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sábado, 19 de mayo de 2012

Compromisos del pacto PSOE - UPyD para la regeneración política y administrativa





Estas son las medidas y las acciones de regeneración política y administrativa a las que se comprometen el PSOE y UPyD en su Acuerdo de Legislatura:

"3.- CALIDAD Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.-

3.1.La evidente necesidad de combatir la preocupación expresada por los españoles hacia la política y los políticos, combatir el descrédito que sufre la vida pública y reafirmar el compromiso ético y la responsabilidad política como exigencias inexcusables de todo cargo público, obligan a adoptar decisiones tendentes a reforzar desde las instituciones autonómicas la calidad de la democracia: su legitimidad y eficacia.

Potenciar la transparencia de la acción pública, favorecer la implicación y participación ciudadana e impulsar una administración eficaz e innovadora son desafíos para la presente legislatura. De forma que la Administración Autonómica se convierta en un potente instrumento para la dinamización de la economía y persiga la gestión más eficiente de los servicios públicos; dando respuesta a las necesidades de la sociedad actual, de los ciudadanos y las empresas


3.2  El papel de la Función Pública: modernización e innovación. La función pública ha de convertirse en la garantía por excelencia de la defensa del interés general. Su adecuada selección, su independencia, capacitación, reconocimiento y profesionalidad deben de ser sus elementos característicos.

1.- Ley de Función Pública, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En la que se recoja:

- La reducción al mínimo imprescindible del personal de libre designación.

- Implantación de la elección de gestores y personal directivo mediante criterios profesionales y competitivos que garanticen la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y cuya labor sea medible y evaluable según criterios objetivos.
 
 
- La transparencia en el nombramiento, cese y retribuciones del personal de confianza de los cargos políticos



- Implantación de criterios de selección y promoción profesional objetivos, que no incluyan pruebas subjetivas al margen de criterios profesionales destinadas a favorecer de forma decisiva a determinados candidatos.



2.- Plan de Modernización de la Administración Autonómica, que incluya al menos los aspectos de mayor necesidad de mejora, como:

- Adecuación de los perfiles y categorías profesionales a las necesidades reales de la acción pública y de los requerimientos de la sociedad actual.

- Diseño de las estructuras, en el nivel de mandos intermedios y directivos con capacidad de análisis, gestión y evaluación estratégica de la acción pública.

- Profesionalización de la gestión, especialmente en los sistemas de servicios públicos.

- Papel de la Administraciones Públicas en la dinamización de la economía.

- Evitar duplicidades inter e intranivel.

3.- Reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas en un 30%, facilitando la relación con la administración haciéndola más cómoda y segura.

4.- Ley Autonómica de Acceso a la Administración Electrónica, potenciando  decididamente el desarrollo de la Administración electrónica.

5.- Limitación del número de personal eventual perteneciente a gabinete.




3.3.-Fomento de la transparencia y el acceso a la información pública. Prevención de la corrupción.
Las instituciones deben poner a los ciudadanos en el centro de su actividad para mejorar su calidad democrática. El acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. El Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, establece que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad. En ese marco apoyaremos:




1. La aprobación de una Ley Autonómica de Transparencia y Acceso a la  Información Pública que establezca como principio general el que toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades, es pública, pudiendo únicamente limitarse el acceso a los mismos para proteger otros derechos e intereses legítimos legalmente tasados que puedan claramente prevalecer sobre el derecho fundamental a la información.

2. Creación de la Oficina de Conflicto de Intereses y Registro Público de Intereses.Publicación de bienes e intereses de Diputados y miembros del Gobierno, y su entorno.

3. Sistema de Integridad Pública, que alcance al conjunto de agentes que operan en la vida pública asturiana.

4. Reforzamiento de los instrumentos de control de las Administraciones Públicas, tanto interno (Intervención General, Inspección de Servicios) como externo (Sindicatura de Cuentas, Tribunal de Cuentas) reforzando su independencia.

