LEYES DE TRANSPARENCIA: ¿SOLUCIÓN O MAQUILLAJE DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICO - ECONÓMICA?

Acto en el Club de Prensa Asturiana de la LNE


Martes, 16 de abril de 2013, 20:00 horas

LEYES DE TRANSPARENCIA: ¿SOLUCIÓN O MAQUILLAJE DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICO - ECONÓMICA?

Mesa redonda

Colaboran:  Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) 
Participan:  
José María Estrada Janáriz, Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández, del cuerpo superior de administradores y miembros de COFPA (Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies)
y Miguel Ángel Llana Suárez, ingeniero y editor de Asturbulla.com 

Corrupción y función pública

Una administración autonómica y local profesional y solvente frenaría los abusos

Carles Casajuana

El País, 05/04/2013

Hace cerca de un siglo G. K. Chesterton se declaraba horrorizado por el escaso número de políticos que iban a la horca. Hoy nos repugna la pena de muerte, pero entendemos muy bien la ironía del escritor inglés. La entendemos tan bien que si sustituimos horca por cárcel la frase se convierte en un lugar común. También entendemos a Kissinger cuando decía con guasa que el problema de los políticos es que hay un 90% que echa a perder la reputación de todos los restantes.

¿Es esto lo que está ocurriendo? No lo creo. La gran mayoría de nuestros políticos son personas profundamente honradas que hacen su trabajo con gran dedicación y responsabilidad. Pero es indudable que tenemos un problema, y serio. No pasa semana que no aparezca un nuevo caso de corrupción. Los únicos partidos que no están implicados en ningún escándalo son los que no han gobernado nunca.

Entre las circunstancias que han hecho posible este lamentable estado de cosas rara vez se menciona una a mi juicio clave: la debilidad de la Administración autónoma y municipal. Es cierto que sin las ingentes cantidades de dinero generadas por la burbuja inmobiliaria muchos de los casos que hoy ocupan las páginas de los periódicos no se habrían producido. En la intersección entre los excesos en la construcción de viviendas e infraestructuras y la deficiente regulación de la financiación de los Ayuntamientos y de los partidos políticos se halla el punto más oscuro de nuestra historia democrática reciente. Pero, del mismo modo que pequeños dispositivos de seguridad bastan para prevenir un porcentaje significativo de robos, una Administración autónoma y local más profesional e independiente, al evitar la sensación de impunidad y descontrol, habría podido frenar una parte no desdeñable de los abusos cometidos.

Las autonomías se
han poblado de redes caciquiles y de interinos
y asesores a dedo

No creo que sea por azar que en la Administración central del Estado, articulada en torno a grandes cuerpos de funcionarios de carrera con larga tradición y un fuerte espíritu corporativo, la corrupción sea considerablemente más baja que en autonomías y Ayuntamientos. El funcionario de carrera rara vez es corrupto. En un país como el nuestro, en el que hay tanta gente que cree que la honestidad debe ser una cualidad ajena, el funcionario de carrera suele formar parte de esta amplia mayoría de ciudadanos que —como decía Jaume Perich— no solo deben ser honrados sino que además tienen que aguantarse.

No hace falta haberse carcajeado con los episodios de la vieja serie británica de televisión Sí, ministro, ni haber leído Por qué fracasan las naciones, de Daron Acemoglu y James Robinson, para comprender que una Administración capaz e independiente, con altos funcionarios capaces de hacerse respetar, puede ser un instrumento tan útil para la defensa de los intereses de los ciudadanos como enojoso para los políticos que intentan aprovecharse de sus cargos. Un buen funcionario es, sin proponérselo, un guardián de la ley. Su mera presencia evita tentaciones. ¿De dónde saca la fuerza para parar los pies al superior o al político que va a cometer un abuso? De su vocación de servicio a los intereses generales y de su seguridad de que, en última instancia, su futuro profesional no depende de la persona a la que planta cara, sino de su reputación y de su intachable trayectoria.

