La Nueva España, 12 de Mayo del 2009 - Roberto Conty Gago (Oviedo)
Sorprende el amplio apoyo, casi unánime, del profesorado a la huelga convocada por los sindicatos de enseñanza el pasado 1 de abril. Las habituales diferencias en este colectivo, en parte derivadas de la pluralidad ideológica que debe exigirse en la escuela pública, parecen, al menos momentáneamente, superadas.
Éste es un mérito que, indudablemente, hay que atribuir a los responsables de las consejerías competentes en estos asuntos, que hasta el momento han sido incapaces de presentar al profesorado un modelo aceptable de relaciones laborales, coherente con su pretendido proyecto de modernización de la Administración pública. La repetidamente anunciada ley de la Función Pública asturiana duerme el sueño de los justos, ante la ausencia del mínimo consenso político necesario y, en el caso de los docentes, la carencia del marco estatal que se exige en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Todo ello no ha impedido que a lo largo de los dos últimos años, y sin esperar a los necesarios desarrollos legislativos, se hayan tomado iniciativas (cuya legalidad deberán decidir los tribunales de justicia) relacionadas con el futuro desarrollo de una desconocida "carrera profesional" que, sin tener ningún efecto conocido sobre la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, ya ha introducido diferencias salariales ligadas esencialmente a la aceptación individual de limitaciones en el ámbito de la negociación colectiva, e incluso una renuncia a la imprescindible seguridad jurídica.
Es en este contexto, de progresivo desarme en lo colectivo, en el que se ha producido la avalancha de exigencias de carácter burocrático al profesorado, por parte de una Administración en el que un grupo de tecnócratas acumula cada día más poder. El delirante y polémico plan de evaluación del profesorado, inevitablemente conectado con la "carrera profesional", ha supuesto la gota que colma el vaso. Nos encontramos ante un sistema de evaluación, obviamente improvisado, que obliga a maestros/as y profesores/as a nuevas e inútiles tareas de registro, ignora el trabajo en el aula, e introduce la subjetividad del superior jerárquico, amenazando la necesaria pluralidad de la escuela pública.
Sorprende el amplio apoyo, casi unánime, del profesorado a la huelga convocada por los sindicatos de enseñanza el pasado 1 de abril. Las habituales diferencias en este colectivo, en parte derivadas de la pluralidad ideológica que debe exigirse en la escuela pública, parecen, al menos momentáneamente, superadas.
Éste es un mérito que, indudablemente, hay que atribuir a los responsables de las consejerías competentes en estos asuntos, que hasta el momento han sido incapaces de presentar al profesorado un modelo aceptable de relaciones laborales, coherente con su pretendido proyecto de modernización de la Administración pública. La repetidamente anunciada ley de la Función Pública asturiana duerme el sueño de los justos, ante la ausencia del mínimo consenso político necesario y, en el caso de los docentes, la carencia del marco estatal que se exige en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Todo ello no ha impedido que a lo largo de los dos últimos años, y sin esperar a los necesarios desarrollos legislativos, se hayan tomado iniciativas (cuya legalidad deberán decidir los tribunales de justicia) relacionadas con el futuro desarrollo de una desconocida "carrera profesional" que, sin tener ningún efecto conocido sobre la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, ya ha introducido diferencias salariales ligadas esencialmente a la aceptación individual de limitaciones en el ámbito de la negociación colectiva, e incluso una renuncia a la imprescindible seguridad jurídica.
Es en este contexto, de progresivo desarme en lo colectivo, en el que se ha producido la avalancha de exigencias de carácter burocrático al profesorado, por parte de una Administración en el que un grupo de tecnócratas acumula cada día más poder. El delirante y polémico plan de evaluación del profesorado, inevitablemente conectado con la "carrera profesional", ha supuesto la gota que colma el vaso. Nos encontramos ante un sistema de evaluación, obviamente improvisado, que obliga a maestros/as y profesores/as a nuevas e inútiles tareas de registro, ignora el trabajo en el aula, e introduce la subjetividad del superior jerárquico, amenazando la necesaria pluralidad de la escuela pública.
Se trata literalmente de una estafa a la sociedad que, como bien nos recuerdan los responsables políticos, es quien finalmente paga, éste y otros excesos.
Texto completo en:
http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/1129/evaluacion-carrera-profesional.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario