Cómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia

 

El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.

Ekaitz Cancela

@ecanrog

12 MAR 2021 06:44

Cuando la generación nacida en los 90 se pregunte dónde terminó el dinero procedente del plan de recuperación económica más ambicioso de la historia, quién se embolsó los miles de millones del fondo ‘Next Generation’, probablemente haga arder alguna de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Especialmente el edificio de PriceWaterhouseCoopers, expresión megalómana del Gobierno de las ‘Big Four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC). Estas consultoras administran las reformas estructurales necesarias para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, sustituyendo a la burocracia encargada de gastar este dinero. En cierto modo, han absorbido al Estado para servir a las necesidades de acumulación de capital de sus clientes, las grandes multinacional españolas que protagonizan los polémicos acuerdos público-privados.

Esta ha sido siempre la naturaleza de Estados como el español en la época neoliberal, la epidemia no ha hecho más que ponerlo de manifiesto. En octubre del pasado año, se conocía que las grandes consultoras movilizaban todos sus recursos, creando también nuevas divisiones y aliándose con la patronal de empresarios (CEOE) para llevarse los contratos de asesoría procedentes del fondo europeo de reconstrucción 'Next Generation UE' para los próximos seis años. Anhelan los 140.000 millones de euros, especialmente los 72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Para ello contactaron con las principales empresas, La Moncloa, los grandes ministerios, las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos con más recursos. Estas firmas conocen las dificultades de las mermadas burocracias modernas a la hora de responder a las situaciones de crisis y lidiar con las reglas de las a su vez tecnocráticas instituciones supranacionales para acceder a la financiación que lo haga posible.

En 2015, como proporción de los ingresos combinados de las diez empresas más grandes de cada país, Kerma Partners calculó que la penetración de mercado de las ‘Big Four’ oscilaba entre el 4% en China, el 6% en Gran Bretaña, el 20% en Alemania y el 30% en España. Si bien no poseemos datos más recientes, las firmas de servicios profesionales no han dejado de crecer. En 2019, sumaron unos ingresos conjuntos de 2.252 millones de euros, lo que supuso una mejora del 7,85% respecto al año anterior y el mejor dato registrado desde 2009.

La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En un clima ideológico neoliberal caracterizado por la subcontratación, o una mayor privatización de los servicios públicos, el resultado del lobbying de las ‘Big Four’ (a través de conferencias, exposiciones, informes de grupos de expertos y presencia constante en prensa) ha sido extremadamente exitoso. La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la entidad adscrita Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargada de canalizar los fondos europeos para el ministerio.

EY también ha asesorado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el proceso de elaboración de la reforma para calcular las pensiones con 35 años que el área económica ha enviado a Bruselas en el marco del plan de inversiones y reformas para acceder a los fondos europeos. Al mismo tiempo, KPMG se ha perfilado como el asesor de RTVE para la captación de los fondos europeos. Y qué decir de PwC, quien ha recibido contratos a dedo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que preste diversos servicios de desarrollo y soporte informático para la gestión de las líneas de avales desplegadas desde marzo a causa del Covid-19. Huelga recordar que en 2013 la exdirectora general del ICO fue inhabilitada 7 años por conflicto de intereses con PwC.

De hecho, también se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido colaboración a las consultoras para redactar el nuevo decreto para los fondos, mientras que algunos ministerios están conversando con el sector a través del sistema del “probono”, es decir, asesoría gratis a cambio de recibir información privilegiada para sus clientes. Estos suelen ser empresas como Iberdrola, Telefónica o Seat, quienes según el Financial Times también han presentado sus respectivos proyectos al Gobierno para recibir un nivel de financiación público inédito hasta ahora.

Para más inri, de acuerdo al periodista de La Marea, Dani Domínguez, consultoras como Deloitte son las misma que asesoran a algunas de las empresas (CEPSA, El Corte Inglés o Endesa, por ejemplo) que optan a los paquetes de ayudas económicas procedentes de los Ministerios cuyos contratos de asesoría también se han adjudicado las ‘Big Four’. Este mimetismo no es nuevo, e incluso conocemos que esta empresa fue multada por auditar una contabilidad, la de Bankia, que ella misma había elaborado. Si además nos fijamos en los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre cómo las 'Big Four' se reparten los grupos del Ibex, observamos que PwC y KPMG tienen once empresas auditadas cada una, percibiendo el 80% de los honorarios totales; le sigue EY, con siete auditorías, y Deloitte, con seis. En total, auditar al Ibex ha repercutido en 275 millones de euros anuales

El primer ataque al Estado: testaferros de las transferencias de beneficios corporativas

Puede que el vulgo haya sido inmunizado a base de ruido mediático ante estos procesos de conquista corporativa, pero eso no significa que las lógicas más salvajes del capitalismo hayan cambiado un ápice con los fondos europeos. Una investigación sobre la estructura subsidiaria de 27.000 empresas multinacionales revela que los clientes de KPMG, Deloitte, EY y PwC mostraban niveles sistemáticamente más altos en las agresivas estrategias  de planificación fiscal que los clientes de firmas contables más pequeñas. De hecho los Paradise Papers filtraron documentos confidenciales que evidencian cómo Deloitte y PwC brindaron asesoramiento fiscal a Blackstone, mayor propietario de viviendas en alquiler en España, para minimizar distintos tipos de obligaciones tributarias en varios países. Esto es, las grandes consultoras facilitan evitar contribuir al fisco, reduciendo la capacidad de los Estados.

Tras las revelaciones, el Consejo de la Unión Europea instó a los planificadores fiscales a brindar más transparencia sobre sus actividades. Aunque corrieron la misma suerte que la iniciativa del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) de la Unión Europea, en primera instancia apoyada por España. Como muestran los distintos estudios, las ‘Big Four’ cargaron contra la medida desarrollando estrategias de reubicación y mitigación de impuestos, preparando evaluaciones de impacto negativo y asesorando sobre tácticas de cabildeo a las empresas que debían hacer todo lo posible para frenar las normativas.