¿Existe una Administración de este tipo en nuestras autonomías y Ayuntamientos, una Administración que haga pensar más en Max Weber que en la novela picaresca? En muchos casos, no. Las Administraciones autónomas, que al ser de nueva planta podrían haber resultado ejemplares, en vez de establecer departamentos fuertes integrados por funcionarios solventes capaces de defender los intereses generales se han poblado de estructuras caciquiles y de interinos contratados y asesores nombrados a dedo que, al no contar con ninguna seguridad en su empleo, carecen de fuerza para frenar los abusos de sus superiores, si no es que caen ellos mismos en la tentación de dejarse sobornar para asegurarse la vejez. Y en la Administración local nadie se ha preocupado hasta ahora de dotar a los funcionarios de la fuerza suficiente para hacer frente a los poderosos intereses inmobiliarios. Solo muy recientemente el Gobierno ha caído en la cuenta de la incongruencia que supone que los interventores y secretarios de Ayuntamiento dependan de los políticos a los que tienen que asistir y controlar y ha propuesto reforzar su independencia. La iniciativa en este sentido constituye un paso en la dirección adecuada. Pero cabe dudar de que sea suficiente.

El Estado de derecho
requiere contrapesos. Una administración fuerte y
motivada es uno de ellos

Según cifras que leo en la prensa, pese a los recortes de los últimos años hay más de 200.000 interinos en las Administraciones autónomas. Súmese a ello a las personas contratadas por empresas, fundaciones y consorcios públicos de ámbito autonómico y los interinos y contratados que hay en los Ayuntamientos, que deben de ser muchos miles más. Dudo que nadie conozca la cifra exacta. Seguro que muchas de estas personas desempeñan su labor con responsabilidad y eficacia, pero el hecho de que su ingreso no se haya producido con publicidad y transparencia y que su permanencia esté sometida al arbitrio de sus superiores les convierte en vulnerables a las presiones políticas y hace muy difícil que se opongan a abusos y corruptelas. Al amparo de la libertad para nombrar interinos y asesores y someter a su control personal a las piezas clave de la burocracia a sus órdenes, los gerifaltes autonómicos y municipales de las dos últimas décadas han tejido unas redes clientelistas que hacen palidecer al caciquismo de hace un siglo.

El resultado está a la vista. En estos momentos no recuerdo ningún ministerio afectado por un escándalo de corrupción. En cambio, me vienen en un instante a la cabeza una larga lista de autonomías y Ayuntamientos carcomidos hasta la médula. La lección que cabe sacar de ello es obvia. Una de las cosas que cabe hacer para luchar contra la corrupción, hoy que el edificio político y legal construido en la Transición reclama reformas urgentes, es fortalecer la profesionalización y la independencia de los funcionarios, en particular los autonómicos y locales —sin resucitar privilegios ni alentar el corporativismo, por supuesto—, con el fin de que contribuyan a asegurar la solidez del sistema democrático, como lo hacen en los países de nuestro entorno.

El Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Una Administración fuerte y motivada es uno de ellos. Del mismo modo que ninguna democracia puede funcionar sin partidos políticos y que el papel de una prensa plural e independiente es crucial, una Administración integrada a todos los niveles por funcionarios que ingresen y hagan carrera por méritos profesionales y no por contactos personales o afinidades políticas, que sirvan a los ciudadanos y no a los partidos, es una barrera necesaria para que la corrupción no socave las instituciones.

Carles Casajuana es escritor y diplomático, y ha sido embajador de España en el Reino Unido.

Los ciudadanos necesitamos saber quién está detrás de los partidos

Diario El Comercio 2/4/2013

El Tribunal de Cuentas no tiene poderes suficientes para hacer un control efectivo de las donaciones privadas que reciben las fuerzas políticas»

Fernando Jiménez evaluador del Grupo de Estados contra la Corrupción

Fernando Jiménez (Almería, 1963) es profesor en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es evaluador en el Programa Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. El jueves ofrecerá una conferencia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón, donde someterá a examen a los partidos políticos españoles.

-¿Qué opina del paquete de medidas anticorrupción lanzado por el Gobierno central?

-En España siempre tratamos de enfocar la lucha contra la corrupción con una lista enorme de medidas y muchos cambios normativos, cuando en realidad ya hemos comprobado muchas veces que no funciona.

-Entonces, ¿por qué se insiste en lo mismo?

-Porque es algo muy sencillo de hacer. Das a entender a la opinión pública que quieres enfrentarte al problema sin correr el riesgo de hacerlo de verdad, sin tomarte muy en serio los verdaderos objetivos. Con las decisiones tomadas tras el debate sobre el estado de la nación surge ese problema: hay un conglomerado de medidas que no están estructuradas, presentan contradicciones y no están bien orientadas desde el punto de vista sustantivo.

