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lunes, 5 de abril de 2010

Más cárceles, más presos y más mano dura a golpe de titular



Pese a que el Estado español tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE, su legislación se endurece siguiendo los debates de los medios, una solución rápida que no tiene en cuenta la realidad de la cárcel.

Rosa Marqués Carmona

En plena tramitación del endurecimiento del Código Penal impulsado por el Gobierno, con el apoyo parlamentario de PP y CIU, son pocos los espacios informativos en los que se da cabida a las voces ciudadanas y del mundo del derecho que piden un mínimo de reflexión y rigor.

El endurecimiento de las penas se está legislando “a golpe de noticias sensacionalistas, bajo el sometimiento a la opinión pública que está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”, como ha señalado estos días la asociación de Abogados Europeos Demócratas en el Congreso Internacional La cárcel en Europa celebrado en Pisa (Italia). Un mal extendido no sólo en el Estado español, sino en toda Europa y un hecho que en nuestro país llevan años denunciando asociaciones de familiares de presos y profesionales.

Pese a que los delitos graves han disminuido en los últimos 40 años –se producen menos de la mitad de violaciones, homicidios y asesinatos que entonces–, ahora, a cada uno de estos crímenes, se les dedica medio telediario o un programa de televisión completo, provocando una alarma social que, cada poco tiempo, justifica la exigencia del endurecimiento de las normas penales. Una vez más, las cifras: en el Estado existen 87 cárceles. Todas, excepto las de Cataluña, dependen del Ministerio del Interior (Instituciones Penitenciarias –II PP–). Según datos de la Secretaría General de II PP, en marzo de 2010 la población reclusa total era de 76.570 personas.

Desde 1990 se ha producido un incremento del 130% aunque el aumento de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística, ha sido del 20%. ¿Qué delitos han cometido? En enero el cómputo de población penada era de 58.413 personas. Más de la mitad, es decir el 67,32%, está privada de libertad por robos, hurtos o tráfico de drogas –y no hablamos de grandes narcotraficantes–. Sin embargo, los delitos de homicidio (5,23%), contra la libertad sexual (6,22%) o contra el orden público un 2,96%, en el que se encuentra clasificado el terrorismo, sólo significan el 14,2% de la población presa. Es decir, la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos de las personas que sufren la cárcel, y que subyacen las peticiones del endurecimiento del sistema penal, no responden a la realidad.

El Estado español, con una de las tasas más altas de población reclusa de Europa, tiene, sin embargo, uno de los índices de criminalidad más bajos. Un hecho que incluso se reconoce desde el Ministerio de Interior: entre julio de 2008 y junio de 2009 la tasa de criminalidad en el Estado español fue de 47 delitos por cada mil habitantes. La media europea está en 70,4. ¿Por qué entonces endurecer las penas cada vez más, alargándolas, abusando de la prisión preventiva, dificultando los beneficios penitenciarios… y continuar construyendo macrocárceles?

El hacinamiento

“La vida en prisión comienza en el momento del ingreso. Es el momento en el que la persona debe dejar atrás su identidad social para adoptar la nueva identidad de preso”. Pero ¿en qué consiste la “identidad de preso”? Lo explica con claridad uno de los pocos estudios realizados en Estado español para conocer la realidad carcelaria a través de los testimonios de los propios presos (Mil voces presas, 2002). Un estudio que encontró no pocos obstáculos por parte de Instituciones Penitenciarias, y que dejó patente que “existen dos visiones sobre la realidad carcelaria: una, la que trata de sostener y mantener la administración penitenciaria con todos los medios a su alcance –entre ellos los medios de comunicación–; y otra, la percibida por aquellos que soportan el control, dominio y represión de un sistema, el carcelario”.

La cárcel no evita la reincidencia, sino que la aumenta y se ceba sobre los grupos sociales más desfavorecidos, que son la clientela habitual de estas instituciones. El progresivo incremento de las personas presas –que roza ya las 5.000 por año– trae consigo uno de los principales problemas –aunque no el único–, el hacinamiento. Existe un nivel de ocupación que alcanza el 149% en algunas cárceles, con el agravante que supone el elevado número de personas encarceladas con enfermedades infecciosas, enfermedades mentales, drogodependencias –más del 60% de los reclusos–, etc., prácticamente desatendidos por unos funcionarios desbordados y desmotivados, en su mayoría, y en continuo conflicto sindical con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

No es extraño que los casos de suicidio, sobredosis o muertes por el avanzado estado de una enfermedad –sin una atención médica a tiempo– se den a diario. En la actualidad, por cada 250 presos hay sólo un psicólogo, un médico, una trabajadora social... “Para paliar este hacinamiento el Gobierno propone la creación de 11 nuevas macrocárceles, en lo que será el mayor programa de construcción penitenciaria de la historia de España, de aquí a 2012”, tal y como denuncia la Asociación de Atención Integral a presos y ex presos Arrat. Según esta organización, el presupuesto para ello asciende a 1.647 millones de euros, que se sumarán a otros 1.504 millones ya aprobados anteriormente. “El problema es que si se sigue con el ritmo de crecimiento de la población penitenciaria –continúa Arrat–, llegado 2012 existirían 80.000 presos y el déficit de las celdas (24.000 plazas) sería, paradójicamente, superior al actual, de 15.000 por lo que habría que seguir construyendo más macrocárceles. ¿Pero a quién beneficia todo esto?”.

La soledad extrema, el aislamiento casi absoluto, la total ausencia de intimidad, el sometimiento radical –intensificado en el caso de los presos clasificados en primer grado, en los departamentos de aislamiento y en las durísimas condiciones de traslado de una cárcel a otra–, animalizan a la persona. Las torturas psicológicas y físicas a las que son sometidos en muchos casos, reducen la capacidad social de la persona a cero. La cárcel no sólo no evita la destrucción física y psíquica del individuo sino que, indirectamente, por su configuración, la facilita.

Dispersión

Por si fuera poco, el incumplimiento de la ley General Penitenciaria se produce con demasiada frecuencia: número de presos por celda, condiciones de ésta, criterios y métodos utilizados para el estudio, observación y clasificación de las personas presas, ausencia de tratamiento individualizado... A lo que hay que sumar los malos tratos físicos, bajo la apariencia de legalidad, que se dan en las cárceles. Además, casi la mitad de las personas presas no cumplen condena en cárceles situadas en la provincia donde se encuentra su domicilio, una situación que genera desarraigo familiar y un sufrimiento añadido que, desde Instituciones Penitenciarias, se justifica por la disponibilidad de plazas en unos u otros centros, pero que muchos presos consideran sanciones encubiertas –condenas dentro de las condenas– y obliga a los familiares a desplazarse cientos de kilómetros, con el coste económico que conlleva. Estos traslados –algunos de más de diez horas– se dan, por si fuera poco, en unos vehículos y en unas condiciones inhumanas que ponen en peligro la vida del preso. Si se conociesen los efectos de las cárceles muchas personas no permitirían su existencia.

POPULISMO PUNITIVO: CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA DISIDENCIA

A. CHALMETA (MADRID)

Las estadísticas de las cárceles españolas hablan por sí solas y describen una realidad en la que se abusa de las penas de prisión si se compara con el resto de Europa. ¿Por qué? Iñaki Rivera, profesor de derecho penal en la Universitat de Barcelona y director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB valora que “desde hace unos cuantos años venimos asistiendo a una estrategia de gobierno que, aún cuando no es completamente novedosa, se ha venido exacerbando y se nos presenta como inevitable por la práctica totalidad de la clase política. Se trata de la cada vez más recurrente utilización del sistema Penal para la regulación de la conflictividad social (y, por ende, de la conflictividad política).

Todos conocemos las apelaciones a mayores cuotas de ‘seguridad’ (entendida cada vez más de manera estrecha, es decir, en términos de ‘policialización’ del espacio, del comportamiento, de las costumbres, ya sea con el despliegue de instituciones públicas o privadas), apelaciones que se han convertido en herramienta de gobierno, en promesa electoral”. A esta deriva, explica Rivera, se la denomina “populismo punitivo”, porque “busca la adhesión ciudadana (una ciudadanía que previamente ha sido alarmada y precarizada) a políticas punitivas como elemento de gobierno y reproducción del poder. Sin duda, esto sucede a escala global y los últimos años representan una época paradigmática al respecto.

La tendencia es clara: gestión punitiva de la pobreza, mercado económico de total flexibilización, criminalización cada vez mayor de la disidencia y disminución del Estado”. Frente a ello apuesta por “una política social más que penal, una reducción del sistema penal y no su ampliación, una política descarcelatoria en lugar de acostumbrarnos a convivir con cárceles que viven al margen de la propia legalidad”.

jueves, 1 de abril de 2010

¿Sobran funcionarios? Un debate de brocha gorda



Carlos Sánchez, El Confidencial

Dentro del imaginario colectivo de los españoles es lugar común sostener que el número de empleados públicos es abusivo. De hecho, si se hace una encuesta entre la ciudadanía la inmensa mayoría de los contribuyentes responderá que uno de los caminos más rectos hacia la recuperación pasa por cortar cabezas (al menos en sentido figurado) y despedir a miles de funcionarios.

El mosqueo -por decirlo de una manera suave- es razonable si se tiene en cuenta que desde el inicio de la recesión este país ha destruido más de 1,8 millones de puestos de trabajo en el sector privado, mientras que en el sector público el nivel de ocupación ha crecido en plena debacle económica. Aunque en los dos últimos trimestres se ha producido una ligera reducción en el número de funcionarios, lo cierto es que más de tres millones de trabajadores están hoy al servicio de las administraciones públicas. En concreto 3.065.700, lo que significa que uno de cada seis ocupados trabaja para el Estado en el sentido amplio del término.

"El número óptimo de funcionarios exige un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir"

A la luz del fichero oficial que recoge el número de empleados públicos, el resultado es algo menor, pero igualmente ilustrativo. A 31 de de julio del año pasado había en España 2.659.010 funcionarios en sus distintos formatos, de los cuales el 50,6% trabaja en las comunidades autónomas y sólo el 21,9% en la Administración central. El resto corresponde a las entidades locales y las universidades

¿Mucho o poco?

Lo curioso del asunto es que si se pregunta a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la mayoría opinará que son manifiestamente mejorables. ¿Por qué? En buena medida por falta de plantillas. Y aquí está la paradoja. Los hospitales y centros de salud fallan por insuficiencia de especialistas, entre otros motivos. Por las mismas razones, los jueces no dan abasto a la hora de dictar sentencias en tiempo y forma (lo cual tiene consecuencias letales en términos económicos), y buena parte del fracaso escolar tiene que ver con la escasez de profesores de apoyo a estudiantes con dificultades. Es habitual, igualmente, oír las quejas de muchos ciudadanos que protestan por la inseguridad ciudadana. Y casi todo el mundo pone el grito en el cielo por la enorme bolsa de fraude fiscal o laboral que existe en este país, y que en buena medida se podría reducir aumentando la plantilla de inspectores. Es de sobra conocido que la administración paga cada año miles de horas extraordinarias, precisamente por falta de plantillas, algo que es un auténtico dislate.




















Tan aparente contradicción pone de manifiesto el escaso rigor con el que a menudo se tratan algunas cuestiones importantes. Los gobiernos presumen habitualmente de invertir mucho dinero en carreteras o investigación, pero es altamente improbable que a posteriori se haga desde los poderes públicos una evaluación sobre si ese gasto ha sido eficiente en términos económicos. Y por eso miles de empleados públicos están mano sobre mano esperando que alguien les dé trabajo o que su jefe asuma nuevas funciones. Ya se sabe que el santo y seña de la política es el castizo burro grande ande o no ande, y eso explica la obsesión por las cifras y por las tasas de crecimiento, aunque lleven a la ruina. Lo que ha llevado a la creación de unidades mastodónticas sin ninguna actividad real, y en las que prima la burocracia y la ineptitud administrativa. Por eso, y como es lógico, la ciudadanía se queja del número de empleados públicos.

No hay un solo ministro que haya presumido alguna vez de haber hecho más con menos dinero, lo cual dice muy poco a favor de la mayoría de los gestores públicos.

Comparaciones

Como cuestión de principios, sin embargo, habrá que decir que en contra de lo que habitualmente se dice, España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos respecto del total de fuerza laboral. Un 13% en 2005, por debajo del 14,3% de la media de la región, y a años luz de los niveles que existen en Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en todos los casos por encima del 20%. Hay, sin embargo, una diferencia. Mientras que en todos los países de la OCDE el empleo público se ha reducido desde 1995 (ver gráfico), en España ha crecido de forma notable, lo que tiene que ver parcialmente por el menor punto de partida y por el ensanchamiento de la protección social en coherencia con un periodo de fuerte expansión económica.

¿Quiere decir esto que hay que seguir contratando empleados públicos? Evidentemente que no. Estaríamos ante un suicidio como país y sería altamente ineficiente. Por el contrario, se necesita más pincel y menos brocha gorda, lo que exige identificar dónde sobran y dónde faltan empleados públicos y actuar en consecuencia. Luchando, al mismo tiempo, contra la endogamia que tradicionalmente ha acompañado a la función pública, un viejo mal de este país. Un Estado no es más eficaz por tener menos empleo público, porque si eso fuera cierto, España sería mejor que EEUU o Canadá, y eso no es cierto. Pero tampoco es mejor por el hecho de tener legión de funcionarios para dar sensación de que los servicios públicos funcionan.

El número óptimo de funcionarios exige, por lo tanto, un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir. Es sintomática la ausencia de un debate serio sobre en qué áreas el Estado debería dar un paso atrás para mejorar su eficiencia. Y, por el contrario, en qué áreas debería concentrar sus aumentos de plantilla durante los próximos años en aras de mejorra los servicios públicos esenciales sin ahogar a la iniciativa privada. En su lugar asistimos a un debate insulso que no sirve para nada y que tiene más que ve con el márketing político que con la acción de Estado.

domingo, 28 de marzo de 2010

JUSTICIA AL REVÉS



La sentencia del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 3 de Oviedo, de 22 de marzo, que deniega el derecho del compañero Xurde Blanco a solicitar permisos en lengua asturiana, es un compendio insuperable de afirmaciones y argumentos retorcidos con los que el juez parece poner más empeño en desprestigiar al funcionario volviendo la realidad jurídica del revés, que en resolver en justicia:

1º En un juicio de intenciones inadmisible en un Órgano Judicial, el magistrado Carbajo manifiesta que el recurrente “parece moverse por el único interés de interferir en el buen funcionamiento de la Administración para la que presta sus servicios, y a cuyos intereses debe atender, con lealtad y probidad”. Esta supuesta intención perversa del funcionario la deduce el magistrado de la circunstancia de que, según él, las ausencias del trabajo por enfermedad hasta tres días, no precisarían de solicitud previa de permiso, sino que bastaría con la justificación a posteriori de la consulta médica.