5. Un efecto capital de las medidas de transparencia en la gestión pública es el de reducir ámbitos de opacidad y detectar prácticas que pudieran derivar en corrupción. Desde hace más de un año hay pendiente en Asturias la necesaria clarificación de todo lo relacionado con el conocido por el "Caso Marea” que ha puesto en cuestión los procesos de contratación seguidos por las Administraciones de la Comunidad Autónoma. En la labor de control político que corresponde a la Junta General del Principado de Asturias procede analizarlo dando satisfacción al derecho ciudadano de acceso a la información.
Por eso ambas fuerzas políticas se comprometen a apoyar la creación de una Comisión de Investigación en el seno de la Junta General del Principado en relación con el “Caso Marea”, que evalúe cómo han venido desarrollándose los procesos de contratación en el ámbito de las Administraciones Públicas del Principado de Asturias, determine la posible existencia de responsabilidades y proponga, en su caso, las modificaciones legislativas correspondientes para garantizar, en el ámbito de la contratación de las Administraciones Públicas, la libre concurrencia, la eficiencia, el control, la procedencia y la transparencia en todos los procesos.

Con el fin de incorporar en la Administración asturiana mecanismos de prevención de la corrupción e impulso de la eficacia de la acción pública, nos comprometemos en la elaboración de una Ley del Buen Gobierno y la Buena Administración. Además, promoveremos la introducción de Códigos de Buen Gobierno en todos los órganos estatutarios del Principado de Asturias.



3.4.- Sistema electoral autonómico.

Partiendo de la idea de que el sistema electoral es un elemento estructural del sistema político de la Comunidad Autónoma, hecho que refleja el que el Estatuto de Autonomía remita su concreción a una ley específica de desarrollo estatutario, parece obvio que tanto su aprobación como su reforma debe ser objeto de un amplio debate previo, y su configuración final, objeto de consenso entre las fuerzas políticas o, al menos, de un acuerdo de amplia mayoría. Por ello, la solución aconsejable sería institucionalizar el debate en el marco de una Comisión no permanente en el seno de la Junta General. La Comisión se podría constituir con carácter inmediato, posibilitando que la posición de lo grupos se produzca en sede parlamentaria y, a la vez, permita la participación de otros sectores afectados y facilite contar con la opinión de expertos en la materia. La duración de esta comisión debe acotarse a la presente legislatura, para permitir un debate sosegado y con la profundidad que precisa la relevancia del asunto.




Fortalecer la calidad del sistema democrático puede requerir ajustes en los sistemas de representación ahora vigente. Sin renunciar al principio de reequilibrio territorial, se trataría de avanzar en una mayor proporcionalidad que haga de la Junta General del Principado una institución más representativa, aún si cabe, de la pluralidad de la sociedad asturiana sin perder por ello la necesaria estabilidad institucional que permita el buen gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, ambas fuerzas políticas conscientes de la necesidad de seguir en el camino emprendido de mejora de la calidad democrática del Gobierno Autonómico, promoveremos el estudio, debate y reforma si goza del respaldo de la Junta General del Principado de Asturias, de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, que entre otras cuestiones contemple: las modificaciones que propicien la corrección de desequilibrios en el valor del voto de cada asturiano, independientemente del lugar en que resida, adoptando las medidas legales necesarias para ello; el mantenimiento de la barrera electoral en el 3 %; el perfeccionamiento de la fórmula electoral que garantice una mayor proporcionalidad y el desbloqueo de las listas electorales.

Para alcanzar este objetivo promoveremos la inmediata constitución de una Comisión  Especial para la evaluación del sistema electoral asturiano y el diseño de medidas que puedan desembocar en una reforma del mismo si goza de un amplio consenso político que, en el seno de la Junta General, se concretaría en una mayoría reforzada"

Estaremos atentos para constatar su grado de cumplimiento.

1 comentario:

  1. En el párrafo 2.4, como una de las medidas a imulsar relativas al "modelo territorial", se acuerda la "adaptación de la Ley de Ordenación y Coordinación Territorial, con inclusión de Directrices para la Ordenación y criterios específicos de definición funcional..." Pues bien, esa Ley fue derogada hace ya ocho años, en concreto por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
    Como todo lo demás sea así...

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