De hecho, si las firmas de consultoría son capaces de vender estas prácticas a otros conglomerados empresariales ello es porque han aprendido tras décadas camuflando sus propias cuentas. Hace varios años, Tax Network estimaba que estos buitres operan desde cientos de ciudades en el mundo, incluidas más de 80 oficinas en paraísos fiscales extraterritoriales, que no imponen impuestos ni requieren que las empresas presenten informes financieros auditados. “A través de esta presencia casi global, las ‘Big Four’ se encuentran en una posición única para ocultar o disfrazar los flujos financieros y diseñar esquemas de elusión fiscal.”

Las firmas de consultoría contribuyen a expandir y reforzar las lógicas del sistema, asegurando que su lógica intrínseca (la transferencia privada de beneficios) se mantenga intacta. Al respecto, la evidencia recabada por un estudio indica que, a través de la venta de esquemas de exenciones fiscales para corporaciones y élites adineradas, las grandes consultoras han facilitado la distribución asimétrica de los ingresos y de la riqueza en detrimento de los trabajadores, restringido aún más la capacidad del Estado para inyectar dinero en la economía. De hecho,  España pierde 3.700 millones al año por la evasión fiscal de ricos y multinacionales, según otro informe de Tax Justice Network

Breve historia del Síndrome de Estocolmo de la burocracia española

El problema añadido es que los Estados recurren a las consultoras como si fueran víctimas de una suerte de síndrome de Estocolmo, un bucle neoliberal que se retroalimenta de la siguiente forma: las distintas administraciones, sin recursos para soportar burocracias fuertes capaces de organizar la distribución justa de los recursos debido a la evasión fiscal, quedan atrapadas en la cultura ‘Big Four’, auditando su propia escasez y comprometiéndose ideológicamente con la austeridad.

Como señalaba Daniela Gabor en una conferencia para el Instituto 25M, el punto de partida de cualquier acuerdo público-privado es precisamente ese: el Estado no tiene suficientes recursos públicos o espacio fiscal para llevar a cabo una inversión; por lo tanto, confía en el sector privado a través de acuerdos que desplacen hacia la infraestructura pública los riesgos, en lugar de sobre los espacios de acumulación de capital. De este modo, por mucho que los ciudadanos voten a gobiernos electos para invertir en infraestructura y erradicar las desigualdades sociales de manera keynesiana, empleando el sistema tributario para redistribuir la riqueza y permitir que más personas vivan una vida plena, esas aspiraciones están sujetas a los límites que impone la industria de la evasión fiscal. Por decirlo de algún modo, las ‘Big Four’ son una suerte de cuerpo sacerdotal corporativo que sirven al elevado fin del capitalismo, la rentabilidad, y velan por las condiciones para su cumplimiento.

Si bien esta historia pudiera parecer reciente, exclusiva a la gestión de los fondos ‘Next Generation’, una mirada atenta al papel y la expansión de la auditoría en España apunta a que esta se remonta, entre otras causas, a las distintas legislaciones aprobadas hace varias décadas. Antes de la Ley de Auditoría de 1988, la auditoría era legalmente requerida solo en un número limitado de situaciones, como establecía la 'Ley de Sociedades Anónimas' de 1951. Al mismo tiempo, la expansión económica que estaba teniendo lugar en ese momento, en buena debido al abrazo de las lógicas neoliberales, provocó el primer boom en la cultura de la auditoría. Como muestran los estudios históricos, a principios de la década de 1980 las principales firmas contables internacionales habían establecido oficinas en España, atraídas por las reformas sociales y económicas socialdemócratas. Las élites patrias justificaron estas soluciones neoliberales por la necesidad de lograr un mejor estatus en Europa, como si esta fuera una forma de llevar a España a la era moderna y alejarla de cualquier asociación con las naciones 'subdesarrolladas'.

Atrapados en la cultura política ‘Big Four’

De acuerdo a los distintos casos de estudio, desde sus inicios la cultura de la auditoría se ha focalizado en las empresas públicas de transporte debido precisamente a una ideología que impone más normas al gasto público que al privado. Según la base de datos recabada para la investigación La economía política del capitalismo digital en España, Renfe, el administrador de infraestructuras ferroviarias de propiedad estatal española dependiente del Ministerio de Fomento, ha contratado al menos 44 auditorías los servicios de las ‘Big Four’ desde 2012. Entre las licitaciones, que ascienden a 9.1 millones de euros, destacan la elaboración del plan de robotización y automatización de procesos del grupo (EY, 167.000 euros), la integración de los sistemas para la venta de billetes de tren (Deloitte, 1.6 millones), o servicios de auditoría de la sucursal de Renfe en Arabia Saudí (KPMG, 672.000 euros). Buena parte de los servicios que se le entregaban después al contribuyente, especialmente en lo relativo a desarrollo de software o de seguridad, han terminado siendo supervisados por las grandes consultoras del país. Mientras, nuestra inteligencia técnica debe emigrar para conseguir una vida digna.

Renfe, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento, ha contratado al menos 44 auditorías los servicios de las ‘Big Four’ desde 2012

En buena medida, la forma en que el poder de los contables corporativos y la lógica de las auditorías se naturaliza, o en su defecto se resiste, depende de la política local, entre otros factores (sindicatos, respuesta de la sociedad civil y mediática). No obstante, buena parte de los ayuntamientos españoles ha escogido la vía de gastar decenas de millones de euros en someterse a las ‘big four’, una cifra incalculable sin scrapear cada boletín provincial. No obstante, algunos casos resultan más curiosos que otros: un contrato de la era Alberto Ruiz-Gallardón para la ordenación, clasificación administrativa y digitalización de expedientes de solicitudes de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (1 millón de euros, PwC); la auditoría de las cuentas de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 del Ayuntamiento de Barcelona, regentado en aquel entonces por Xabier Trías (1.4 millones, PwC); la asistencia técnica para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada del polémico proyecto de “Regeneración de Zorrotzaurre” impulsado por Juan María Aburto (171.000 euros, PwC); o el contrato que mejor expresa el bucle neoliberal, el asesoramiento para la optimización del gasto del Ayuntamiento de Zaragoza (hasta 2 millones de euros, PwC).