Para hacer tal afirmación, el juez ignora el régimen jurídico de aplicación a los permisos de los funcionarios públicos, regulado en el Decreto 6/2004, cuyo artículo 17.2 es inequívoco cuando dispone que en las ausencias del trabajo por enfermedad, la ulterior justificación no exonera de obtener el permiso o licencia que en derecho pueda corresponder.

En consecuencia, el magistrado imputa a Xurde Blanco una intención ilícita por cumplir escrupulosamente con la legalidad solicitando el correspondiente permiso, amparándose para ello en una práctica administrativa contraria al Derecho aplicable al caso.

2º En la misma línea de imputación de supuestas intenciones al recurrente, el magistrado Carbajo le reprocha una actuación que, a su juicio, “pretende menoscabar el principio de autoridad de sus superiores, y que en buena lógica debería haber dado lugar a la correspondiente corrección disciplinaria”, por haber hecho caso omiso de una Instrucción interna que obligaba a confeccionar las solicitudes de permisos en castellano. Tal imputación resulta particularmente absurda, si se tiene en cuenta que lo que se discutía en el procedimiento judicial no era la conducta individual del funcionario, sino el derecho del mismo a emplear la lengua asturiana en condiciones de igualdad con otros trabajadores, es decir, ni más ni menos que la aplicación del derecho fundamental de igualdad del artículo 14 de la Constitución.

Lejos de reconocer al recurrente tal derecho, como debió hacer en cumplimiento cabal del Auto del Tribunal Constitucional de 25 de febrero , y por imperativo del artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez se dedica a reprender al funcionario público, con un comportamiento totalmente inadmisible, susceptible de calificarse como una infracción grave – en este caso, sí deberá ejercerse la potestad disciplinaria frente al mismo -, tipificada en el artículo 418.6 de la precitada Ley, a saber, la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico.

3º Finalmente, resulta paradójico y particularmente grotesco, que se atribuya la intención de desestabilizar el funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado a uno de los dos únicos letrados de este órgano ( de un total de diecisiete) nombrado por concurso de méritos, cuando el Jefe del Servicio y el resto de letrados y letradas del mismo se encuentran nombrados “a dedo” o en “comisiones de servicios” irregulares por plazos superiores al máximo legalmente permitido y sin convocatoria pública para la provisión de las plazas.

Uviéu, 28 de marzu de 2010

La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)


LA XUSTICIA AL AVIESU

La sentencia del Xulgáu de lo Contencioso-Alministrativo númberu 3 d’Uviéu que-y ñega al collaciu Xurde Blanco’l el drechu a pidir permisos en llingua asturiana ye una xuntanza d’afirmaciones y razonamientos restorcíos colos que’l Xuez paez poner más enfotu en desprestixiar al funcionariu qu’en resolver en xusticia, dándo-y la vuelta, colo de dientro pa fuera, al xacíu xurídicu. Asina:

1º. Nun xuiciu valor inalmisible nun Muérganu Xudicial, el Maxistráu Carbajo afita que’l recurrente “parece moverse por el único interés de interferir en el buen funcionamiento de la Administración para la que presta sus servicios, y a cuyos intereses debe atender, con lealtad y probidad”. Tala “perversa actitú” xustifícala’l Maxistráu na afirmación de que l’ausencia por enfermedá fasta tres díes nun requier solicitú de permisu sinón xustificación a posteriori del tratamientu mélicu, lo que, cenciellamente, ye mentira, acordies colo que establez el réxime de permisos de los funcionarios, reguláu nel artículu 17.2, del Decretu autonómicu 6/2004.

Poro, el Maxistráu imputa a Xurde Blanco una conducta illícita cuando lo que fizo ye xustamente cumplir dafechu cola llegalidá pidiendo’l permisu correspondiente.

