Iniciado el procedimiento judicial de suspensión cautelar del concurso de méritos

Mediante Diligencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo, fechada el 18 de junio (ver aquí), se ordena la apertura de pieza separada para resolver la medida cautelar de suspensión del concurso de méritos de jefaturas de sección y puestos asimilados, convocado por resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 27 de mayo.

La medida de suspensión cautelar, instada por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, va dirigida a evitar que vuelva a consumarse un nuevo proceso manifiestamente ilegal, que desemboque en la necesidad de revocar todos los nombramientos, como ha sucedido lamentablemente con el concurso de méritos anterior.

Confiamos que la Justicia actúe con la contundencia necesaria, teniendo especialmente en cuenta los antecedentes de las anteriores convocatorias anuladas y la concurrencia de varios vicios de nulidad de pleno derecho, que detallamos en nuestra anterior entrada "Pedimos al Juzgado la suspensión cautelar del concurso de méritos"

Pensiones, envejecimiento y distribución de la renta

Albert Recio Andreu

Revista Mientras Tanto

Era cosa cantada que el nuevo ajuste se iba a centrar en las pensiones públicas. Se trata de un tema, como el laboral, recurrente desde hace muchos años y que ya se ha tocado sucesivas veces. La última con Zapatero. Rajoy está condenado a repetir la misma política pero sin tantos remilgos, a pesar de haber nombrado un comité de expertos para dar un barniz tecnocrático a la reforma. Unos tecnócratas que año tras año repiten un mismo esquema simplista que en gran medida contiene las respuestas en el enunciado.

La justificación de las propuestas de recorte de las pensiones (otra cosa no es, aunque se vista de alargar la vida laboral, o de “aplicar un coeficiente corrector”) se fundamenta en un esquema simple: el alargamiento de la vida de la gente prolonga el periodo de jubilación, aumentando considerablemente el gasto en pensiones. Como además se ha reducido la fertilidad, el volumen de personas en edad de trabajar se reduce y no se reemplaza en volumen suficiente a las personas que abandonan el mercado laboral. De lo que se colige una desproporción de la ratio jubilados/activos. Ello abriría dos escenarios: o mantener las pensiones actuales, con la consiguiente sobrecarga para la población activa (que habría de aumentar considerablemente su contribución a la seguridad social), o reducir la pensión individual para reducir la carga a pagar. La prolongación de la vida laboral sería una modalidad intermedia entre las dos, pues por una parte si trabajamos más tiempo cobraremos menos años la pensión y por otra estaremos contribuyendo más a sufragarla. Con cuatro miradas a las pirámides de edad y unas pocas proyecciones económicas, el argumento parace convincente.

La defensa del actual sistema de pensiones se ha basado en cuestionar alguna de estas hipótesis: los mismos economistas que ahora defienden los recortes vieron desmentidas sus anteriores previsiones sobre proyecciones demográficas, en torno a las cuales argumentan sobre el problema del empleo. Por ejemplo, si ahora la Seguridad Social está en déficit no es debido a un problema demográfico, sino a otro de raíz económica: hay más de 6 millones de personas dispuestas a trabajar (y a aportar contribuciones) a las que hoy la lógica del sistema económico les niega esta posibilidad. Se trata de críticas ciertas: si fracasaron las viejas previsiones que aseguraban que el sistema de seguridad social ya tendría que haber colapsado es porque no se han cumplido sus hipótesis: en cuanto la actividad económica se disparó, no dejó de llegar gente al mercado laboral español, tanto del interior (aumento la participación laboral de las mujeres, especialmente) como del exterior. Si se trata de ir reemplazando la gente que sale del mercado laboral, bastaría una buena política inmigratoria para llenar los huecos de los que se van jubilando. El problema no es la demografía, sino el funcionamiento de la economía y  las políticas migratorias. A ello añanden los heterodoxos que al pensar en las contribuciones necesarias para financiar las pensiones hay que tener en cuenta no solo el volumen de personas que trabajan sino también su productividad: si ésta crece, el mismo número de gente está en condiciones de financiar con su producción un volumen mayor de dinero. Por tanto, la defensa tradicional del sistema actual se basa en considerar que la viabilidad de las pensiones se puede sustentar promoviendo una política económica de pleno empleo, permitiendo un flujo migratorio adecuado y aumentando la productividad.