Como argumentan los sociólogos, si bien las habilidades técnicas burocráticas son esenciales para ingresar en la profesión de las firmas de auditoría, ascender a la cima de la jerarquía de la empresa requiere un conjunto de habilidades muy diferente, que combina el arte de vender, el conocimiento comercial, el liderazgo, el ‘coaching’ y las relaciones con los clientes. Hasta qué punto la política nacional ha adoptado dichas lógicas mercantiles podrá verse en un mercado podrá en que entre los cargos políticos que cruzaron la puerta giratoria hacia Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG aparece una lista de nombres como Juan Costa, Josep Piqué, Román Escolano, Juan Pablo Riesgo, Borja Sémper o Isabel García Tejerina. En total, más de 20 políticos han escogido a este sector privado en los últimos años. Por todo lo que revela sobre esta ‘praxis’ neoliberal, destaca el caso de Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV), quien se incorporó en el verano de 2018 a la firma PwC. Un año antes, esta firma ganó un contrato para la asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao en el periodo 2018-2022 (150.000 euros).

Durante los diez años de Mariano Rajoy, los distintos Ministerios han delegado sus funciones al poker de consultoras  a través de docenas de licitaciones

Durante los diez años que duraron las dos legislaturas de Mariano Rajoy, (2011-2018), los distintos Ministerios han delegado sus funciones al poker de consultoras ampliamente descritas en este artículo a través de docenas de licitaciones. Algunas resaltan, en buena medida debido a las tendencias que los teóricos críticos de la digitalización han apuntado: la alianza entre Silicon Valley y las cuatro grandes empresas de consultoría no tiene como objetivo la eliminación de las secciones más corruptas del sector público, sino la absorción de las que funcionan bien, o que pueden representar una verdadera revolución radical y democrática de las burocracias gracias al uso que permiten las tecnologías.

Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contrató a PwC en 2010 para llevar a cabo las actividades del área de economía digital del Plan Avanza durante dos años (3.5 millones de euros). De este modo era absorbida la primera hoja de ruta en materia de administración electrónica” y la “estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa”. Al año siguiente, esta cartera subcontrató a PwC la gestión de los programas de “I+D”, “Formación”, “Ciudadanía Digital”, “Contenidos Digitales” y “Servicios Públicos Digitales” (1.6 millones). Un camino similar, el de subcontratar el centralismo de la Administración, al ya consolidado como Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien entregó el desarrollo de aplicaciones en este ámbito a Deloitte (254.000 euros). Como ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón también siguió esta senda a la hora de contratar a PwC para la planificación y formación de usuarios en las aplicaciones y herramientas informáticas de Justicia (965.000 euros). ¿Cuánto dinero para revolucionar las burocracias se ha desperdiciado?

El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’, una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década. El modus operandi de la burocracia en su época conservadora, donde se vivió un boom de licitaciones para llevar a cabo hasta el más mínimo servicio público, experimenta su segunda edad de oro en el mismo instante en que al gobierno más progresista de la historia le toca afrontar la crisis sanitaria de mayor gravedad del último siglo. La única diferencia es que ahora cuentan con fondos europeos de una cuantía nunca vista hasta el momento.

LOS DATOS DE VACUNACIÓN DE ALTOS CARGOS SE PUEDEN HACER PÚBLICOS

 

Publicado por Equipo PSN Sercon | Mar 29, 2021 | Sector sanitario

Los datos de vacunación de altos cargos se pueden hacer públicos, aunque se trate de datos de carácter sanitario. Esto es lo que se desprende de un informe jurídico de la la Agencia Española de Protección de Datos emitido a petición del Delegado de Protección de Datos del Parlamento Autónomo de Asturias.

El caso parte de la petición de información de un parlamentario autonómico asturiano “sobre la relación de altos cargos y cargos directivos del Principado de Asturias, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas a los que se les ha suministrado alguna de las vacunas contra el COVID-19”.

Esta petición de información fue denegada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Su argumentación fue que “siendo el dato relativo al estado vacunal de una persona un dato de salud y, como tal, una categoría especial de dato, su comunicación requeriría, conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 […] el consentimiento explícito del interesado”.

Sin embargo, el DPD de la cámara consideró que en este caso podrían darse algunos de los supuestos legales que levantan esta prohibición de tratamiento. Se trataría de los supuestos recogidos en el artículo 9.2. del RGPD.

Para despejar esta duda, el DPD trasladó el caso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) “por si considerase pertinente pronunciarse sobre los criterios expuestos”.

RESPUESTA DE LA AEPD

La respuesta de la AEPD arranca diciendo que la licitud o no de un tratamiento debe ser determinada por el propio responsable de tratamiento en base al principio de proactividad.

Sin embargo, en función del interés público del caso y con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica, la AEPD considera necesario pronunciarse sobre el fondo del asunto. Es decir, sobre si los datos de vacunación de altos cargos pueden ser revelados en base a alguno de los supuestos del artículo 9.1 del RGPD.

La AEPD destaca que el derecho a la información de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones va más allá del que tienen los ciudadanos:

“Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, previo conocimiento del Portavoz de su Grupo, los Diputados tendrán derecho a obtener de los organismos e instituciones de la Administración de la Comunidad Autónoma los datos, informes o documentos que obren en poder de ésta.”

Según el informe de la AEPD, la información solicitada “responde a la existencia de un interés público esencial, por lo que el tratamiento de categorías especiales de datos, en el presente caso, de datos de los organismos públicos. De nuevo, debe existir un interés público esencial.

En cualquier caso, la AEPD subraya que los datos deberán estar siempre protegidos por las disposiciones del artículo 5 del RGPD: lealtad, licitud, transparencia, limitación de finalidad, minimización, exactitud, plazo de conservación, integridad y responsabilidad proactiva.

CONCLUSIÓN

La AEPD concluye que los datos pueden tratarse porque:

“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.

Y también porque:

“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

De todas maneras, la AEPD deja en manos del responsable de tratamiento el modo en el que se proporcionará esa información con lo que, por ejemplo, se podría optar por revelar datos generales sobre el número de personas vacunadas.