-¿A dónde habría pues que reorientarlas?

-A elaborar medidas que dificulten el uso patrimonialista de los recursos públicos. Un partido que esté en estos momentos al frente de una administración pública, especialmente a niveles regionales y locales, tiene una capacidad de maniobra enorme para decidir cómo repartir los recursos que maneja.

-Y eso no es bueno...

-Lo que hacen las formaciones es utilizar esos recursos para construir redes clientelares y conseguir así apoyos para el partido, que les permiten permanecer en el poder, a través del intercambio de recursos públicos por votos o aportaciones financieras. Las políticas anticorrupción deben cortar la posibilidad de que los partidos puedan distribuir los recursos de manera tan discrecional.

-¿Cómo?

-Profesionalizando mucho más la administración pública, haciendo más difícil que los partidos impongan determinadas decisiones sin sentido, como algunas de las referidas a obra pública, que van en contra de la lógica de una gestión saneada. Todo este tipo de decisiones despilfarradoras tienen mucho que ver con la necesidad de los partidos de crear redes clientelares y de lo que se trata es de dificultárselo para que se imponga el interés general.

-¿Qué propone?

-Mejorar el funcionamiento de las herramientas de control, fundamentalmente de la Administración de Justicia, que ahora funciona de forma excesivamente lenta. Los escalones más altos de la judicatura son demasiado sensibles a los intereses políticos, hay que reforzar la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial no debería estar politizado y los nombramientos de los altos cargos del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo no tendrían estar tan pendientes de las necesidades de los partidos.

-Usted colabora con el Grupo de Estados contra la Corrupción, ¿cuál es exactamente su labor?

-Es un instrumento del Consejo de Europa, que le permite comprobar hasta qué punto los países que firmaron convenciones anticorrupción cumplen con sus compromisos. Greco muestrea a un grupo de países, elige un tema -cada ronda dura 3 o 4 años- y los evalúa sobre ese tema en concreto. Ahora estamos iniciando la cuarta ronda de evaluación, en la que se evaluarán los problemas de corrupción asociados a parlamentarios y a jueces. En la tercera, en la que yo participé y que está finalizando ahora, se abordaron dos temas: cómo estaban tipificados los delitos de corrupción en cada país y la financiación de los partidos.

-¿Qué conclusiones sacaron sobre cómo consiguen dinero los partidos españoles?

-La evaluación de Greco fue muy crítica con el sistema de financiación español. Se detectaron problemas bastante graves, tanto en cuanto a transparencia como a posibilidades de control y a sanciones. Una de las cosas interesantes de Greco es que no se limita a la elaboración de un informe. A los 18 meses vuelve a examinar a los países a ver si han cumplido sus recomendaciones. En España, llegado a este punto, la evaluación fue de nuevo muy dura, porque habíamos hecho bastante poco por cumplir con las pautas que nos habían dado. 36 meses después es el examen definitivo, que aún no se ha celebrado. España lo va a pasar porque ha introducido algunos cambios que serán suficientes para el aprobado, lo cual no quiere decir que tengamos un sistema excelente ni mucho menos.

-¿Qué cambios se han introducido?

-Hemos mejorado mucho con la última reforma de la ley de financiación de partidos de octubre de 2012, sobre todo en el tema de las condonaciones de deuda. Hasta ahora los bancos podían perdonar a los partidos sus créditos sin ningún tipo de limitación. Ahora, existen más o menos los mismos límites que se estipulan para las donaciones. También se ha reforzado el Tribunal de Cuentas: sólo siete personas se dedicaban al control de la financiación de los partidos y las campañas electorales y ahora han pasado a ser más de 20.

-¿Es la financiación privada o la pública la que registra mayor número de irregularidades?

-Por un lado, hay muy poco control sobre las donaciones privadas, porque el Tribunal de Cuentas no tiene los poderes suficientes para hacer un control efectivo de los ingresos privados que reciben los partidos. Pero también hay un descontrol bastante grande sobre una parte de los ingresos públicos, sobre todo a nivel local.

-¿Por qué?

