El
Gobierno del Estado acaba de dar a conocer la aprobación de un plan de teletrabajo en la Administración estatal, o de trabajo no presencial, de aplicación a partir del
día 21 de junio, con dos medidas fundamentales:
-
para los colectivos vulnerables, los
empleados que tengan a su cargo menores de hasta 14 años y aquellos
trabajadores que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o
con discapacidad, afectados por el cierre de centros de servicios
sociales de carácter residencial y centros de día,
se establece que hasta
un 20% de la jornada semanal será presencial
-para
el resto de trabajadores, se
acuerda que un mínimo de un 20% de la jornada semanal será presencial.
Por su parte, el
presidente del Gobierno del Principado anunciaba ayer en la Junta
General una medida de teletrabajo mucho más restrictiva, pues solo
beneficiaría a los y las empleadas que tengan a su cargo menores de
hasta 14 años.
No
hay ninguna razón objetiva, ni legal, para esta restricción
claramente discriminatoria para los trabajadores y trabajadoras de la
Administración asturiana.
Como
ya advertimos desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone
en su artículo 7.1 e) que en los centros de trabajo se potenciará
el uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad
laboral sea posible.
En
castellano, potenciar significa desarrollar,
aumentar, favorecer, impulsar, fortalecer , y
lo que pretende el Gobierno del Sr. Barbón, sino rectifica a
tiempo, es recortar y suprimir el teletrabajo en muchos
puestos
que actualmente ya lo desarrollan
porque las funciones que en los mismos se desempañan lo hacen
posible.
La
potenciación del teletrabajo establecida en el Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, no es un capricho del Gobierno central: es
una de las las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con
vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad.
Tal
parece que en el Gobierno del Principado o en alguno de sus asesores
o altos cargos más influyentes, existiera un recelo, prejuicio o
desconfianza totalmente injustificables a que las trabajadoras y
trabajadores pueden desarrollar, siempre de forma voluntaria, parte
de su actividad laboral desde sus domicilios.
La
implantación del teletrabajo en la Administración del Principado a
partir del 21 de junio, es posible y debe hacerse en las mismas o
similares condiciones que en la Administración del Estado. No hay
argumentos válidos para la discriminación.
Llamamos a las organizaciones sindicales a defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Principado en la negociación que obligatoriamente debe hacerse ya para la implantación de las medidas de teletrabajo y, de persistir la cerrazón por parte del Gobierno del Sr. Barbón , a acudir con urgencia a la vía judicial en defensa de esos derechos, de la salud laboral y de la salud pública de la sociedad asturiana.
VER ACUERDO DEL ESTADO AQUÍ
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