La perduración del caciquismo clientelar

 

ISIDORO MORENO

Catedrático emérito de Antropología

Diario de Córdoba, 21/07/2020

En esencia, el caciquismo clientelar consiste en favorecer selectivamente desde posiciones de poder a algunos de los que están en niveles sociales bajos, beneficiándoles sobre sus iguales, para garantizarse su apoyo y fidelidad. Se trata de prácticas de raíz precapitalista -feudal o señorial- que se han mantenido dentro del capitalismo, a pesar de los cantos a la meritocracia como vía de ascenso social y de la proclamada igualdad formal de todos ante la ley, porque continúa hoy siendo funcionales a los poderosos.

En el Reino de España, el caciquismo clientelar se convirtió, en el siglo XIX, en el eje central del sistema político. Y se adentró en el XX con la primera Restauración Borbónica. En la mayoría de los lugares, sobre todo rurales, las elecciones supuestamente democráticas tenían siempre como vencedor al cacique local o comarcal, perteneciente a alguna de las grandes familias propietarias, o a hombres de paja de estos. El poder económico y social era la fuente del poder caciquil, que desembocaba, y se reforzaba, con el poder político. Así lo vieron Joaquín Costa y cuantos se acercaron con mirada crítica a nuestras realidades. En el sistema bipartidista de la época, los dos grandes partidos del "turnismo" actuaron en base a este modelo, colocando en los puestos de la administración a sus respectivos seguidores y clientes cuando accedían al gobierno, tras cesar a los que antes, siguiendo el mismo procedimiento, habían sido designados por el partido rival (que no enemigo). Y este tipo de organización funcionó también en la gran mayoría de los partidos de la II República, controlados por una sola persona o integrados por facciones que, a su vez, funcionaban caciquilmente. De ahí el rechazo a los partidos de quienes, como Blas Infante, los consideraban enemigos de la democracia por su naturaleza de "organizaciones caciquiles".

Con la dictadura franquista, algunos oligarcas locales se fortalecieron como caciques omnímodos y también pasaron a serlo otros personajes y personajillos fieles al Régimen. Su poder llegó ser casi absoluto sobre las haciendas e incluso la vida de los vecinos. Y muchos de ellos acrecentaron su riqueza o se hicieron ricos desposeyendo a otros o a través de negocios como el estraperlo.

Hace cincuenta años, algunos pensábamos que el caciquismo todavía existente en la época del tardofranquismo, debilitado por la aparición de organizaciones populares y por la propia deslegitimación del Régimen, tendría su fin con la consecución de la democracia. Nos equivocamos, porque pronto los partidos políticos comenzaron a funcionar internamente, con diversas coartadas como la eficacia, la necesidad de publicitar al líder o el centralismo democrático, con arreglo a las normas y usos del caciquismo. "Quien se mueva, no sale en el foto", fue una frase famosa de Alfonso Guerra: una advertencia para que nadie sacara los pies del plato, atreviéndose a disentir o a pensar por sí mismo, porque serían eliminados. Y esto fue general y llega hasta hoy, en lo esencial, en nuestra partitocracia coronada.

En Andalucía, en concreto, desde los años ochenta fue construyéndose un caciquismo de nuevo tipo, ahora con base, más que en el poder económico, en el desempeño de cargos públicos, sobre todo municipales. El cambio en el sistema de ayudas a los desempleados agrícolas fue clave. De exigir trabajo a quienes podían darlo -los grandes propietarios de tierras- los jornaleros pasaron a reclamar subsidios de desempleo o puestos en el PER a los alcaldes, que se convirtieron también en firmantes de peonás imprescindibles para tener acceso a ellos. Surgía así un nuevo caciquismo clientelar, a la vez personal y de partido, que ha sido uno de los elementos centrales del régimen psoísta. Un régimen también reforzado por las tramas clientelares tejidas en los concursos de contratación y en la adjudicación de subvenciones por parte de ayuntamientos, diputaciones y consejerías, con solo contadas excepciones.

Por ello, no son nada nuevo, aunque sí sean igualmente rechazables y aún más descaradas, acciones como las actuales convocatorias de empleo de la Junta -sean para vigilantes de playas o para técnicos de la administración- que se cierran a las 24 horas de su anuncio y señalan como único criterio a tener en cuenta el orden de llegada de las solicitudes. ¿Es arriesgado pensar que estaban previamente avisados aquellos que interesaba la enviaran en los primeros minutos? Como escribíamos aquí hace ya más de un año, el "turnismo" comenzó ya en Andalucía. ¿Alguien creía que con ello podría desaparecer la lógica caciquil-clientelar?

POCOS INGRESOS PÚBLICOS: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL, AGRAVADO POR LA COVID19

 

Posted by Julio González | Sep 28, 2020 

Sostenibilidad del gasto público.

La COVID19 ha vuelto a poner encima de la mesa un problema estructural de la Administración española: su falta de ingresos. La pandemia lo ha transformado en una cuestión dramática en la medida en que del erario público tienen que salir no sólo el dinero para sanidad o educación sino medidas coyunturales como las de los ERTE.

Se puede pensar que no es el momento para una subida de impuestos. Yo creo, por el contrario, que es el momento para analizar la estructura de los ingresos públicos y las carencias que tiene nuestro sistema impositivo para garantizar un gasto público suficiente y que, además, resulte financierametente sostenible.

Dicho de otro modo, en función de la importancia de la economía española ¿recauda el Estado y las demás Administraciones públicas españolas lo suficiente? Porque, evidentemente, ingreso y gasto público son magnitudes paralelas: cuanto más se ingresa, más se puede gastar.

Por tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer no es si las pensiones (o la educación, o la sanidad, o la investigación) son sostenibles o no sino, por el contrario ¿hace el Estado lo necesario para recaudar lo suficiente? Y el marco de comparación es bien sencillo: la Unión Europea. Los datos de los países de nuestro entorno nos darán una idea real de cuál es la política de ingresos de España y si resulta suficiente para afrontar el gasto del Estado del bienestar.

