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jueves, 27 de marzo de 2014

El Fiscal del Tribunal de Cuentas considera delictiva la contratación de personal por las empresas públicas sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad





Así  se recoge en una noticia publicada en el día hoy en el diario El País (ver aquí), en la que señala que el fiscal del Tribunal de Cuentas ha descubierto presuntas “infracciones penales” y “responsabilidad contable” en expedientes de gasto de los Gobiernos de Cantabria y Extremadura relativos a los ejercicios 2010 y 2011. 

Entre las infracciones penales que se relacionan, una de ellas la pudo cometer la Sociedad Pública de Extremadura (Grupo GPEX), por “selección de personal y concesión de ayudas a fundaciones sin acreditar los principios de concurrencia, publicidad y objetividad”.  Y otras por parte de varias empresas públicas dependientes del Gobierno de Cantabria: contratación de personal sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en la empresa pública para el bienestar de los ciudadanos y dependiente del Gobierno cántabro Emprendinser, lo mismo que en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S. L. y en la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria”.

La noticia tiene un lado positivo y esperanzador, pues podría constituir un primer paso para poner coto, en serio (por la vía penal), a los sangrantes fraudes en el acceso al empleo público por la puerta de atrás y sus consecuencias: clientelismo político, sindical, agravios comparativos para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, deterioro de la calidad de los servicios públicos, tráfico de influencias etc.

Pero de otra parte, también provoca cierta perplejidad y no poco asombro, por cuanto que esa práctica de acceso a las empresas públicas sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, se encuentra extendida a la práctica totalidad del sector público empresarial y fundacional del conjunto de las Administraciones Públicas del Estado.

¿ Va limitarse la Fiscalía a perseguir, en exclusiva, las infracciones penales cometidas por las empresas públicas de Cantabria y Extremadura, dejando impunes la comisión de idénticos delitos en el resto de Comunidades Autónomas y demás administraciones del Estado español?

Por centrarnos en Asturias, ¿cuántos "chiringuitos" convocan pruebas de acceso para trabajar en los mismos mediante convocatoria pública y procedimientos respetuosos con los principios de igualdad, mérito y capacidad?

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