Una nueva sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 21 de mayo y notificada en el día de hoy, confirma la anulación del sistema de libre designación de funcionarios en más de 250 puestos de trabajo del Principado de Asturias
El Tribunal Supremo asume íntegramente los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la sentencia dictada el 29 de abril de 2010 (sentencia nº 511/10), que estimaba el recurso de varios miembros del Conceyu por Otra Función Pública N´Asturies con el fin de dejar sin efecto el sistema de libre designación utilizado por la Administración del Principado de Asturias para la provisión de más de 250 puestos de trabajo de Jefes de Servicio, Coordinadores, Asesores, Analistas, Interventores y similares.
La sentencia que hoy se conoce supone un salto cualitativo de especial importancia para la supresión de la práctica ilegal de generalizar el sistema excepcional de nombramiento a dedo en determinadas categorías de puestos.
De una lado, porque desactiva definitivamente el intento del Principado de Asturias de justificar, mediante una memoria de funciones específica para cada uno de los puestos afectados, la concurrencia de supuestos cometidos de especial responsabilidad y confianza ( que pretendieron acreditarse mediante cláusulas estereotipadas sin ningún valor, como señala el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho tercero de su sentencia)
Y de otro, porque desmonta la pretensión del Principado de Asturias de que la nueva regulación sobre la libre designación, contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), avalaría el uso generalizado de este sistema, extremo que también rechaza el Tribunal Supremo recordando que dicho Estatuto no ha cambiado el carácter excepcional de la libre designación y la necesidad de acreditar adecuadamente su uso puesto por puesto.
La resolución judicial que hoy se conoce vuelve a colocar al actual Gobierno del Sr. Fernández y a UPyD ante la prueba de fuego de cumplir inmediatamente con uno de los compromisos adquiridos en el pacto de legislatura suscrito por ambos partidos, en el que se recoge como medida de regeneración administrativa la de reducir los puestos de libre designación al mínimo imprescindible.
Asimismo, deja en una situación embarazosa al nuevo Director General de la Función Pública, que en una reciente reunión con los miembros de la Junta de Personal no tuvo reparo en anunciar su intención de mantener la libre designación en todos los puestos de jefatura de servicio. ¿Tendrán más peso las intenciones del nuevo Director General que el pacto de legislatura y las resoluciones judiciales firmes?
Pronto saldremos de dudas.
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