2º. Na mesma llinia d’imputar inxustamente, el Maxistráu Carbajo acusa a Xurde Blanco de pretender “menoscabar el principio de autoridad de sus superiores, y que en buena lógica debería haber dado lugar a la correspondiente corrección disciplinaria”, por mor de si cumplió o non con una instrucción que nun s’espublizó en nengún sitiu. Imputación improcedente y absurda si se tien en cuenta que l’alderique del pleitu nada tenía que ver cola conducta del funcionariu sinon col drechu del mesmu a emplegar la llingua asturiana, col sofitu de la llei y en condiciones d’igualdá colos demás trabayadores. Y lloñe de reconoce-y al recurrente talu drechu, como debió facer en cumplimientu bonal del Autu del Tribunal Constitucional de 25 de febreru, el Xuez dedícase a acusar al funcionariu con imputaciones pa les que nun-y dio ocasión de defendese, conducta que bien pue ser calificada como una infracción grave, de la que ye autor el Xuez, y que ta tipificada nel artículu 418.6 de la Llei Orgánica del Poder Xudicial, que sanciona l’emplegu nes resoluciones xudiciales d’espresiones innecesaries o improcedentes, estravagantes o claramente ofensives o irrespetuoses dende’l puntu de vista del razonamientu xurídicu.

3º. Pa finar nun queda sinón calificar de grotescu’l que s’acuse de perxudicar el furrulamientu del Serviciu Xurídicu del Principáu d’Asturies a ún de los dos (de diecisiete) únicos Lletraos d’esi muérganu que s’atopa en situación regular porque llegó al puestu per concursu de méritos, cuando’l Xefe del Serviciu, que tanto cellebra la sentencia, y tolos demás Lletraos y Lletraes, tan ellí con nomamientos a “deu” y en comisiones de serviciu irregulares per plazu superior al másimu llegalmente establecíu.

Uviéu, 28 de marzu de 2010

La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)

jueves, 25 de marzo de 2010

Benito Aláez Corral: «Ye mui obviu'l proceder illegal del xulgáu»


Les Noticies
Fecha: 25/03/2010 a las 19:03:42


Benito Aláez Corral, profesor titular del Departamentu de Derechu Públicu de la Universidá d'Uviéu, apurre les sos primeres impresiones depués de conocer la sentencia del Xulgáu númberu 3 d'Uviéu emitida esti 22 de marzu, onde'l maxistráu Miguel Ángel Carbajo Domingo niega a Xurde Blanco'l derechu a espresase n'asturianu cola Alministración «pola so condición de funcionariu».


-¿Dictóse sentencia acordies col autu del Tribunal Constitucional (TC) o inoróse esi autu?

Na mio opinión, la sentencia del xulgáu nun ta acordies col autu del Tribunal Constitucional del 25 de febreru y inora'l mandatu del artículu 5.1 de la Llei Orgánica del Poder Xudicial qu'obliga a tolos xulgaos y tribunales a interpretar les lleis de conformidá cola Constitución y cola interpretación que diera d'éstes el Tribunal Constitucional en tou tipu de procesos.


-¿Con qué fundamentu se fai la sentencia?

-El xuez diz que'l TC nun entra nel análisis de la distinción ente funcionarios y ciudadanos, pero esa ye una distinción que'l propiu xuez yá había resuelto implícitamente nel planteamientu de la cuestión énte'l TC nun sentíu favorable al considerar a Xurde Blanco ciudadanu o considerar a los funcionarios en xeneral ciudadanos cuando xestionen los sos intereses personales frente a l'alministración na que trabayen. Delátenlu les sos propies palabres: nel planteamientu de la cuestión el xuez xustifica la relevancia de la so dulda de constitucionalidá en que tien qu'aplicar l'artículu 4.2 de la Llei del Bable pa decidir si estima la demanda de Xurde o non, y esi artículu ye l'aplicable a les comunicaciones de los ciudadanos cola alministración. Ello ye que la mayoría del plenu del TC que da por bona la relevancia d'aplicar esi artículu (como-y refierta'l maxistráu disidente Aragón Reyes nel so votu particular) considera que la cuestión d'inconstitucionalidá ta notoriamente infundada porque l'artículu 4.2 de la Llei del Bable nun implica la cooficialidá encubierta, y por tantu nun se vulnera l'artículu 3.2 de la Constitución Española nin l'Estatutu d'Autonomía del Principáu.

-Xurde Blanco anunció que diba recurrir la sentencia del Xulgáu númberu 3. ¿Qué posibilidaes considera que tien de ganar nesi recursu?

-Creo que tien munches posibilidaes de ganar el recursu porque ye mui obviu'l proceder illegal del xulgáu, que s'aparta de la so obligación d'atender a la doctrina constitucional dictada, amás en función de los sos propios actos y declaraciones nel procesu.

AUTU DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SENTENCIA

martes, 23 de marzo de 2010

Para dejar de llamar a esto “crisis financiera”, basta una palabra: España


www.sinpermiso.info
Dean Baker

Los políticos y los medios siguen refiriéndose al presente declive económico como originado en una crisis financiera. Falso. Tenemos a 15 millones de personas sin trabajo porque la burbuja económica que impulsó a la economía desde la última recesión terminó estallando. Puede que la crisis financiera haya resultado un buen pasatiempo para los que disfrutan con el espectáculo de los colapso de enormes bancos, pero no debería pasar de ocupar un recuadrito complementario de la noticia. La noticia de verdad fue el auge yla debacle de la burbuja inmobiliaria.