España tiene una presión fiscal mucho más baja que la media de la Unión Europea. Y recauda menos que la Unión Europea. Si tomamos los datos de la Oficina estadística de la Unión Europea, tenemos los siguientes datos: la media del porcentaje de recaudación fiscal en función del PIB es de más del 41,3% y en España es del 34,1%. Son en su mayor parte las bonificaciones fiscales a determinados colectivos lo que determina esa recaudación anormalmente baja en función del Producto Interior Bruto.

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Cuando nos plateamos por qué los servicios sociales en Alemania son mucho mejores que en España, la respuesta es sencilla: la presión fiscal en Alemania es del 40,4%. Pero todas las economías mayores que la nuestra en la zona euro tienen mayor presión fiscal: Francia el 47,6%, Italia el 42,9%. Hasta el Reino Unido, fuera de la zona euro, tiene más presión que nosotros, el 35,1%.

Si subiéramos la presión fiscal a la altura de Alemania, aumentaría la recaudación en casi 70.000 millones de euros.

Sin embargo, la evolución habida durante los Gobiernos del Partido Popular también marca que hay una voluntad de que la recaudación disminuya. El cuadro también está tomado de Eurostat y muestra como, a pesar de los problemas sociales y la falta de fondos para asumirlos, España forma parte del reducido conjunto de países que ha rebajado la presión fiscal.

De hecho, en medio de la pandemia, ha sido la respuesta, junto con el urbanismo, que han dado Gobiernos como el de Andalucía o la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica. Es exactamente el mismo problema que hubo en la crisis de 2008 y cuyos efectos fueron socialmente devastadores

Podríamos aquí entrar a discutir, además, cuál es la estructura de la presión fiscal y cómo se está impidiendo cumplir con el contenido del artículo 31 de la Constitución, cuando está exigiendo la redistribución de la riqueza. El aumento de la presión fiscal indirecta (la que pagamos con el mismo tipo fiscal) es una buena muestra de ello.

Pero en todo caso, fruto de todo lo anterior, de que se ingresa menos de lo que se debería ingresar, se deduce una consecuencia fácil de entender: somos de los países de la Unión Europea con menos gasto público, sin que lleguemos siquiera a la media de la Unión Europea. La crisis de la pandemia y la situación de la sanidad en muchos lugares, especialmente la Comunidad de Madrid es la mejor muestra de este problema

La escasez de la plantilla de la Administración es un problema añadido. Faltan inspectores de trabajo para paliar la economía sumergida. Falta personal para no tener que externalizar muchas actividades, que están suponiendo una gran transferencia de fondos al sector privado y costando más.

Pero es especialmente significativo el problema de la escasez de medios de la Administración tributaria, que repercute directamente en la recaudación y, por tanto, en la capacidad de ingreso para su distribución. Somos, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea que recauda menos IVA en función del Producto Interior Bruto. A la vista de esta tabla, realizada en función de los datos proporcionados por la OCDE, vemos que tenemos una plantilla tres veces inferior a Francia u Holanda y 2,5 veces inferior a Alemania.

Los datos anteriores muestran la falacia del argumento de que las pensiones, o la educación, o la sanidad, o la investigación no son sostenibles. No son sostenibles porque no se quiere tener una presión fiscal suficiente ni se quiere recaudar los suficiente porque no se prevé lo necesario para disponer de personal suficiente para evitar el fraude fiscal. El argumento populista de la bajada de impuestos -tan propio del PP o de Ciudadanos, que lo han aplicado y reclamado- no se sostiene si queremos mantener un Estado del bienestar razonable para un país de nuestras características.

Por su parte, la izquierda ha caído, en mi opinión, en la trampa de no abordar el debate de la recaudación de forma madura. Esto no es sólo un problema de subir los impuestos, sino también de establecer “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” tal como dispone el artículo 31 de la Constitución. Es, por otra parte, una exigencia de la configuración del Estado como social (artículo 1.1. de la Constitución) y del mandato de promover la igualdad de los individuos que está en alrtículo 9.

«Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia», dijo en cierta ocasión Bork, el Rector de la Universidad de Harvard. Trasládelo a la sanidad, la investigación y las pensiones. Y a partir de ahí, extraiga consecuencias sobre los impuestos. Porque para tener mejores servicios en el marco de un Estado social, nos tenemos que dar cuenta de que hay que pagarlos. Y eso sólo se hace vía impuestos.

La Audiencia Nacional anula el proceso selectivo que realizó el Banco de España en 2018 para proveer 92 plazas administrativas

 Actualizado el 09/03/2021, 18:55 horas

Por Redacción Law&Trends

La Sala considera que la actuación del tribunal de selección fue arbitraria en la segunda fase del proceso de selección de las plazas y acuerda la retroacción del proceso selectivo al momento en que se publicaron las listas de los aspirantes que habían superado la primera fase eliminatoria

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha anulado el proceso selectivo que realizó el Banco de España en 2018 para proveer 92 plazas de nivel 5 del Grupo Administrativo al considerar que la actuación del tribunal de selección fue arbitraria en la segunda fase del proceso de selección de las plazas. La Sala acuerda la retroacción del proceso selectivo al momento en que se publicaron las listas de los aspirantes que habían superado la primera fase eliminatoria de aptitud y que se realice la valoración de méritos de acuerdo a lo establecido en las bases y con criterios conocidos por los aspirantes. 

La Sección Quinta de la Sala de lo contencioso estima el recurso de una opositora que superó la primera de las dos fases del proceso selectivo y que fue suspendida en la segunda. 

Las plazas del concurso eran para puestos de Auxiliar Administrativo de Caja en Madrid y sucursales y el proceso de selección se llevó a cabo en dos fases: la primera de aptitud, que valoraba un 60% y la segunda de valoración de méritos que puntuaba un 40%.  

La recurrente alegaba en su demanda que aspirantes como ella que tuvieron una puntuación excelente en la primera fase, se vieron reducidos y desplazados en la fase de valoración de méritos, al valorarse solamente la experiencia de los últimos cinco años, detallando el juego de posicionamientos al alza y a la baja por comparación con otros aspirantes que trabajaban ya para el Banco de España, con lo que la segunda fase que puntuaba un 40% terminó siendo de mayor peso que la eliminatoria de aptitud. 