Comparto bastantes de estos argumentos. Pero me temo que no abordan el meollo de la cuestión y que van a ser desoídos con relativa facilidad. No estoy seguro de cuál va a ser el comportamiento de la productividad en una economía que ha esquilmado reservas naturales como la de petróleo. Ni tengo mucha confianza en que sin cambios radicales podamos esperar que en el corto o medio plazo podamos pensar en el relanzamiento de políticas económicas de pleno empleo. Y por esto me parece necesario que, sin despreciar los contraargumentos posibilistas, desarrollemos un debate más general en el que repensar la cuestión de las pensiones en particular y del envejecimiento en general.

La cuestión fundamental es que una sociedad debe mantener al conjunto de su población en un grado aceptable de bienestar. Y debe ser capaz de conseguir tanto los recursos adecuados para garantizarlo como un sistema distributivo que permita a todo el mundo acceder a él. Qué constituye un nivel de bienestar aceptable es sin duda una cuestión discutible, que sin embargo exige una acción social permanente. Una parte de la victoria del neoliberalismo se ha basado en la capacidad del capital de modelar el concepto de bienestar, confundiendo necesidades básicas, caprichos y males sociales en un mismo paquete (y a la vez metiendo en la categoría de “trabajo” actividades que aportan bienestar social, otras que son simple reflejo de un modelo de dominación e incluso algunas que deberían entrar en la categoría de ocio). Hay que plantear el debate de las pensiones dentro de otro más general sobre la distribución de la renta. Si la sociedad va a ser más rica en el futuro, como prometen los economistas ortodoxos, no tiene sentido que sea una parte de la población, la de edad más avanzada, la que tenga que empobrecerse de forma absoluta o relativa. Si la sociedad va a ser más pobre, como sospechan sobre todo los economistas ecológicos, tampoco tiene sentido que sea la gente mayor la que deba pagar el pato. En este caso habría que plantear un modelo distributivo y de organización social viable para todo el mundo.

Hay otra cuestión asociada tan vital como la del reparto. La del trabajo. En el debate del envejecimiento tiene dos dimensiones. En primer lugar está el hecho que en un mundo con empleos diferentes el impacto laboral sobre la vitalidad, la salud y la posibilidad de trabajar es muy desigual. No todo el mundo llega en iguales condiciones a la misma edad y por tanto no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollar, con los parámetros actuales, una actividad laboral “normal” a la misma edad. Alargar la edad de jubilación castiga especialmente a las personas con empleos “manuales” (aunque casi todos lo sean, no son reconocidos homólogamente). Lo de trabajar hasta los setenta años lo puede sustentar un profesor universitario o un directivo, pero no un trabajador de la construcción o una enfermera. La propia continuidad de la vida laboral está sujeta al espacio laboral de cada cual. El sistema castiga duramente a las personas con trayectorias laborales intermintentes, a los empleos más precarios, a los que suelen ser pobres toda su vida laboral. Y, por otra parte, el envejecimiento obliga a plantear otra cuestión fundamental, al exigir una mayor carga laboral de cuidados. La forma como se resuelva esto — con trabajo familiar, con servicios públicos, con trabajo informal...— afectará directamente a las desigualdes sociales —de renta y de trabajo— y de nuevo a la cuestión de la distribución de la renta.

Romper la presión sobre las pensiones públicas exige, a mi entender, abrir el espacio de debate más allá del que nos proponen. Obliga a plantear socialmente la cuestión de qué es una distribución social justa, cómo hay que contribuir a la misma, qué carga laboral debemos soportar. El neoliberalismo —y los grupos de capital que representa— ha tenido éxito porque ha sabido acotar los marcos de debate que le son favorables. Sólo cambiando de marco referencial forzaremos una perspectiva diferente.

ARTÍCULO COMPLETO

Pedimos al Juzgado la suspensión cautelar del concurso de méritos

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies presentó ayer en el Decanato de los Juzgados de Oviedo recurso contencioso - administrativo (ver aquí) frente a la resolución de convocatoria del concurso de méritos para cubrir 476 puestos de jefe de sección y asimilados (resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 27 de mayo de 2013), por incurrir en varias causas flagrantes de nulidad de pleno derecho. En el recurso instamos al Juzgado la suspensión cautelar de la convocatoria, con el fin de evitar que vuelva a repetirse la grave situación originada con la anulación judicial de la convocatoria anterior, que obligó a revocar todos los nombramientos realizados.

Las bases del concurso de méritos que ahora convoca el Gobierno del Principado, acuciado por un requerimiento judicial de ejecución de sentencia,   presentan patentes irregularidades que atentan contra los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad, a saber:

- No existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente, que incluya a la totalidad de los puestos de trabajo convocados, con su configuración actual

- La convocatoria se extralimita en su contenido al determinar las funciones básicas de los puestos al margen de la RPT, que es el instrumento legal en el deben definirse dichas funciones

- Se limita arbitrariamente y sin razones objetivas para ello, el número de puestos al que pueden optar los aspirantes, que se reduce a 50, cuando los puestos convocados son 476. La Administración asturiana traslada, de esta forma, a los funcionarios las consecuencias de su evidente negligencia, al haber dejado pudrir durante muchos años el sistema de concurso por no realizar convocatorias dentro de los plazos legalmente establecidos

- Se exige la presentación de una memoria y la realización de una entrevista para todos los puestos convocados, convirtiendo de este modo el concurso de méritos, de manera fraudulenta, en lo que se denomina un "concurso específico" que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe ser excepcional y motivado caso por caso.

- Las bases discriminan a los funcionarios que desempeñaron puestos como interinos, al no valorar esta experiencia, contraviniendo con ello la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Se valora como mérito la actividad como docente en cursos de formación, circunstancia que no está prevista en la ley y que sólo beneficia a un grupo de privilegiados que tienen acceso a esa actividad a través del Instituto Adolfo Posada

- Se excluyen de la convocatoria, sin causa justificada alguna, puestos que se encuentran vacantes y que se sustraen de la libre concurrencia mediante convocatoria pública 

Este cúmulo de ilegalidades exigen una respuesta rápida y contundente por parte de la Justicia, que confiamos llegue acordando la suspensión cautelar de la convocatoria. De producirse esta suspensión, exigiremos de inmediato la dimisión de los responsables políticos de un desaguisado que, en los últimos años, se viene repitiendo con una  frecuencia que supera, con creces, toda actuación políticamente tolerable.

RECURSO COMPLETO

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

Un juzgado admite a trámite una querella criminal contra la RTPA por supuestas contrataciones ilegales

Revista Atlántica XXII

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, acaba de admitir a trámite una querella criminal contra dos directivos de la RTPA por supuestas contrataciones ilegales. La querella fue presentada por el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que ostenta la presidencia del comité de empresa de la Radio Televisión Autonómica Asturiana.

Concretamente la querella se refiere al contrato suscrito por la RTPA con la productora Teletemas, una de las muchas con las que ha trabajado esta empresa pública desde su fundación, ya que la mayor parte de sus emisiones están externalizadas. Los directivos a los que alude son la secretaria general Ana Lada y el director de Recursos Humanos, Manuel Castrillo.

La jueza Ana López Pandiella fue la primera instructora del Caso Marea, que ahora está en manos del juez Ángel Sorando en un Juzgado de Oviedo.

En su número 25, aparecido el pasado mes de marzo, ATLÁNTICA XXII publicó un amplio reportaje de Blanca M. García sobre la delicada situación de la RTPA, que incluía una entrevista al presidente del comité de empresa, Óscar Vega, de CSI. Reproducimos a continuación esta entrevista.

ÓSCAR VEGA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE RTPA POR CSI

“Hay indicios de delito penal”

El presidente del comité de empresa de la Radio Televisión Autonómica de Asturias no antepone sus intereses particulares a los colectivos, algo que no parece norma en el sindicalismo actual. Licenciado en Comunicación Audiovisual, el trabajo en la RTPA de Óscar Vega como técnico de imagen, sin ocupar ningún puesto de responsabilidad ni obtener las ventajas salariales de otros compañeros, ha sido el aval que lo llevó, hace dos años, a ser elegido presidente del comité de empresa. Es el único delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). CCOO tiene dos y USO y UGT uno.

Óscar Vega, presidente del comité de empresa de la RTPA. Foto / Iván Martínez.

¿Sigue siendo necesaria una radiotelevisión pública en Asturias?

Sí, siempre y cuando el modelo se plantee bien y ésta cumpla su función de servicio público. La RTPA trajo consigo cosas muy positivas, como la vertebración del territorio, ofrecer una información cercana a la ciudadanía y fomentar la cultura asturiana.

¿Fue la voluntad política de monopolizar los medios de comunicación lo que impulsó su creación?

No creo que hubiera una buena fe en el nacimiento de la Radiotelevisión Autonómica, porque se habría notado desde el principio. Esta televisión nunca tuvo un proyecto que estuviera al servicio de la ciudadanía, sino de otros intereses. No obstante, el hecho de que existan medios de comunicación públicos en Asturias nos permite tener la esperanza de que se puedan hacer bien las cosas si luchamos por ello y la sociedad cree que es necesaria una televisión con una gestión honesta, transparente y democrática.

¿Cuál es la solución?

Todos los sectores tienen que implicarse y luchar para que esto sea así. El silencio y el miedo de partidos políticos, sindicatos y de todas las personas que tienen algo que decir es lo que puede acabar con ella. Si no nos lo creemos y nadie dice nada, esto no existe. Hay demasiadas historias perdidas. Lo que nosotros decimos está probado que es cierto, y los dirigentes de la RTPA no tienen argumentos para negar la evidencia. Intentan que no se conozca la verdad, porque la verdad hace daño. Si su talón de Aquiles es que no hicieron las cosas como deberían, su fortaleza es que nadie habla de ello por miedo. Toda la gestión es insostenible.

¿Pasa su futuro por la privatización?

Su futuro se puede resumir con dos ideas: incertidumbre y falta de proyecto. A día de hoy, ni los que la gestionan saben lo que van a hacer.

¿Qué soluciones se le ocurren?

Quiero mucho a la RTPA y creo en su futuro como servicio público, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. No puede utilizarse una radiotelevisión autonómica para que esté al servicio de los Gobiernos de turno. Son necesarios más mecanismos de control y de participación ciudadana. Esto es un medio de comunicación público, pagado con el dinero de los contribuyentes, y la gestión no puede estar en manos de cualquiera. Siempre que se resiente un servicio público por la gestión o porque fallan los mecanismos de control también lo hace la parte que afecta a los trabajadores. La RTPA va más allá de una mala gestión: incumple la ley. En CSI vemos indicios, incluso, de delito penal. No se puede gestionar una empresa pública desde los juzgados.

¿Donde está el delito penal?