Para refutar a quienes sostienen que el problema real ha sido el sistema financiero y su fallida regulación, basta una sola palabra: España. España ha alcanzado ahora notoriedad por tener una tasa de desempleo superior al 19%, la tasa más elevada entre los países ricos. España no tuvo una crisis financiera. En efecto, su bien regulado sistema financiero a menudo ha sido presentado como modélico en los EEUU.

España tuvo una terrible burbuja inmobiliaria. A causa de ella, el sector de la construcción en su economía pasó de representar menos de un 8% del PIB a fines de los 90 a alcanzar un 12,3% en 2007. Para tener un punto de comparación: en los EEUU, en los años sin burbuja, ese sector representa menos del 6% del PIB. Ese acelerado crecimiento de la construcción llevó a una sobreproliferación de la edificación, lo que no podía terminar sino con un colapso, cayendo la construcción muy por debajo de los niveles normales.

El curso al alza de los precios de las viviendas tuvo también el previsible efecto en el consumo. Puesto que la gente creyó que el alza de precios de la vivienda respondía a unas buenas bases fundamentales de la economía, los propietarios de vivienda dieron en pensar que la riqueza de nueva creación generada por su vivienda era una riqueza real, y pasaron a gastar conforme a ese supuesto ilusorio. La tasa de ahorro española cayó de poco menos de un 6% en 2000 a un 3% en 2007. Cuando desapareció la riqueza originada en el alza de precios de la vivienda generada por la burbuja, la gente, como es natural, cortó en seco su consumo.

Y en eso consiste la crisis española. De acuerdo con el FMI, la nueva construcción ha caído en España cerca de un 80% en relación con el momento culminante del auge. Aunque la construcción total no llegado a caer tanto (reformas, rehabilitaciones y construcción no residencial no cayeron ni de lejos tanto), si, con todo y con eso, la construcción en España puede haber caído cerca de un 50%, eso significa una pérdida anual de demanda superior al 6% del PIB. Trasladado a los EEUU, eso vendría a ser una caída de la demanda de más de 800 mil millones de dólares.

Análogamente, la perdida de riqueza dimanante de la propiedad de la vivienda invierte el efecto riqueza. Si el consumo hubiera caído lo bastante como para devolver la tasa de ahorro a su nivel pre-burbuja, eso significaría una pérdida de demanda anual de consumo de más de 3 puntos porcentuales del ingreso disponible. En los EEUU, eso vendrían a ser más de 300 mil millones en consumo anual evaporado.

No hay mecanismo fácil para reemplazar más de un billón de dólares en demanda evaporada. Por eso la economía española se halla ahora mismo en una situación de gravísimo desplome. Repárese en que casi todos los analistas están de acuerdo en este extremo. El sistema financiero español estaba bien regulado, y estaba libre de todos esos préstamos locos y de toda esa manifiesta corrupción que caracteriza a Wall Street y al sistema financiero norteamericano. Y sin embargo, sufre el presente declive económico incluso más que los EEUU.

La moraleja de esta historia es que el problema primero o más importante no es el de una crisis financiera. Puede que haya sido divertido ver a Wall Street y a los chicos del gobierno sudar la gota gorda tratando de evitar que los grandes bancos se ahogaran en la ciénaga que ellos mismos habían creado. Pero eso es un espectáculo menor. Nadie nos salvó de una "segunda Gran Depresión"; esta gente se limitó a salvar sus puestos de trabajo y la riqueza de la pandilla de Wall Street.

El problema real de la economía es sencillamente la pérdida de demanda generada por el colapso de la burbuja. Inyectar aún más dinero en los bancos es una manera de asegurar que éstos no sufrirán las consecuencias de su propia codicia y estupidez. No una manera de recuperar la economía.

Restablecer la salud de la economía pasa por buscar un substituto de la demanda evaporada, resultante del colapso de la burbuja. A corto plazo, eso significa un incremento del gasto público y de los recortes fiscales. Los déficits inyectan dinero en la economía, y sirviéndonos del anticuado dicho de que la gente trabaja por dinero, podemos determinar la cantidad de dinero que necesitamos que gaste el gobierno para devolver a la economía a un estado de pleno empleo.

A largo plazo, necesitamos poner en macha un comercio más equilibrado, con más exportaciones y menos importaciones, respondiendo a la pérdida de demanda que ha traído consigo el colapso de la burbuja inmobiliaria. Eso exigirá un dólar devaluado, y cualquier otra cosa que se diga en punto a comercio es simplemente de cara a la galería.

Necesitamos una reforma financiera. Tenemos un sector financiero increíblemente despilfarrador e irresponsable. Pero la mala regulación financiera, por sí misma, no fue la que causó el 10% de desempleo, ni una buena regulación habría bastado para prevenirlo. Pregunten, si no, a los trabajadores españoles.

Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Plunder and Blunder: The Rise and Fall of the Bubble Economy.

Traducción parawww.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro

domingo, 21 de marzo de 2010

La corrupción urbanística sigue saliendo a cuenta

Expansión

Publicado el 16-03-2010 , por Marga Castillo Grijota

El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo necesario y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.

El TSJ de Cantabria anuló el 4 de abril de 2007 el plan parcial  por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó a la empresa Fadesa a  construir 500 viviendas en el Alto del Cuco, en grandes desmontes que  han transformado su ladera sur. En la imagen, vista general de la  urbanización situada a unos 15 kilómetros de Santander. EFE/Esteban  CoboEl TSJ de Cantabria anuló el 4 de abril de 2007 el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó a la empresa Fadesa a construir 500 viviendas en el Alto del Cuco, en grandes desmontes que han transformado su ladera sur. En la imagen, vista general de la urbanización situada a unos 15 kilómetros de Santander. EFE/Esteban Cobo

Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que "ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción". El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que "la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas".

En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.

La multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes

El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.

Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala que el 'boom' inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. "El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho". Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, "ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico". Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.

La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y "en el que un juez decidió ir a por todas" y empezó a "tirar de la manta" se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio", afirma Pozuelo. "Desde Marbella ha habido un efecto dominó", señala la experta. "No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto".

Vista general del hotel El Algarrobico, en Carboneras, en el Cabo  de Gata (Almería), tomada el pasado día 5 de abril de 2008. El Tribunal  Supremo hizo prevalecer en una sentencia el interés general de la  protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad  de la construcción. La obra, hoy día, sigue en pie. EFE/Pedro Almestre

Vista general del hotel El Algarrobico, en Carboneras, en el Cabo de Gata (Almería), tomada el pasado día 5 de abril de 2008. El Tribunal Supremo hizo prevalecer en una sentencia el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción. La obra, hoy día, sigue en pie. EFE/Pedro Almestre

Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, "tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado".

Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. "Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura".

El estudio de esta experta señala que "a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción". El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.

La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social
Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y "se carga" contra los que toman las decisiones: "Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.

El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de "dar a dedo"... aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que 'de facto', se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.

Es importante que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura

A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. "En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás", señala Pozuelo.

¿Da respuesta la Justicia?
Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, "no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas", explica.

"Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos", argumenta la profesora de la UAM.

"La norma no es laxa, pero no se aplica"
"La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos", sentencia.

Fotografía de archivo del 26 de noviembre de 2007 del chalé del  abogado Núñez Arias, implicado en el marco de una operación contra la  corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana. Se  registraron también las oficinas de los abogados de Núñez Arias. EFE/  Salvador Sas

Fotografía de archivo del 26 de noviembre de 2007 del chalé del abogado Núñez Arias, implicado en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana. Se registraron también las oficinas de los abogados de Núñez Arias. EFE/ Salvador Sas

"De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.

Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística".

El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales

La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, "es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos". "Que se investigue y se inspeccione más", pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito".

Multas proporcionales, no máximas
Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan "mereciendo la pena" a los infractores. "Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.

El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. "Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella", señala la experta en su compendio".

Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance

Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
"Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales".

Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo "es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección".

"Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia", prosigue, "debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio". Por otra parte, es necesario "que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística".

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martes, 16 de marzo de 2010

EL TRIBUNAL SUPREMO DESCUBRE LA ÚLTIMA MENTIRA SOBRE LA “CARRERA PROFESIONAL” DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS


EL TRIBUNAL SUPREMO DESCUBRE LA ÚLTIMA MENTIRA SOBRE LA “CARRERA PROFESIONAL” DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NO OBLIGABA A DEVOLVER NINGÚN DINERO Y, POR EL CONTRARIO, FACILITABA EL COBRO A TODOS, FIRMASEN O NO EL TRÁGALA DEL GOBIERNO.


El Tribunal Supremo, mediante Auto de la Sala de lo contencioso–administrativo de 4 de febrero de 2010, ya se ha pronunciado sobre el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia del TSJA de 10 de junio de 2009, que anulaba la convocatoria de la “carrera profesional”, rechazando su admisión a trámite.


Según el Alto Tribunal, la sentencia recurrida no era susceptible de recurso de casación, al referirse a un acto administrativo en materia de personal – la convocatoria de adhesión – frente al que no es legalmente posible la interposición de ese recurso.


Esta resolución del Tribunal Supremo deja al descubierto la última de una larga lista de mentiras manejadas impunemente en torno al asunto de la falsa “carrera profesional”: el miedo difundido desde la Administración asturiana a una sentencia que obligara a devolver el dinero. De ahí que se mantenga convenientemente tapada.