La recurrente   denunciaba que en esa segunda fase había primado la arbitrariedad frente a la discrecionalidad técnica, habiendo delegado el tribunal las entrevistas a una empresa ajena y conculcando así las bases del concurso. 

En su sentencia, ponencia de la Magistrada Fátima Cruz Mera, la Sala analiza los acuerdos adoptados por el tribunal de selección y llega a la conclusión de que ha existido una clara conculcación del concurso. 

Valoración de méritos realizada por personas ajenas al tribunal

La Sala explica que el tribunal no intervino en la fase de valoración de méritos como así le correspondía única y exclusivamente, que podía recabar la colaboración de vocales especializados pero no actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros. 

El tribunal añade que no estaba prevista ninguna suplencia y que la referencia a los vocales especializados “era a los efectos de colaborar con el tribunal, que no a suplirlo, como de hecho aconteció”. 

La sentencia detalla que  las entrevistas a los candidatos se realizaron en la sede de la empresa People Experts, por un vocal especializado y un representante de la empresa , quienes  valoraron los méritos de los aspirantes, “ conforme a unos criterios de valoración y corrección que, según se desprende de lo actuado, no fueron elaborados por el tribunal, que limitó su intervención a ser informado de ellos a grandes rasgos y a modo de resumen, y a aprobar sin más el resultado de las valoraciones, reiteramos, efectuadas por personas ajenas al tribunal”. Tampoco asistió a las entrevistas el representante de los trabajadores, ni el presidente y el secretario como estaba estipulado en las bases. 

La Sala considera que no es aceptable que no intervenga el tribunal, argumentando la importancia y relevancia de los cargos que ocupan algunos de sus vocales, “pues no se trata aquí de dirimir lo que sea razonable y/o lógico, sino de lo que es o no ajustado a derecho en atención a una intervención en el proceso selectivo en la forma y con el alcance que les imponen las bases”. 

La Sala concluye que “la actuación -o más bien no actuación- del tribunal es arbitraria por la manifiesta y abierta conculcación de las bases, que en cuanto ley del proceso selectivo le vinculaban y que como órgano soberano del mismo encargado de velar por su escrupuloso cumplimiento, no llevó a cabo”. Por ello se aprecia una infracción de los principios de mérito, capacidad y publicidad, con la consiguiente declaración de nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa recurrida. 

La Sala acuerda la retroacción del proceso selectivo al momento en el que se publicaron las listas de los aprobados en la primera fase eliminatoria de aptitud, con el fin de que la fase de valoración de méritos se realice conforme a las bases que obran en la convocatoria al proceso de selección de 29 de septiembre de 2017 y con criterios que deberán adoptarse y dados a conocer a los aspirantes antes de iniciarse la fase de valoración de los méritos, lo que no se hizo en su momento. 

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Por qué la Unión Europea tiene un grave problema de falta de vacunas

 VICENÇ NAVARRO

MARZO 10, 2021

PÚBLICO

Vicenç Navarro
Profesor de Health and Public Policy en The School of Public Health, The Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra

Si miramos el porcentaje de la población que vive en los países de la Unión Europea que está hoy vacunada contra la COVID-19, vemos que es sorprendentemente bajo, muy por debajo de la capacidad real de producir tales vacunas que tienen el colectivo de países que constituyen esta unión. En realidad, es mucho más bajo (7,5% de media con la primera dosis a 8 de marzo) que el país que había sido miembro de la UE hasta hace muy poco, el Reino Unido (33,6% con la primera dosis a 7 de marzo), el cual decidió salirse de ella mediante el proceso conocido como BREXIT, e incluso más bajo que EEUU, donde los porcentajes ya son muy superiores a los de la UE (18,3% con la primera dosis a 8 de marzo); si tomamos como indicador la población completamente vacunada (con dos dosis), los porcentajes son todavía más bajos (3% en la UE, 1,7% en el Reino Unido y un 9,4% en EEUU, a 8 de marzo). En realidad, un número creciente de países europeos, sobre todo de la Europa Oriental, se han ido saliendo del marco desarrollado por la UE para abastecerse de vacunas, comprando vacunas procedentes de Rusia, como la Sputnik V (en el caso de Hungría o Eslovaquia) o de China, como la desarrollada por Sinopharm (en el caso también de Hungría).

La capacidad de producción farmacéutica es de las más elevadas del mundo

Esta situación de gran escasez de vacunas es paradójica, pues los países de la UE tienen en su conjunto un gran tejido empresarial farmacéutico. Y sus máximas autoridades (como, por ejemplo, la Comisión Europea), así como gobiernos dentro de ella (como el alemán), habían manifestado, desde el principio de la pandemia, su interés en facilitar vacunas contra la COVID-19, proveyendo amplios fondos públicos para financiar la investigación que permitió más tarde el desarrollo y la producción de tales vacunas. La UE ha sido el segundo grupo de países en volumen, después de EEUU, en proveer fondos públicos para estimular dicha investigación y producción. La Comisión Europea (junto con la OMS) movilizó el 4 de mayo de 2020 casi 8.000 millones de dólares en apoyo a la investigación en la producción de vacunas contra la COVID-19 y material relacionado, como jeringuillas. Pocos días después, el 15 de mayo, el gobierno federal de EEUU invirtió 10.000 millones de dólares en facilitar tal producción. Posteriormente, ya a mediados de septiembre, BioNTech (la empresa alemana que se había aliado con la compañía estadounidense Pfizer) recibió 375 millones de euros del gobierno alemán y Oxford-AstraZeneca recibió 1.000 millones de dólares de fondos públicos (datos extraídos del informe "How Europe fell behind on vaccines", Politico, 27.01.21). Los fondos públicos fueron, pues, determinantes para la producción de las tres vacunas más conocidas en la UE: Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca. La evidencia de ello es abrumadora. Y los compradores de las vacunas han sido autoridades estatales. La producción, sin embargo, ha sido un negocio privado.