Se han puesto de forma reiterada y a sabiendas recursos públicos para favorecer intereses ajenos a los de la radiotelevisión pública y al servicio que prestamos. Estamos hablando de utilizar el dinero de todos para comprar voluntades y favorecer intereses personales, empresariales y políticos muy concretos a través de una gestión fraudulenta hecha con conocimiento de causa. Es muy grave. Aquellos representantes que quieran luchar contra la corrupción y defender lo público con honradez deben exigir responsabilidades públicas y legales sobre lo que ha estado pasando en empresas como ésta, sobre quién y cómo la ha gestionado. Si no, la impunidad seguirá campando a sus anchas y los trabajadores seguiremos engrosando las listas del paro y la precariedad, víctimas de la corrupción y los chanchullos.

El Calatrava: recopilación de un dislate

La operación municipal de los palacios de Buenavista y el Vasco

LNE 29/05/2013

Guillermo Zarracina, Arquitecto 

En los estertores del siglo pasado, en una ciudad pequeño-burguesa pero grandona, confluyeron una suerte de fenómenos astrales, que traerían consecuencias todavía impredecibles.

Tres circunstancias, tres ejes diamantinos asomaron tras la loma que llamaban La Cuesta, formando un luminoso triángulo: un vértice lo ocupaba el capital, otro el Opus Dei y el tercero la ambición política, casi siempre perniciosa.

A tal fenómeno vino a añadirse en su centro el ojo de un arquitecto de conflictiva fama.

Ya tenemos, pues, la conjunción de un poder casi divino y sus vértices; líbreme el temor de poner nombres... atrévanse ustedes en sus casas a susurrarlos bajito...

¿Consecuencias? Vamos a resumirlas en diez, cual los mandamientos, para no desviarnos de la mística, que impregna todo el proceso.

Primera: para bien empezar, se plusvalora al arquitecto adornándolo con un premio de reconocido prestigio, que además se concede en Asturias..., para así sentar bases y sobre todo acallar gargantas.

Segunda: conculcación de toda suerte de legislación vigente, para poder construir en una zona verde, sin cumplir ninguna de las provisiones que el Plan de Ordenación prescribe para tal actuación.

Tercera: atolondrada creación de una empresa promotora, con técnicos, economistas y subcontratas, recogidos a la cacea, para dar pretendida competencia, frente a una obra que, evidentemente, hubiera requerido de una empresa de probada solvencia, experiencia y currículo acreditado, dada la segura y enorme complejidad de la misma.

Cuarta: dar vías de apariencia legal al «amagüesto», convocando un concurso imposible, por sus exigencias, que otorga ¡cómo no! la obra, al único presentado: el inefable arquitecto, conjuntamente con la ejecución del proyecto del Palacio de Congresos a la «nova constelación» Jovellanos XXI.

Quinta: desprecio olímpico de la legislación que regula la concesión de licencias municipales: visado colegial, licencia provisional y licencia definitiva de obra. Para obtener esta última condición es indispensable la presentación completa de un Proyecto Básico y de Ejecución, que contemple apartados tan esenciales como: plazos, presupuestos, precios descompuestos, precios unitarios, cálculos de estructuras, etcétera, documentos todos ellos imprescindibles para regular y controlar el futuro edificio y que ahora nos enteramos: ¡no existieron nunca! Aquí, la mano de la Alcaldía.

Sexta: desconocimiento, en su momento, de nombramientos tan esenciales como: director de obra, ingenieros asociados y autorizados, aparejadores, etcétera. Camuflados como profesionales, obligados a dar apariencia de legalidad a tan complejo edificio, lo que, por supuesto, dificulta la fijación de responsabilidades ante los desmanes económicos y arquitectónicos que se han producido durante, antes y después de la ejecución de la obra.

Séptima: desprecio intolerable del laureado autor y presunto director del proyecto, ¡que sólo lo visitó una vez!... ocupado, sin duda, en otros proyectos de universal importancia y segura ruina para cuanto toca, en ese proceloso mundo del papanatismo arquitectónico.

Octava: casi obligar a la compra de dos alas del edificio por parte de la Administración regional, sin cuya ayuda nunca hubiera culminado el proyecto, dadas las mastodónticas dimensiones que el sublime arquitecto y Jovellanos XXI habían previsto para la zona de oficinas, pensando en su venta y explotación. (Y que los avispados economistas y sociólogos asesores no advirtieron). ¡Gordo!