-Las cuentas que presentan los partidos ante el Tribunal de Cuentas son las consolidadas sólo hasta nivel provincial, pero no se incluyen las cuentas de las agrupaciones locales. Aún así, tenemos cierta información y se trata de cantidades considerables. En torno a una cuarta parte del dinero público que reciben, que en términos absolutos supone más de 50 millones de euros al año, viene de los municipios. Un segundo problema relacionado con con los ingresos públicos y los privados es el tema de las fundaciones.

Las fundaciones

-¿Cómo se utilizan para burlar la norma?

-Algunas fundaciones tienen una relación estrecha con los partidos y se convierten en la puerta trasera para incumplir determinadas limitaciones que plantea la ley. Por ejemplo, la ley no permite que empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas donen dinero a los partidos, pero sí a las fundaciones.

-¿Tan difícil es obligar a las formaciones a hacer públicos sus números?

-La ley de octubre de 2012 obliga a los partidos a hacer públicas sus cuentas, pero no a enumerar su lista de sus donantes. Sabemos la cifra total de dinero que han recibido, pero no quién se lo ha dado. En muchos países, una de las claves normativas para evitar irregularidades es que a partir cierta cantidad de dinero, los grandes donantes han de ser conocidos. Es un aspecto importante para saber quién puede estar influyendo en los intereses que defiende uno u otro partido.

-¿Cuánto suponen las cuotas de los militantes en la financiación de un partido?

-No lo sabemos y es de justicia que den esa información. Los ciudadanos necesitamos saber quién está detrás de los partidos. Según lo que ellos declaran, la parte de financiación privada (en torno al 20%) obtiene más dinero de las cuotas que de las donaciones. Pero lo cierto es que declaran muy poquitas donaciones y no sabemos si esto se ajusta a la realidad. Sabemos que sistemáticamente los partidos gastan más en las campañas electorales de lo que declaran.

-¿Cómo se podrían evitar casos como el de Bárcenas?

-Con una transparencia más efectiva y dándole al Tribunal de Cuentas la capacidad de cruzar datos y hacer comprobaciones con Hacienda. Siempre habrá maneras de burlar la ley, pero en el caso español es demasiado fácil.

La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 28 de marzo de 2013

Este artículo señala que la deuda privada es mucho mayor que la deuda pública y que se debe, en parte, al descenso de la capacidad adquisitiva de la población como resultado del descenso de las rentas del trabajo a costa del aumento de las rentas del capital.

Juan Torres, en un excelente artículo publicado en Público (24.03.13), titulado La guerra mundial de la deuda señalaba que el mayor problema existente hoy en el mundo referente al crecimiento de la deuda no es la deuda pública, como constantemente subrayan la mayoría de medios de información, sino la deuda privada, la cual ha alcanzado unos niveles inasumibles en la práctica totalidad de países a los dos lados del Atlántico Norte. Según el Banco Internacional de Pagos (BIP), la deuda total privada de los países de la Eurozona es de 15,7 billones de euros, una cantidad que es casi el doble de la riqueza de los países de tal zona monetaria, medida por su PIB (8,7 billones de euros). Un tanto semejante ocurre en EEUU, cuya deuda privada es de 24,98 billones de dólares, que es muy superior a su PIB, que es de 16 billones de euros.

Y lo que es también alarmante, como subraya Juan Torres, es su elevado crecimiento. Según el BIP, la deuda privada en la Eurozona se ha duplicado en los últimos nueve años, una situación que se ha producido también con la deuda privada de EEUU, que se ha doblado en nueve años.

Otro dato de gran importancia es que la deuda de los hogares, que históricamente era mucho más baja que la deuda empresarial, se ha incrementado mucho más rápidamente que esta última. La explicación de todo este proceso es fácil de encontrar, aunque raramente la verá en los medios de mayor difusión, altamente influenciados por los grupos financieros y empresariales que dominan la vida económica del país y que están entrelazados con tales medios (un ejemplo de ello: el dueño de La Vanguardia, el conde de Godó, es el vicepresidente de CaixaBank, el mayor grupo financiero de Catalunya).

La causa del enorme crecimiento de la deuda privada es el enorme descenso de la masa salarial, que explica que las rentas del trabajo, de la cual derivan sus rentas la mayor parte de la ciudadanía, han ido descendiendo como porcentaje de la renta salarial total, mientras que las rentas del capital han creciendo enormemente. Es lo que solía definirse como lucha de clases, término que hoy no se utiliza por considerarse “anticuado”. Sólo algunos grandes financieros, como el Sr. Warren Buffet, uno de los hombres más ricos de EEUU, pueden citarlo sin reservas, afirmando que existe una guerra de clases, y que la suya es la que gana en bases diarias. Los datos muestran que el Sr. Buffet lleva toda la razón del mundo.

Las causas del descenso de las rentas del trabajo

En EEUU el salario horario (es decir, el salario que un trabajador recibe por hora) ha ido disminuyendo desde los años ochenta cuando el presidente Reagan (el ídolo de los economistas neoliberales) inició su guerra contra los sindicatos, despidiendo a todos los controladores aéreos, mostrando así al mundo empresarial que la veda estaba abierta en contra de los sindicatos. Un tanto igual ocurrió con la Sra. Thatcher, cuando inició la guerra contra los mineros. Esta guerra ha sido exitosa, pues el porcentaje de la población sindicalizada en EEUU ha disminuido notablemente, siendo hoy sólo un 11,3% de toda la población activa (y ello a pesar de que el porcentaje de población a la que le gustaría sindicalizarse, si pudiera, ha ido aumentando) y ello debido a las enormes dificultades que el mundo empresarial pone a que sus trabajadores puedan sindicalizarse. El temor al despido (debido a la gran desregulación existente en el mercado laboral de EEUU) es una de las mayores causas de esta disminución de la tasa de sindicalización.

Pero existen otras intervenciones públicas que debilitan a los sindicatos. Una es la destrucción de empleo, aumentando el número de parados y personas buscando trabajo. El desempleo tiene un enorme impacto en disciplinar al mundo del trabajo. Atemoriza a toda la población que trabaja, temerosa de perder su empleo. Este aumento del miedo determina un gran deterioro de las condiciones de trabajo (el número de trabajadores que indican estar trabajando bajo condiciones estresantes ha aumentado en EEUU y en todos los países de la UE), un aumento de la precariedad y un descenso de los beneficios sociales.

Otra intervención pública es la reducción de la protección social, con disminución, no sólo de los derechos laborales, sino también de los sociales. Los recortes de gasto público social tienen también como objetivo el debilitamiento de tal protección social, que debilita a las clases populares, atemorizándolas al perder seguridad.

Éstas son las armas del capital frente al mundo del trabajo en lo que mi amigo Noam Chomsky llama la guerra de clases (“the class war”) en su introducciónal libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo. Ni que decir tiene que las pérdidas del mundo del trabajo conllevan ganancias del capital.

¿Quién gana esta guerra?

La pregunta que me hacen mis estudiantes es: ¿cómo el capital se beneficia de las pérdidas que la guerra de clases determina en el mundo del trabajo? La respuesta es a varios niveles.

Uno es que en la medida que las rentas del trabajo bajan, las rentas del capital suben. Y los datos hablan por sí mismos (en España, el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB ha pasado de 2008 a 2012 –datos del cuarto trimestre- del 49 al 46%, mientras que las rentas del capital han aumentado durante este periodo del 42 al 46%.). En realidad el crecimiento de las últimas se debe al descenso de las primeras. Y la mejor prueba de ello es que en el análisis de dónde va la riqueza que el mundo del trabajo está creando se ve que ha ido predominantemente a las rentas superiores que derivan sus rentas de la propiedad del capital.

Otro beneficio que el capital, específicamente el financiero, consigue del descenso de los salarios, es la necesidad que tiene la población de endeudarse. El profundo endeudamiento de las familias se debe precisamente al descenso tan notable de su capacidad adquisitiva. La enorme expansión del capital financiero ha sido precisamente basada en este endeudamiento familiar. El sector financiero está hoy, en la mayoría de países, sobredimensionado, lo cual ha creado un problema gravísimo. El enorme poder de la banca sobre los aparatos estatales y mediáticos del país ha forzado unos comportamientos públicos, como la desregulación del capital financiero, que han causado la enorme crisis financiera que, indicador de su poder, se ha intentado resolver a base de apoyo público para garantizar su existencia. La escasa demanda, causada por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, ha hecho que la rentabilidad de las inversiones financieras se haya desplazado de sectores productivos a sectores especulativos (facilitados por la desregulación del crecimiento del capital financiero) causa de la enorme crisis.

