La preparación privada de opositores es un sector poco regulado con miles de alumnos
El País, 5/1/2017
El ex opositor ha preferido ocultar su nombre.
Ahora está quemado con el sistema, pero quizá un día retoma las
oposiciones y no quiere posibles represalias. En la vida del opositor
a alta función pública, la rutina más fija es ir a cantar los temas al
preparador, una o dos veces por semana. Los preparadores son casi
siempre funcionarios que ya han aprobado esas mismas oposiciones.
La mayoría de preparadores lo hace en privado en
su casa, aunque también hay academias: “Donde hay más preparadores
privados es en la carrera judicial: alrededor del 80-90% son
particulares”, dice Jesús Martínez, director del Área de Oposiciones de
la Academia CEF. En la sede madrileña de esa academia tienen este curso
unos 30 opositores a judicatura. En 2015, hubo 3.982 opositores que
intentaron aprobar las oposiciones para juez y fiscal, que son la misma.
Otros 3.240 aspiraban a ser Letrados de la Administración de Justicia
—antiguos Secretarios judiciales— y 938 querían ser Inspectores de
Hacienda y Empleo.
Son algunos de los miles de aspirantes en las
oposiciones principales a la categoría más alta de funcionarios en
España, la A1. El precio medio que paga un opositor a su preparador
particular depende del funcionario, la provincia y el método —hay quien
prepara por Skype—, pero ronda los 200 euros y la media de alumnos es de
10. El sobresueldo de los preparadores puede llegar a duplicar su
salario como funcionarios en un negocio que mueve varios millones de
euros anuales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requiere a los jueces
que quieran preparar que pidan un permiso de compatibilidad si van a
dar más 75 horas anuales. De los 5.502 jueces en activo, lo habían
pedido hasta 38 hasta mediados de noviembre. Y de esos 38, no todos
preparan por cuenta propia. Algunos lo hacen en academias, con lo que la
posible falta de permiso es más fácil de descubrir. En el actual CGPJ
no recuerdan ninguna sanción a un juez o magistrado por el
incumplimiento de la incompatibilidad como preparador de oposiciones. No
es algo que se controle con escrúpulo.
El dinero que los altos funcionarios ingresan por
estas clases no está regulado. La tributación depende exclusivamente de
la buena voluntad de los empleados públicos. “Hay un agujero en la
tributación de esta labor”, dice Álvaro García Ortiz, portavoz de la
Unión Progresista de Fiscales. “No solo es feo, es ilegal. Es del tipo
de cosas que la gente prefiere mirar a otro lado. Esto era escandaloso
hace unos años y ahora se va regularizando algo más, pero no es aún un
campo limpio”, añade. Quizá cada vez vaya mejor, pero no hay ningún dato
que permita verificar si mejora o empeora. Solo una cosa sigue igual:
no está regulado.
El caso sería menos escandaloso si los implicados
no fueran quienes por la mañana imparten justicia y controlan fraudes
que por la tarde se sienten con la libertad de ignorar.
Los funcionarios que preparan a opositores deben
declarar sus ingresos como rendimiento del trabajo. El sistema de
tributación es el mismo que cuando dan un curso o una charla y una
entidad les pagan. Pero entonces queda una huella: el pago de la empresa
que organiza el acto. Los opositores no son sin embargo una empresa
cuyos pagos pueda trazar la Agencia Tributaria, a no ser que haya una denuncia, que puede ser también anónima.
El rastro que dejan los opositores es un largo
hilo de lamentos privados y anónimos en foros de internet donde
comparten en soledad sus problemas: “Yo creo que no es pedir mucho, dado
el pastón que [los preparadores] se sacan y el sobresueldo que tienen a
costa nuestra (en negro, claro)”, dice uno. Y otro: “La mayoría de los
preparadores se están lucrando a base de bien con nuestro sufrimiento
sin estar a la altura de las circunstancias, la inmensa mayoría de ellos
cobrando en negro, sin comunicar al CGPJ que son preparadores, sin
darnos un recibo ni garantía alguna”.
Los mensajes de estos foros son anónimos y por
tanto sin posibilidad de atribución, pero las quejas coinciden con un
secreto a voces que he podido contrastar en numerosas conversaciones off
the record con jueces, fiscales, inspectores de trabajo y de hacienda.
Este periódico ha contactado con una coordinadora de uno de estos foros
—que también prefiere ocultarse porque oposita— que confirma la
existencia de personas reales detrás de los mensajes.
Nadie ni siquiera dentro del cuerpo es capaz de
demostrar qué hacen sus compañeros que preparan más allá de haberlo oído
o intuido en charlas informales. He intentado hablar por teléfono y por
correo electrónico con varios preparadores. Ninguno ha querido comentar
su labor con un periodista, antes incluso de mencionar el problema de
la tributación: “Yo si te digo la verdad no sé quién eres. No voy a
hablar con una persona desconocida”, dijo uno.
Desde el CGPJ destacan así la dificultad de
descubrir casos ilegales: “Como este tipo de actividad se desarrolla
fuera del horario laboral, y evidentemente fuera de las sedes
judiciales, el CGPJ no puede ejercer ningún control. Como no puede
hacerlo ninguna empresa sobre las actividades que desarrollen sus
empleados en su tiempo libre”, dicen fuentes del CGPJ.
La Agencia Tributaria tiene un problema similar:
sin denuncia es difícil actuar y encontrar pruebas. Los opositores son
los únicos que podrían presentar una denuncia anónima para que se
investigara. Pero la falta de factura —un recibo puede hacerlo
cualquiera— complica aún más las pesquisas. Fuentes de la Agencia
Tributaria confirman que sin una “constatación de incumplimientos” es
difícil actuar: “La Agencia Tributaria permanece atenta a cualquier
incumplimiento del que pueda existir la suficiente información, de modo
tal que pueda ser comprobado y, en su caso regularizado”.
Desde la inspección de Hacienda apelan a la
conciencia y al control corporativo como solución: “Puede ser que haya
un alto funcionario que no tenga ninguna conciencia fiscal y sus
compañeros tampoco la tengan. Pero nuestro cuerpo hay cierta conciencia
fiscal”, dice José Luis Groba, presidente de la Organización Profesional
de Inspectores de Hacienda del Estado. “Es un mundo pequeño y todos nos
conocemos. No vas a quedar mal y que tus compañeros digan ‘mira este
jeta’”, añade Groba.
Los jueces sin embargo creen que la inspección de
Hacienda podría hacer más: “La inspección de Hacienda tendrá mucho
trabajo y esto no suele vigilarlo. Debería vigilarlo más”, dice Jaime
Anta, de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. Anta añade luego
la pregunta más compleja: “Pero por mucho que lo regules, ¿cuál es la
solución para que se declare a Hacienda?”
Con la crisis, el número de plazas se ha reducido:
en 2010 y 2011 hubo 400 plazas, en 2012 ni siquiera hubo convocatoria y
en los últimos tres años se han ofrecido solo 100 plazas. A pesar de
que las plazas se han reducido, el número de opositores se ha mantenido
constante. El negocio de la preparación por tanto no ha descendido con
la crisis.
El agujero de la falta de control fiscal no
implica obviamente que todos se aprovechen. La falta de regulación
provoca otro problema: el mantenimiento del sistema impide que se cree
un sistema regulado de opositores, con sus becas y ayudas. Hoy pocos jóvenes
pueden sacarse unas oposiciones a alto funcionario sin disponer de una
media de 200 euros al mes. Las ayudas actuales son escasas y puntuales:
el gobierno vasco da alguna, la Asociación Profesional de la
Magistratura ha empezado a dar este año 10 becas anuales de 1.200 euros
financiadas por el Banco de Santander. No es nada sistemático.
“Siempre preparaban los niños con posibilidades.
En mi época solo preparaban la gente que vivía en la ciudad o quienes
tenían recursos. Es inaudito. El propio Estado debe fomentarlo”, dice
Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de
Trabajo. Una opción, propone Yébenes, sería la creación de una escuela
donde los preparadores tuvieran un nivel contrastable y los alumnos ya
pudieran ser seleccionados por mérito.
Una escuela haría que la calidad de los
preparadores estuviera más definida. No hay ahora un modo de controlar
la calidad pedagógica de cada preparador. Por su inocencia, el inicio
del estudio de los jóvenes opositores puede caer en manos de
preparadores con pocas aptitudes para enseñar: “Cuando te enteras de qué
va la vaina, en realidad el negocio es mucho. Yo abandoné a mis dos
primeros preparadores porque no tenían una metodología, no sabían qué
hacían a nivel memorístico”, dice un opositor.
Hay pocos incentivos para cambiar el sistema:
“Cuando sacaron el sistema de becas a opositores, algunos preparadores
se negaron a emitir el informe porque creían que era un sistema para ser
controlados por Hacienda”, dice un opositor anónimo. El sueldo extra es
un modo de subsanar todas las incompatibilidades laborales de estos
cuerpos de altos funcionarios.
Si no hay cambios, el sistema para escoger a los
representantes más altos del Estado seguirá implantado tal como describe
este otro opositor anónimo: “La gran mayoría hemos tenido el mismo
problema para buscar preparador. Se suelen encontrar preguntando en las
Audiencias, Fiscalía, profesores de universidad. Es echarle morro al
asunto y moverse un poco. Como cobran en negro, muchos prefieren
mantenerse en el anonimato y se anuncian a través de conocidos”.