Ahora queda meridianamente claro lo que desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se vino repitiendo de forma reiterada: que la sentencia del TSJA sólo anulaba la resolución de convocatoria, pero no el Acuerdo previo del Consejo de Gobierno, que es la norma que obligaba a pagar el complemento retributivo a todos los trabajadores con cinco años de antigüedad, sin necesidad de solicitud previa; y que ninguna cantidad tenían que devolver los trabajadores que había cobrado, porque la vigencia de dicho Acuerdo no estaba en discusión, ni podía ser afectada por la decisión del Tribunal Supremo.


También queda ahora en evidencia que las prisas para legalizar la convocatoria anulada por la Justicia no se debían realmente al deseo de evitar la devolución de lo pagado, sino al propósito de impedir el cobro retroactivo a los trabajadores que decidieron libremente no cumplir la exigencia caprichosa de firmar un cheque en blanco.


A la vista del Auto del Tribunal Supremo, la sentencia del TSJA de 10 de junio de 2009 debió de ser firme y plenamente ejecutiva desde esa fecha, por lo que la propia Sala de lo contencioso – administrativo sale también malparada al ofrecer la posibilidad de interponer un recurso, el de casación, que no era legalmente procedente.


Ante lo que ya se presenta como una gran maniobra de manipulación de la opinión pública asturiana, el Conceyu por Otra Función Pública vuelve a reiterar la petición de dimisión de los consejeros directamente responsables de esta burla, el Sr. Rabanal y la Sra Migoya.


Uviéu, 16 de marzu de 2010

La Xunta Directiva de COFPA


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EL TRIBUNAL SUPREMU DESTAPA LA CABERA MENTIRA DEL GOBIERNU ARECES SOBRE LA “CARRERA PROFESIONAL” DE LOS TRABAYADORES PÚBLICOS: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTICIA NUN OBLIGABA A DEVOLVER NINGUNA PERRA Y, AL AVIESU, FACILITABA’L COBRU A TOOS, ROBLAREN O NON EL TRÁGALA DEL GOBIERNU.

El Tribunal Supremu, pente medies del Autu de la Sala de lo Contencioso–Alministrativo de 4 de febreru de 2010, vien de refugar l’almisión a trámite, del recursu de casación interpuestu escontra la sentencia del Tribunal Superior de Xusticia d’Asturies de 10 de xunio de 2009, qu´anulaba la convocatoria de la “carrera profesional”.

Afita l´Altu Tribunal qu’a la sentencia nun se-y debió dar recursu, por referise a un actu alministrativu en materia de personal que nun lu tien: la convocatoria que obligaba a los funcionarios a aceutar unes valoraciones profesionales desconocíes, feches pela Administración al so petite, o sinón quedar fuera y nun cobrar.

Esta resolución del Tribunal Supremu dexa albentestate la última de la llarga riestra de mentires espardíes dende l´Alministración asturiana alrodiu del asuntu de la falsa “carrera profesional”, ye dicir, la de qu’obligaba a devolver les perres a los que les cobraron. D´ehí que los interesaos la caltengan tapecida.

Con esti autu, el Tribunal Supremu da-y la razón a lo que dende’l Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies vinimos repitiendo dende l’entamu d’esti feu asuntu: que la sentencia del TSXA sólo anulaba la resolución de convocatoria, pero non l´Acuerdu previu del Conseyu de Gobiernu, que ye la norma qu´obligaba a pagar el complementu retributivu a tolos trabayadores con cinco años d´antigüedá, ensin falta de solicitú previa, y que nenguna cantidá teníen que devolver los trabayadores que yá lo cobraren porque la vixencia d´esi Alcuerdo nun taba en discutiniu, nin podía ser afeutada pel determín que tomara´l Tribunal Supremu.

Tamién queda agora n´evidencia que les prieses pa llegalizar la convocatoria valtiada pela Xusticia, ente medies d’una vergoñosa llei, nun se debíen al deséu de torgar la devolución de lo pagao, sinon al propósitu d´impedir el cobru retroactivu a los trabayadores que nun quisieron roblar un cheque en blancu pa que’l Gobiernu Areces pudiere, a caprichu, dar a unos funcionarios sí y a otros non y, al cabu, facer clientelismu coles nómines.

A la vista del Autu del Tribunal Supremo, la sentencia del TSXA de 10 de xunu de 2009 debió quedar fita y dafechamente executiva dende esa data, polo que la propia Sala de lo Contencioso–Alministrativo sal tamién bien percutida por ufiertar la interposición d’un recursu, el de casación, improcedente.

Énte lo que yá s’evidencia como una gran maniobra de manipulación de la opinión pública asturiana, el Conceyu por Otra Función Pública reitera el pidimientu de dimisión de los conseyeros direutamente responsables d´esta burlla, el Sr. Rabanal y la Sra Migoya.

Uviéu, 16 de marzu de 2010

La Xunta Directiva de COFPA

Güeyar l´Autu