Las conocidas y discutidas causas de este retraso. La lentitud de la burocracia europea

Una de las mayores causas que han sido señaladas como  responsables de tal retraso es la lentitud de la agencia europea encargada de la regulación de la seguridad y eficacia de los productos de la industria farmacéutica, la European Medicines Agency (EMA), una agencia que, como ocurre también con una semejante en EEUU, la Food and Drug Administration (FDA), tiene la responsabilidad de garantizar que los productos farmacéuticos pueden distribuirse, exigiéndose su previa aprobación para poder ser comercializados en la UE. Esta crítica se hace predominantemente por parte de voces liberales, quejosas de la burocracia europea, conocida por su lentitud. Y, a la luz de los datos, tal crítica parece ser merecida, pues, por regla general, la EMA tarda más tiempo (unas tres semanas más, como promedio) en aprobar una vacuna contra la COVID-19 que lo que tarda su homóloga en EEUU, la FDA. El coste de este retraso es de casi 50.000 muertes por COVID-19 en tres semanas, el número de vidas que podrían haberse salvado si estas vacunas hubieran estado disponibles. Dicha agencia no ha aprobado todavía las vacunas rusas o chinas.

Otra causa citada: la exportación de las vacunas a otros países de la UE

Otro argumento que se ha utilizado para explicar la escasez de vacunas contra la COVID-19 es la exportación de dichas vacunas producidas en la UE a otros países no pertenecientes a ella, situación que ha forzado a Italia (a la que se ha sumado Francia) a prohibir que las empresas productoras las exporten a países ajenos a la UE. No hay duda de que, en la situación actual de gran escasez de vacunas en la UE, esa exportación contribuye a agravarla. Pero este problema dista mucho de ser la principal causa de la escasez, que es el excesivo poder de las empresas farmacéuticas productoras de tales vacunas y su comportamiento monopolístico en busca de la maximización de sus beneficios a costa del bien común. Veamos los datos.

Quién se beneficia más de esta escasez de vacunas: cómo funcionan las empresas privadas productoras

La industria farmacéutica tiene como objetivo el incremento de sus beneficios empresariales, que repercuten primordialmente en sus accionistas. Este es un objetivo muy legítimo en las economías de mercado, pero que puede entrar en conflicto (y lo hace frecuentemente en áreas sanitarias y de salud pública) con el bien común de la mayoría de la ciudadanía. Hay múltiples ejemplos de ello. Soy consciente de que últimamente se está hablando mucho de la responsabilidad social del mundo empresarial, intentando relativizar la importancia del primer objetivo, es decir, la optimización de los beneficios. Ahora bien, sin negar la posibilidad de que esta responsabilidad pueda darse, el hecho es que es una dimensión secundaria, como muestra el comportamiento de las tres empresas que producen las tres vacunas más utilizadas en la UE. Tales compañías (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) tienen grupos de accionistas bien conocidos en el mundo del capital financiero. Pfizer es una de las mayores empresas (n.º 49) del mundo, con un capital de 194.000 millones de dólares. Entre sus accionistas predominan intereses financieros, incluyendo especulativos, como Black Rock y bancos internacionales. Moderna, estadounidense, establecida en 2010, tiene previsto alcanzar un capital en 2021 de 20.000 millones de dólares. AstraZeneca, británica, espera alcanzar 2.000 millones de dólares. Johnson and Johnson, estadounidense, 10.000 millones de euros. Y así un largo etcétera. Sus beneficios son enormes. Nunca se habían alcanzado unos beneficios tan elevados.

¿Por qué se alcanzan unos beneficios tan altos?

Estos beneficios de empresas privadas no se alcanzarían si no fuera porque los Estados y las organizaciones internacionales que estos establecen no solo lo permiten, sino que facilitan que así ocurra. Les han garantizado que, por un período largo, que puede durar hasta 20 años, ninguna otra empresa podrá producir y comercializar tales vacunas. Solo estas empresas podrán hacerlo, dándoles la exclusividad y el monopolio de venta de tales productos, vitales y esenciales para salvar vidas. Y la justificación para mantener este derecho de propiedad (el famoso copyright) es que hay que compensar a las empresas privadas por el coste de haber desarrollado y producido tales vacunas y haberse arriesgado a hacerlas (cuando, en realidad, gran parte de este coste fue cubierto con fondos públicos, además de tener asegurada de antemano la colocación del producto). Dean Baker, el economista que ha estudiado con mayor detalle el comportamiento de la industria farmacéutica, ha documentado extensamente la falta de credibilidad del argumento (ampliamente extendido entre economistas liberales) que afirma que la industria necesita que se le garanticen tales derechos de propiedad durante períodos tan largos para compensar los costes de la producción.

La realidad es que ese copyright es consecuencia del enorme poder político y mediático de dichas empresas. De hecho, el poder político está claramente influenciado por estas empresas, como fue el caso de la Administración Trump (cuyas campañas electorales estuvieron financiadas, en parte, por la industria farmacéutica) o de la Comisión Europea (dirigida por partidos conservadores-liberales de gran sensibilidad hacia el mundo empresarial, el gran benefactor y sostenedor de las sacrosantas leyes del mercado, siempre muy favorables a las tesis de optimización de los beneficios empresariales). Este poder político es el mayor responsable de que este copyright se mantenga, incluso a costa de sacrificar el bien común, como lo son las vidas de las personas que mueren, unas muertes que se hubieran evitado si se hubiera tenido la vacuna.

Es más, su monopolización del mercado ha creado unas situaciones que deberían denunciarse, como el elevadísimo precio que exigen a los países pobres, muchas veces superior al precio que exigen a los países ricos. Según un informe de UNICEF, la compañía Oxford-AstraZeneca, que pide 3,5 dólares por vacuna a la UE y 4 dólares a EEUU, exige 8,5 dólares a Uganda. Es más, a países en los que se llevó a cabo la fase experimental de las vacunas, como Argentina y Brasil, no se los tuvo en cuenta en el cálculo del coste del producto. Y en la UE, las farmacéuticas han ido modificando los precios pactados inicialmente a medida que la demanda internacional ha ido aumentando, según la ley del mercado.

