Alejandro Nieto
Catedrático de Derecho Administrativo
La democracia, al ofrecer todos los cargos públicos a los ciudadanos, ha tenido que asumir el compromiso de retribuirles dignamente, puesto que, de no ser así, la gestión pública quedaría reservada de facto a los potentados o, al menos, a quienes no tuviesen necesidad de trabajar para poder vivir. La retribución “digna” está asegurada, desde luego, pero es el caso que por las manos de buena parte de los administradores públicos circulan fortunas inmensas o servicios que como tal valen y, a diferencia de lo que sucede con los cajeros de un banco, no tienen que cuadrar sus cuentas. Así viene la tentación propiciada por sobornadores astutos y favorecida por la impunidad.
Una situación singularmente vulnerable cuando se trata de individuos que han hecho de la política su profesión vitalicia, que se desdobla en dos planos que no progresan sincronizados, ya que los ingresos de la cúspide pueden ser modestos (y legalmente lo son), mientras que hay puestos inferiores que permiten un enriquecimiento personal sin tasa, que ya nada tiene que ver con la retribución digna o congrua a todos debida.
Por otra parte, la carrera pública depende del partido, hasta tal punto que las relaciones entre él y los militantes son feudo-vasalláticas: el político tiene a su señor y éste le recompensa con un beneficio (el cargo público). Hasta aquí nada hay reprochable. Lo malo es cuando el señor hace una expedición con fines económicos y reparte el botín con quienes le han ayudado, exactamente igual que los nobles feudales saqueaban tierras de moros y tenían que entregar al rey una parte de la rapiña. El vasallo generoso entregaba quizá todo lo obtenido; la costumbre, no obstante, era el reparto.
En la actualidad, los militantes hacen excursiones en las economías privadas (que son precisamente los “moros enemigos”) usando los poderes del cargo que les ha facilitado el partido, y, aun repartiendo al final, todos salen ganando. Son las reglas del poder y de la fuerza. Así se obraba en la Edad Media y en términos muy similares en la Edad Moderna en las capitulaciones de conquista y en las patentes de corso.
En el siglo XIX se mantiene y generaliza este estado de cosas con el caciquismo. Y ahora, detrás del oropel constitucional, siguen medrando los mismos perros aunque sea con el collar democrático; pero –no lo olvidemos– si el hábito no hace al monje, el collar no amansa la voracidad del perro.
Tal como están las cosas ya no vale la pena discutir sobre las polvorientas cuestiones de si el Estado es un órgano del pueblo o de si es éste el que se autogobierna a través de sus representantes democráticamente elegidos. Dejemos estos temas a los ideólogos de verbena y a los profesores momificados. Porque hemos llegado a un punto en el que ya no interesa saber quién es el Estado ni a quién pertenece. Lo único que importa es quién está utilizando los poderes estatales en beneficio particular; y en este momento el que se decida a levantar el velo de las fraseologías y a prescindir del peso de las inercias se encuentra con una casta política que reparte con una casta burocrática y sindical el botín de las expoliaciones y de los negocios que realiza con una casta de empresarios privados.
Grupos que en realidad son uno solo, aunque sus individuos jueguen coyunturalmente papeles distintos.
La corrupción es fruta del árbol de la injusticia. Cuando el ciudadano se percata de que las decisiones públicas no se adoptan con criterios de racionalidad ni de legalidad sino por pura arbitrariedad, no tiene otra opción que la de jugar con las únicas cartas disponibles, es decir, la de la corrupción. Podemos reconocer, entonces, que las cosas funcionan realmente así: pero no es lícito llamar Estado democrático a un garito de fulleros"
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