Novena: varias preguntas: ¿qué es de esa amalgama inescrutable del edificio Calatrava y la «ocupación» de la llamada parcela del Vasco?, ¿y los proyectos sucesivos: delirantes palacios de justicia, bellas artes y grotescas torres trillizas e inclinadas?, ¿cómo se pagaron esos proyectos?, ¿a cambio de qué?, ¿a qué precio se pagó el suelo propiedad de los ovetenses?, ¿por qué aparece un conjunto de bloques de viviendas, mal orientadas, donde otrora se planteaba un equipamiento para la ciudad?, ¿cuál es el nuevo compromiso Ayuntamiento versus Jovellanos XXII?

Décima: que no se quiera simular, según se desprende de las últimas trifulcas judiciales, como únicos representantes al arquitecto y a la promotora. Aquí hay un último perjudicado, quien al final pagará los cristales rotos: el Ayuntamiento, los ciudadanos con su patrimonio que, a más de poner el suelo graciosamente, tendrán que hacerse cargo de la concesión por quiebra presumible (Jovellanos XXI en concurso de acreedores).

Estas diez consideraciones pueden resumirse en dos: una conclusión y una propuesta:

Conclusión: «¡Ahí la hemos jodido, Zabalita!», como se lamentaba el personaje de Vargas Llosa. Y la hemos jodido para siempre, con esa desproporcionada y monumental deposición blanca, para vergüenza de nuestro futuro urbanístico. Imaginen: «... hubo un tiempo en el siglo pasado en el que los ovetenses permitieron la construcción de ese bodrio que...».

¡Oviedo no se merecía esto!... O sí.

Y propuesta utópica: quizás estemos todavía a tiempo de meter la piqueta a todo lo que sobresale del suelo en lo que fue el recordado Tartiere y vendiendo como chatarra los escombros, restituir la visera de Ildefonso Sánchez del Río y Jesús Meana, para luego, aprovechando los aparcamientos y los sótanos, crear un espacio ferial del que estamos tan necesitados en una ciudad sin barracas... sería una zona elegantemente protegida, cubierta y útil.

Los tiempos que corren dan suficiencia al auditorio de Beca para congresuar, como vino siendo hasta ahora, los eventos menguantes del futuro.

¡Qué pena!

Exigimos la implantación urgente de un Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración del Principado

El acoso laboral existe en todas las organizaciones sociales. En el sector público, con mayor intensidad aún, sobre todo en aquellas Administraciones con una estructura fuertemente jerarquizada, clientelista y muy politizada, que conforma un campo particularmente abonado para el ejercicio de presiones degradantes de la integridad física y moral de los empleados públicos

El acoso laboral es un hecho en la Administración del Principado de Asturias. Algunos casos particularmente graves han salido a la luz en los últimos años, sin que hasta la fecha esta Administración se hubiera dignado a implantar un Protocolo de actuación que permita disponer de  medidas preventivas eficaces y, además, adoptar decisiones rápidas y expeditivas para la protección de las víctimas, cuando concurren indicios evidentes de hostigamiento sobre un empleado público, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe su vida laboral.

Estamos hablando de un procedimiento reglado de actuación ante situaciones que pudieran constituir acoso laboral en la Administración del Principado, que deberá publicarse en el BOPA para general conocimiento, tal y como han hecho ya diferentes Administraciones Públicas, entre ellas, la Administración del Estado, en el Protocolo publicado en el BOE de 1 de junio de 2011.

Con el objetivo de asegurar el derecho de todas las personas que integran la Administración asturiana a la protección de su dignidad en el trabajo, el Gobierno de Asturias debe comprometerse urgentemente a implantar un Procedimiento público de actuación frente al acoso laboral en la Administración del Principado, que permita, entre otros fines :

 - Garantizar la salud laboral de sus trabajadores/as.