¿Todo esto es evitable?

Está claro que en una situación tan dramática como la actual, en la que están muriendo casi 10.000 personas cada día en el mundo por COVID-19, no puede (o no debería) darse una situación como esta. Hoy esta enfermedad ha causado ya más muertos en el mundo que cualquier conflicto global anterior.

El número de muertes, y el enorme coste en el bienestar y calidad de vida de las poblaciones en todas las partes del mundo exigen un cambio sustancial en la dinámica productiva y distributiva de las vacunas y otros elementos necesarios (que van desde jeringuillas a personal de vacunación) a nivel europeo y a nivel mundial. Como ocurre en la otra gran crisis mundial que hoy sufre la humanidad, la crisis climática, la supervivencia y bienestar de las poblaciones está en cuestionamiento como consecuencia de la pandemia.

Y la medida más urgente es intentar movilizar masivamente a la industria farmacéutica a nivel local y mundial (así como a todos los servicios y empresas productoras de tales materiales) para, como se hizo para erradicar la poliomielitis en el mundo, se fabriquen estos productos poniendo, al menos provisionalmente (mientras dure la pandemia), el copyright en suspenso, de manera que cualquier país o grupo de países puedan producirlos. Y a unos precios asequibles, definidos política y democráticamente, que aseguran su universalidad.

En una supuesta guerra contra el virus es erróneo, inhumano y cruel en extremo que se permita anteponer el derecho de unos pocos al derecho de todos. Y ello trasciende la clásica división de países ricos versus países pobres, pues en los países ricos hay también gran escasez de vacunas, aunque no tanta como en los países pobres. Perpetuar esta situación sería equiparable a que en la II Guerra Mundial se hubiera permitido a la industria militar dictar los términos y precios de los productos bélicos necesarios.

Por fin estamos viendo que comienza a haber un cambio. Como consecuencia de una agitación social que se está expandiendo a los dos lados del Atlántico Norte, hoy hay manifestaciones populares en protesta por la falta de vacunas, lo que ha llevado en EEUU al presidente Biden a utilizar las leyes aprobadas durante la II Guerra Mundial para estimular y/o forzar la producción de vacunas en muchos puntos del país. ¿Por qué no lo hace la UE?

Denuncian el 'apaño político' que anuló el resultado del concurso para presidir RTVE

El resultado del concurso no se tuvo en cuenta a la hora de elegir a los vocales del Consejo de Administración. Sólo tres de los diez seleccionados 'a dedo' por los partidos se encontraban en la lista de 20 finalistas

RUBÉN ARRANZ, VOZPÓPULI

PUBLICADO 05/03/2021 04:45

El modus operandi que el Congreso de los Diputados ha seguido para resolver el concurso público que convocó, en 2018, para elegir a los vocales del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española ha sido ampliamente cuestionado. De hecho, uno de los candidatos, Miguel Ángel Sacaluga, anunció recientemente la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que denuncia la 'indefensión' que sufrió durante el trámite. Este episodio ofrece una idea sobre las discrepancias que se han producido sobre su tramitación.

El último alegato que se ha realizado contra este procedimiento lo ha recibido -y rechazado- la Mesa del Congreso de los Diputados y está firmado por Jaime Nicolás Muñiz, quien, según han explicado a Vozpópuli fuentes parlamentarias, denuncia que la Mesa de la Cámara no cumpla las normas del citado concurso.

El aludido, que participó en el proceso, impugnó la decisión que tomó este órgano rector el pasado 15 de diciembre, por la que llamó a comparecer en el Congreso de los Diputados a los 94 candidatos que se habían presentado al citado concurso.

Esto echaba por tierra el trabajo del Comité de Expertos que durante el verano y el otoño de 2018 examinaron los currículum y los proyectos de gestión que presentaron todos ellos, los puntuaron y seleccionaron a los 20 mejores, entre los que el Congreso y el Senado debía elegir a los diez consejeros.

Paridad en la nueva RTVE

La razón principal por la que se anuló el dictamen de los 'examinadores' es la falta de paridad que existía entre los finalistas, donde sólo había cuatro mujeres. Una de ellas, Alicia Gómez Montano, fallecida hace más de un año.

Las comparecencias de los 94 aspirantes al Consejo de RTVE se sucedieron durante un mes y medio, desde el pasado enero, en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja. Una vez terminaron, se declaró idóneos para ejercer el puesto a todos los candidatos.

El PSOE, Unidas Podemos, el Partido Popular y el PNV aprovecharon esta decisión para seleccionar a los 10 candidatos con los que más filiación ideológica tenían, que quedaron en las posiciones 4, 12, 17, 21, 22, 35, 39, 56, 59 y 86 de entre las 94 personas que participaron en el concurso.

En otras palabras, sólo 1, José Manuel Pérez Tornero, el próximo presidente, se encontraba entre los 5 primeros; y sólo 3 entre los 20 que el Comité de Expertos declaró como aptos para formar parte del Consejo.

Jaime Nicolás Muñiz solicita en el escrito que ha dirigido recientemente a la Mesa del Congreso la anulación de la decisión por la que se aceptaba la idoneidad de todos los participantes, en cuanto a que también considera que vulnera el reglamento del concurso.

El procedimiento, por cierto, no ha concluido, puesto que el Senado ha solicitado en las últimas horas la comparecencia de todos los aspirantes. Las intervenciones comenzarán la próxima semana, y lo harán a sabiendas de que los partidos ya han pactado que las cuatro vacantes del Consejo de Administración sean ocupadas por Ramón Colom, Concepción Cascajosa, Roberto Lakidaín y Consuelo Aparicio.

Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, con el autor del último recurso relacionado con el concurso para elegir al presidente de RTVE, el cual, por cierto, fue rechazado por la Mesa del Congreso al entender que su firmante no tenía legitimidad para solicitar la reconsideración de los citados acuerdos.

También argumenta que la Comisión de Nombramientos decide con autonomía y conforme a sus propios criterios.