Democracia real YA

La manifestación de indignados reúne a varios miles de personas en toda España

Bajo el lema "No somos mercancía de políticos ni de banqueros", miles de "desempleados, mal remunerados, subcontratados en precario, hipotecados" y, en general, jóvenes y mayores antisistema se echaron ayer a la calle para exigir "un cambio de rumbo y un futuro digno" y en protesta contra las "reformas antisociales" auspiciadas por Gobiernos "en manos de banqueros" que, dicen, imponen recortes de las condiciones laborales "en beneficio de los poderosos".

Las protestas se iniciaron simultáneamente en las distintas ciudades y fueron convocadas por la plataforma Democracia Real Ya a través de redes sociales de Internet. Fueron especialmente concurridas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante o Valencia. En la capital de España los convocantes lograron llenar la céntrica plaza de Cibeles con gritos de "esta crisis no la pagamos", "no más corrupción, pasamos a la acción", "manos arriba, esto es un atraco", "PSOE-PP la misma mierda es" o "futuro de mierda, trabajo precario". La plataforma elaboró un manifiesto en el que muestra la preocupación e indignación de los ciudadanos por las consecuencias de la crisis económica y la respuesta política a la misma. "Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros...", resumen los convocantes de las protestas.

En ciudades como Barcelona, Mérida o Palma de Mallorca, los manifestantes reclamaron que los poderes públicos respeten derechos básicos "como la vivienda, el trabajo, la cultura, la salud, la educación, la participación política, el libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz".

Los valencianos, al igual que los de otras ciudades, expresaron su hartazgo por las "reformas antisociales" y criticaron a "los bancos, que han provocado la crisis, suben las hipotecas y se quedan con las viviendas". En una comunidad tan marcada por la corrupción, Valencia, en la que la cúpula del PP que gobierna la Generalitat está imputada o vinculada a la trama corrupta Gürtel, los manifestantes pidieron cuentas al grito de: "Corruptos del mundo, venid; delitos veréis prescribir",

Barcelona también logró reunir a varios miles de personas, que llenaron la plaza de Cataluña: "¡No somos una mercancía!", se quejaban. Unos 1.500 jóvenes alicantinos pidieron, por su lado, "el banquillo" para "la banca", y clamaron contra los efectos de la crisis: "Esto no es una crisis, es una estafa". En las distintas protestas hubo llamamiento a los traseúntes para que se unieran a las protestas: "No nos mires, únete", se oía decir.

El movimiento pacifista convocante de las protestas nació a comienzos de abril en la universidad y consiguió despertar a muchos jóvenes con el lema "sin casa, sin curro, sin pensión y sin miedo". Los organizadores se mostraron satisfechos con el seguimiento de las protestas.

LA ESCANDALERA SINTIÓ LA INDIGNACIÓN

COFPA, candidato al Premio de Derechos Humanos "Amparo de Derechos y Libertades"

La Procuradora General del Principado de Asturias acaba de comunicar a esta asociación el acuerdo del Jurado de la Primera Edición del Premio de Derechos Humanos "Amparo de Derechos y Libertades" de admitir la candidatura de COFPA a dicho premio, propuesta por la asociación Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu, al cumplir con las bases reguladoras del mismo.

Se da la circunstancia de que, entre las razones y motivos principales por los que se postula la candidatura de COFPA, se encuentra la queja presentada frente a la Institución de la Procuradora General ante la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado de Asturias, por seleccionar a su personal al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En un ejercicio de funambulismo político digno de mejor causa, la Junta General acordó tomar nota de la denuncia y dar un plazo prudencial para el desarrollo de aquella Institución, cuando ya habían transcurrido la friolera de cuatro años desde su constitución.

Dentro de ese " plazo prudencial" la Procuradora General aprobó su primera relación de puestos de trabajo, que incluye quince puestos de confianza y designación digital de un total de dieciocho. Un buen ejemplo de defensa del derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de Asturies a acceder a los puestos públicos en condiciones de igualdad, que también denunciamos públicamente en su momento.

Confiamos en que el Jurado del Premio de Derechos Humanos "Amparo de Derechos y Libertades" tenga especialmente en cuenta, a la hora de valorar la candidatura del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, unos méritos tan cercanos y relacionados con la Institución convocante del Premio.

INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN SIN MANIPULACIÓN PARTIDISTA

30 MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASTURIANA

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

1. La Inspección General de Servicios y la Intervención General se organizarán como órganos independientes, dirigidos por funcionarios públicos designados por la Junta General del Principado por mayoría cualificada, ante la que rendirán cuentas. Cada uno de estos Órganos elaborará una memoria anual que deberá publicarse en el boletín oficial.

Con esta medida se persigue que estos dos órganos administrativos, de vital importancia para el control de legalidad e inspección de la actividad administrativa, se sitúen al margen de las directrices políticas del Gobierno, como sucede en la actualidad, asegurando las condiciones de independencia imprescindibles para actuar con imparcialidad y neutralidad política.

SUPRESIÓN DEL COMPLEMENTO SALARIAL DE ALTO CARGO

30 MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASTURIANA

EMPLEO PÚBLICO

16. Se suprimirá la consolidación del llamado complemento de alto cargo, dirigido a gratificar de forma permanente a los funcionarios que ocupen durante dos años puestos políticos.

Este complemento que, en la actualidad, se consolida tras el cese en el puesto de alto cargo político, constituye un privilegio salarial para aquellos empleados públicos que desempeñen funciones de naturaleza política, pues carece de cualquier justificación objetiva o razonable, más allá de premiar esa actuación partidista.