 - Rechazar todo tipo de conducta de acoso psicológico en el trabajo, en todas sus formas  y modalidades, con independencia de quién sea la víctima o el acosador ni cuáles sean sus rangos jerárquicos.

 - Concienciar, informar y prevenir el acoso psicológico y las acciones censurables o manifiestamente negativas y ofensivas dirigidas contra los trabajadores/as en el puesto de trabajo o en relación con el trabajo y a asumir todas las medidas adecuadas para protegerles de tal conducta.

Para que este Protocolo resulte eficaz, es imprescindible exigir al Gobierno asturiano que disponga de medios personales adecuados para hacerlo posible. Ello pasa, necesariamente, por organizar un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales integrado por funcionarios públicos de carrera, de carácter multidisciplinar, en condiciones profesionales objetivas para ejercer sus funciones con imparcialidad y al margen de presiones, sugerencias o directrices que condicionen su ejercicio profesional.

La actual estructura, organización y composición del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado no cumple con estas condiciones mínimas imprescindibles para poder garantizar la adopción de medidas eficaces en defensa de la integridad física y moral de los trabajadores públicos que padecen situaciones de acoso laboral.

Es urgente, por tanto, implantar un Protocolo de actuación y una estructura organizativa – medios personales y materiales – que remedien esta gravísima carencia. La dignidad personal y laboral de los empleados públicos del Principado de Asturias exige una rápida respuesta 

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

Vivir por encima de nuestras posibilidades

Rafael R. Tranche

El País 16/05/2013

La socialización de la culpa libera de responsabilidad a los que causaron la crisis

Los créditos para satisfacer los intereses y

el capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos de sus presupuestos y su pago
gozará de prioridad absoluta”. 
Artículo 135 reformado de la Constitución

El 7 de septiembre de 2011 el Senado aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución Española limitando el techo de gasto de las Administraciones según los márgenes establecidos por la Unión Europea. Límite fundamentado por la necesidad de salvaguardar la “estabilidad presupuestaria”. Sin embargo, bajo este propósito queda enquistada en nuestra Carta Magna la obligación de satisfacer el pago de la deuda como objetivo prioritario de la gestión pública con independencia de otras necesidades. Al tiempo, fija en el cuerpo social el estigma de lo público como algo gravoso cuyos excesos hay que vigilar y limitar. “No se puede gastar lo que no se tiene”, dirá después Rajoy. En realidad, este supuesto dispendio, amplificado por los casos de corrupción y despilfarro que han creado tanta alarma mediática y social, es en gran medida el resultado de subordinar la financiación de la deuda al juego especulativo de los mercados financieros.

Pero este cuadro no tiene nada de frío diagnóstico económico. Encierra una estrategia política doble: establecer una estricta correlación entre deuda y recortes (sociales, se entiende) y trasladar el peso de la deuda sobre la conciencia colectiva. Como ya experimentan las sociedades griega, portuguesa y española, el tándem deuda / recortes ha entrado en un círculo vicioso cuya única solución sería purgar al Estado por su obesidad mórbida. Es decir, acometer “reformas” estructurales que corregirían el derroche de lo público hasta equilibrarlo con la eficacia de lo privado. Porque ahí donde se elimina gasto social aparece, casualmente, un nicho de mercado. Esta idea no sería compartida o soportada si no fuera legitimada por la segunda estrategia: todos somos deudores y debemos responder por ese déficit. Invocación a la autoinculpación dialécticamente atrapada en la telaraña de la corresponsabilidad colectiva: “Sin las renuncias parciales de cada uno la recuperación de todos es imposible”, asegura nuevamente Rajoy. Esta “socialización de la culpa” se ha revelado una coartada realmente eficaz, pues exime a los verdaderos causantes al diluir sus responsabilidades en el conjunto de la ciudadanía. Es lo que salmodian algunos voceros desde distintas instancias del poder: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. La frase merece ser diseccionada, pues en su inclusión enunciativa y ambigua ejemplaridad encuentra su mayor consenso: “yo”, el que la pronuncia, también me señalo y con ello refuerzo la admonitoria responsabilidad; aunque eso sí, sin determinar la mía. Además, revela un diagnóstico sobre el pasado y un designio sobre el futuro: antes disfrutábamos de una prosperidad inmerecida que ahora debemos pagar. Pero hay más, equipara ese hipotético exceso de bienestar colectivo para que el castigo sea asumido en igual medida.

