La reciente sentencia de la Sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2010 (fuente: sindicato USIPA), confirma la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por el que se convirtieron en puestos laborales una serie de plazas de jefatura de servicio, de área y de coordinador, que debían de estar reservadas a personal funcionario. En concreto:
- Jefe de Servicio de Archivos y Documentación
- Jefe del Área de Sistemas de la Consejería de Salud
- Jefe del Área de Formación para el Personal Sanitario
- Jefe del Área de Metodología e Innovación Tecnológica del Instituto Adolfo Posada
- Jefe del Área de Planificación y Programación de la Consejería de Bienestar Social
- Jefe del Área de Recurso y Servicios de la misma consejería
- Coordinador Técnico de Planificación General de la Consejería de Bienestar Social
- Jefe del Área de Relaciones Exteriores de la Consejería de Justicia
En todos estos puestos la Administración del Principado de Asturias llevó a cabo una operación manifiestamente fraudulenta, como ahora confirma el Tribunal Supremo, al sustraerlos al régimen general de adscripción a funcionarios públicos, sin justificar que se daban las razones excepcionales que prevé la ley para reservarlos a personal laboral, fundamentalmente la de la inexistencia de cuerpos o escalas funcionariales cuyos integrantes posean los conocimientos y preparación requeridos.
No debe ocultarse que este tipo de operaciones responden, en la mayoría de los casos, a una indisimulada maniobra de atribución de jefaturas a personal previamente escogido.
Se trata de un nuevo varapalo judicial a una gestión de personal plagada de decisiones ilegales, sobre la que se cierne la siguiente duda: ¿ podrá aún el Gobierno asturiano impulsar la legalización de este último desmán, por la vía de urgencia, para escapar una vez más de la acción de la Justicia?
Se admiten apuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario