El BOPA del día de ayer, 13 de septiembre,
publicaba los anuncios de la interposición de 23 recursos de reposición contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado el 18 de julio de 2018, por el que se aprueban las directrices para la ordenación,
clasificación y modificación de los elementos y requisitos de los puestos de
trabajo en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de
la Administración del Principado
A estos recursos en vía
administrativa debe sumarse el que ya han interpuesto varios miembros del
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ante el Tribunal Superior de
Justicia.
Estas Directrices, tramitadas sin información pública alguna y de espaldas a los empleados públicos del Principado, contaron paradójicamente con el apoyo unánime de los representantes de los sindicatos presentes en la mesa sectorial de negociación de Administración (UGT, CC.OO, USIPA, CSIF y CSI). Ahora, un amplio grupo de trabajadores públicos les "agradece" la jugada con una lluvia de recursos.
El Gobierno asturiano ha vuelto a meterse en un avispero con sus sucesivas maniobras para complicar y dilatar todo lo posible la obligación de convocar concursos de méritos para cubrir los cientos de puestos ocupados ahora por libre designación o en comisiones de servicios.
Recordamos que tras el requerimiento
del Defensor del Pueblo, fue el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo
nº 1 de Oviedo el que, en
sentencia dictada el pasado 2 de marzo, condenaba a la Administración del
Principado de Asturias a la convocatoria pública por concurso de méritos de, al
menos, 79 puestos de jefatura que llevan ocupados de forma provisional más de
dos años, otorgándole para ello un plazo
máximo de 3 meses.
Ya sabíamos lo que el Gobierno
del Sr. Fernández había hecho con la sentencia: recurrirla
para ganar tiempo y seguir manteniendo las irregularidades hasta el fin de
legislatura.
Ahora, con esta última Instrucción
introduce un nuevo tipo de puesto de trabajo, el Adjunto a Jefe de Servicio, y
modifica saltándose el procedimiento legalmente establecido, sin información pública
y sin solicitar los informes preceptivos, el vigente Decreto 40/1991, de 4 de abril, de Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario.
Tal parece que la Dirección
General de Función Pública y los máximos responsables políticos del Gobierno
hubieran diseñado una operación a medida para ir colocando obstáculos, en forma
de nuevos y sucesivos instrumentos burocráticos a cada cual más absurdo, para
escabullirse del deber de convocar el concurso de méritos y trasladar la solución
del conflicto generado por esta gravísima situación de ilegalidad a la próxima
legislatura.
Veremos en los próximos meses si
consigue su propósito
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