Y, ciertamente, la culpa y el castigo inspiran buena parte de las medidas que los gobernantes adoptan actualmente. En este punto, los discursos oficiales y su vocabulario (sacrificios, austeridad, rigor, medidas dolorosas, esfuerzos...) han conseguido una gran aceptación: cuando la culpa se comparte resultan más cercanas y cotidianas las causas de la crisis. Es más, se puede aplicar una estigmatización selectiva de la sociedad (por gremios, edades, condición social), jaleada por una suerte de rencor hacia el otro, que hace razonable su castigo (aunque sea el más necesitado) y tolerable el propio. Se penaliza a los trabajadores que enferman descontándoles parte de su sueldo, se penaliza a los enfermos que “abusan” de las medicinas y los tratamientos, se penaliza a los estudiantes repetidores incrementándoles las matrículas... Una lógica que siempre admitirá una vuelta de tuerca más al investirse de discurso moral, circunstancia que ya advirtió Max Weber a propósito del influjo de la ética protestante en el capitalismo. No solo eso, legitimada su aplicación como signo de buen gobierno, naturaliza sus efectos: todo castigo debe someter al culpable a la experiencia purificadora del dolor. “Gobernar, a veces, es repartir dolor” sentencia Gallardón. Las consecuencias de este “sufrimiento inevitable” no se han hecho esperar: un alarmante incremento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, según revela el último informe FOESSA (Análisis y perspectivas 2013: desigualdad y derechos sociales).

Desde el “discurso de la deuda”, todo ello no sería más que un sacrificio necesario y la constatación de que los expulsados del sistema no se han esforzado lo necesario (por tanto, se les puede abandonar a su suerte). Porque nunca es suficiente: “Tenemos que cambiar y ponernos a trabajar más todos porque, de lo contrario, España será intervenida”, nos diagnostica Juan Roig, el adalid de la “cultura del esfuerzo” a la china. Y ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos. De ahí que la sombra de la mala conciencia se cierna también sobre las negociaciones salariales. Aceptar la reducción del salario es admitir implícitamente esa supuesta parte de responsabilidad en la crisis y asumir como propia, cuando no hay acuerdo, la decisión del despido de otros trabajadores. 

Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.

Y es que, en ese círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad, un dogma moralmente irreprochable, que promete llevarnos a la expiación económica. Bajo sus designios el Estado quedaría paulatinamente liberado de todo compromiso social y el individuo a merced de la mercantilización de todos los servicios públicos. No solo eso, al igual que en los tiempos de bonanza el crédito alimentaba nuestros sueños de prosperidad, la deuda hipoteca ahora las perspectivas de futuro: paro o empleo precario a cambio de pensiones exiguas o privatizadas para disfrutar cada vez más tarde. Un destino determinado por lo que el filósofo Patrick Viveret denomina “sideración económica”: no hay otra alternativa y hasta las víctimas lo creen así y aceptan su condición.Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.

Paradójicamente, en este marco conceptual apenas se menciona a los propietarios de “nuestra deuda”, ¿quiénes son y por qué les debemos? ¿Cómo han logrado reescribir nuestra Constitución? Es comprensible que no se pronuncien sus nombres o se muestren sus rostros. Los que gobiernan al dictado de sus designios también les deben mucho.

Rafael R. Tranche es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.