único argumento que le resta de su loca campaña, con la que ya se estrelló en el caso de Sogepsa.

    Y lo que dice esta ley, en su texto concreto, en el apartado h) del Artículo 3, cuando establece qué es el sector público, una vez que ya quedó claro el caso de las sociedades mercantiles como Sogepsa, hay que recordarlo una vez más, es esto:

    Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.



    http://elcomentario.tv/colaboradores/juanvega/juan-neira-comercio-alienta-rebeldia-leyes-estatales/08/05/2009/

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  2. Mangantes... Utilizando la Administración Pública para fines privados... Esta sociedad es una basura.

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