NO AL PRESTAMISMO LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN ASTURIANA

30 MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASTURIANA

EMPLEO PÚBLICO

15. Se prohibirá la utilización de fórmulas y convenios que encubran el “prestamismo” de trabajadores de empresas públicas a la Administración territorial.

Con esta medida se persigue erradicar prácticas ilícitas, pero relativamente frecuentes, de cesión de trabajadores vinculados a empresas públicas a la Administración territorial autonómica, para llevar a cabo trabajos que corresponden al personal de plantilla de aquélla, evitando de forma fraudulenta la ampliación de la oferta de empleo público a través de las preceptivas convocatorias públicas.

El escándalo de las mutuas patronales

VICENÇ NAVARRO

Público.es

La mayoría de la ciudadanía no conoce ni está informada sobre las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que tienen un enorme poder. Sus decisiones afectan al bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora en el país. Son mutuas establecidas para compensar a las familias de los trabajadores que mueren en accidentes laborales, o quedan incapacitados temporal o permanentemente como consecuencia de aquellos accidentes, o enferman como resultado de causas laborales. Se financian con aportaciones empresariales que, en realidad, son aportaciones basadas en las rentas del trabajo originadas en la empresa. Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes. En 2010, la diferencia entre los ingresos y los gastos fue la impresionante cifra de 5.000 millones de euros. Estos fondos son gestionados por representantes del mundo empresarial que son también los que, en la práctica, gestionan los criterios de compensación a los trabajadores y el criterio de definir si las causas de la muerte, de incapacidad y/o enfermedad son laborales o no. Es esta capacidad de definición la que les da un enorme poder, que hasta hace muy poco no se ha cuestionado. Estas mutuas señalan que no son ellas, sino el Estado, quien define tales criterios. Según ellos, lo que la mutua hace es meramente aplicar la normativa oficial. La realidad, sin embargo, es muy distinta.

Como resultado de este poder, España se encuentra en una situación única en los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo): la de no haber tenido ninguna muerte debido a una enfermedad por causa laboral en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 y en 2004. Y en 2005, por primera vez, tres personas –según las cifras oficiales aportadas por tales mutuas– murieron por enfermedades laborales. Este número no ha variado desde entonces. En el año 2009 continuaban siendo tres. Ningún otro país de la OCDE se encuentra ante esta situación de subregistro tan importante de mortalidad debido a enfermedades laborales. Es una situación que puede y debe definirse como escandalosa.

En realidad, es muy fácil calcular el número de muertes que España tiene como consecuencia de enfermedades adquiridas en el lugar de trabajo. Estos datos pueden obtenerse extrapolando la experiencia en otros países con poblaciones laborales parecidas que tengan condiciones de trabajo semejantes a las existentes en nuestro país. Según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España se mueren alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias causadas en el lugar de trabajo. Y ninguna (repito, ninguna) de ellas aparece en el registro oficial de muertes de causa laboral de tales mutuas, que son las que suministran este tipo de datos.

Esto quiere decir que las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español.

Un tanto semejante ocurre con las enfermedades laborales, que apenas se registran en tales mutuas. Sólo se registran 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de personas padecen enfermedades laborales (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras). De nuevo, el ahorro de las mutuas, basado en este subregistro, es enorme. Su tasa de beneficios depende de este subregistro y a ello dedican una gran cantidad de recursos: abogados, “expertos” laborales y otros que constantemente y diariamente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las enfermedades y de las muertes. Lamentablemente, no ha habido ningún canal de televisión público o privado que haya hecho un reportaje crítico de una de las prácticas más escandalosas existentes en nuestro país.

Esta situación no es sólo injusta para los muertos y sus familiares, así como para los pacientes de tales enfermedades, sino también para la ciudadanía en general, pues es esta la que paga los impuestos que financian –a través del sistema público sanitario– los cuidados médicos de tales enfermedades, cuando en realidad debieran ser pagados por tales mutuas. Una cifra que puede dar una idea de ello es que el 18% de los enfermos hospitalarios (estimación muy conservadora del Observatorio Social de España) tienen enfermedades laborales. El coste para el servicio público sanitario de atender a estos y otros enfermos por causas laborales representa un 14% de todo el gasto sanitario (cifra que, de nuevo, es muy conservadora, pues es más que probable que alcance el 20%). Si se corrigiese esta situación y las mutuas patronales pagaran esta cantidad al sistema público sanitario, el Estado y el Gobierno de la Generalitat se podrían haber ahorrado los recortes del 10%.

¿Ocurrirá? No es probable. ¿Por qué? Por la misma razón que el Estado no ingresa los 76.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal. La respuesta a ambas preguntas es la enorme influencia que los grandes poderes fácticos –entre los cuales destacan la banca, las compañías de seguros y las mutuas patronales, así como el mundo de las grandes empresas– tienen sobre el Estado (sea este central o autonómico). Así de claro.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y excatedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona

Ilustración de Mikel Jaso

Responsabilidad personal por la contratación irregular de empleados públicos

30 MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASTURIANA

EMPLEO PÚBLICO

14. Se exigirá obligatoriamente responsabilidad personal a los políticos y funcionarios que intervengan de forma dolosa o negligente en los procesos de contratación fraudulenta de personal, particularmente en los casos de encadenamiento sucesivo de contratos temporales o de cesión irregular de trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir.

Se trata de eliminar las situaciones de impunidad que acompañan normalmente a este tipo de comportamientos irregulares.