El Principado reconoce que creó más de 100 puestos de coordinadores y asesores sin amparo legal

La Dirección General de Función Pública del Gobierno del Principado acaba de entregar a los sindicatos un documento de “Directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo”, al que ha tenido acceso el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en el que reconoce que se crearon decenas de puestos ajenos a la estructura orgánica (especialmente, coordinadores, asesores y responsables), para sustituir a las jefaturas de sección, a pesar de que no podían ejercer legalmente funciones de propuesta en la gestión, ni la responsabilidad de coordinar y dirigir unidades orgánicas a su cargo. 

Textualmente se habla de "la existencia de disfunciones en la gestión de personal, motivada por la prevalencia y configuración de puestos ajenos a las unidades de estructura orgánica (especialmente coordinadores, responsables, asesores, etc., configurados con nivel 26)"(ver página 2 del documento) Un eufemismo para decir que todos esos puestos se crearon sin amparo legal.

La confesión del Gobierno del Principado es especialmente grave y confirma en todos sus extremos las denuncias que esta asociación viene haciendo en los últimos años sobre la hipertrofia de una nuevo tipo de puestos singularizados sin encaje legal alguno en la Ley 8/91 de organización de la Administración del Principado de Asturias, denominados "coordinadores" y "asesores" (ver aquí comunicado de 15 de enero de 2016)

La gravedad del asunto resulta evidente: mientras que las jefaturas de sección son puestos cubiertos por concurso de méritos, clasificados con el nivel 25 como máximo, los más de 100 nuevos puestos de coordinadores y asesores que se crearon `para suplantar, desplazar y ningunear a los jefes/as de sección, se cubrieron por libre designación – a dedo - y se clasificaron con el nivel 26 – incluso, con el 28 -, es decir, se les asignó una retribución salarial más alta.

Como no había necesidades objetivas en la prestación de los servicios públicos que justificasen esta hipertrofia  en el entramado de puestos, ni encaje legal alguno para ello, el objetivo era claramente otro: minar las condiciones de imparcialidad de los altos funcionarios de la Administración del Principado mediante una política de intercambio de beneficios salariales por fidelidad personal. 

Según los cálculos realizados por esta asociación, en el año 2004 había un total de 241 puestos clasificados dentro en el intervalo de niveles del 26 al 30, cifra que aumentó a 395 en el año 2014. Llama la atención el incremento de 110 puestos de nivel 26, debida a la creación de ese nuevo tipo de puestos singularizados al margen de la Ley, como ahora confiesa la Dirección General de Función Pública, denominados "coordinadores" y "asesores", con una retribución bruta anual superior a los 45.000 euros.

Consejerías	Jefaturas y puestos de  nivel 30	Jefaturas y puestos de nivel 28	Jefaturas y puestos de nivel 27	Jefaturas y puestos de nivel 26	Total
2004	7	122	18	94	241
2014	7	159	24	204	394
Aumento	0	37	6	110	153

¿Quién responde de esta gestión del empleo público manifiestamente clientelar que ahora se pretende blanquear con una reforma de la relación de puestos de trabajo?

Porque eso y no otra cosa es lo que ahora parece pretender el Gobierno del Principado: blanquear una buena parte de los puestos creados al margen de la legalidad, cambiándoles el nombre por el de jefatura de sección y, de paso, posibilitar la permanencia de los funcionarios y funcionarias que ahora los ocupan de forma provisional mediante concursos diseñados a  medida.