Nos encontramos así que junto a la austeridad que experimentan las rentas del trabajo hay una exuberancia de las rentas del capital, que está detrás de la crisis financia que está llevando a la pobreza y a la miseria a grandes sectores de la población. Ésta es la situación raramente descrita en los medios de mayor difusión y, desde luego, en La Vanguardia.

El caso Marea y el "derecho de pernada"

FUENTE:
Oviedo Diario
Editorial

El esperpento parlamentario de la comisión de investigación del ‘caso Marea’, está sirviendo -al menos- para airear públicamente las vergüenzas acumuladas durante los últimos doce años de gobiernos socialistas. El ‘caso Marea’ no fue cosa de cuatro golfos como algunos nos quieren hacer creer, ni tampoco fue una sucesión de hechos fortuitos o aislados. El sumario, y los hechos consumados, revelan que el ‘caso Marea’ ha dejado al descubierto una trama delictiva perfectamente orquestada, organizada y ‘engrasada’, en las entrañas de la administración regional, pero también en otras administraciones e instituciones. Con la complicidad de una cofradía de políticos y funcionarios, los principales imputados en la causa, malversaron -de manera continuada- los caudales públicos, y cometieron un fraude a gran escala, atentando contra las normas más elementales de contratación en las administraciones públicas, y vulnerando la libre concurrencia ya que, una docena de empresas del mueble y la construcción, tenían el monopolio de las compras y adjudicaciones. Y así ha quedado sobradamente acreditado, en las comparecencias de las últimas semanas, donde dos jefas de servicio, y los propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, han ‘confesado’ que en el Principado era ‘público y notorio’, lo que se traían entre manos políticos y empresarios. “Las ordenes venían de arriba”, sentenció, ante sus señorías, la ex jefa de servicio, Marta Renedo. Desde luego, es poco verosímil que ningún consejero, director general o alto cargo socialista, no detectase el continuo pillaje que los imputados, y sus cooperadores necesarios, estaban perpetrando en las arcas de la administración. Como también sería ingenuo pensar, que Carlos Madera, ex número dos de la consejería de Cultura, no tenía ningún conocimiento de que su cuñada trabajaba de ‘tapadillo’ en el Principado y que su nómina la pagaba una de las empresas de la trama del ‘caso Marea’. En la misma dirección, apunta la contratación irregular (enchufismo) de la hermana del que fuera jefe de prensa de la consejera Ana Rosa Migoya. O Migoya y Madera, también estaban implicados, o eran unos pardillos. O la impunidad, de quién se sabe inviolable.

A estas alturas, también parece probado, que el PSOE alentó y consintió todo tipo de prácticas fraudulentas en las ‘tripas’ de la administración regional, aunque el jefe de la Inspección de Servicios, Luis Carmelo Ménguez, haya tratado de justificar los desmanes cometidos, amparándose en el alto número de facturas (300.000) que recibe anualmente el Principado. “En ese maremágnum parece sencillo manipular unas cuantas”, expresó, y se quedó tan pancho. Otra perla más, para la galería del esperpento. Otro panoli, a sabiendas de que lo que dijo es perfectamente controlable y fiscalizable. Otra cosa, bien distinta, son los ‘vicios consentidos’ y el ‘derecho de pernada’ que parecía imperar durante el ‘arecismo’.

Algunas comparecencias han sido tan esclarecedoras, que el PSOE ha tenido que aparcar su discurso (defensa) inicial, “¿fallaron los controles, o las personas?”, con el que pretendía acotar y minimizar el ‘caso Marea’, y ahora ya busca ‘cabezas de turco’ (Marta Renedo). Aunque el grueso del dinero público sustraído, a golpe de contratos falsos, ficticios o inflados, fue a parar a los bolsillos de los principales imputados en la causa, resulta inquietante que, a día de hoy, ningún dirigente socialista haya explicado por qué hubo tanta permisividad en el Principado ante una trama de corruptelas que llevaba mucho tiempo ‘instalada’ y mangoneando a sus anchas. Doce años, en los que el PSOE gobernante y el PSOE orgánico, se mantuvieron impasibles ante el continuado esquilme de los fondos públicos, sin que ningún responsable político tomase cartas en el asunto, para poner fin a una pestilente trama de apaños y corruptelas.

UNA SENTENCIA DEL TSJA CONFIRMÓ QUE LAS PERCEPCIONES RECIBIDAS POR UN DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL POR DESPLAZAMIENTO DESDE SU DOMICILIO ESTABAN SUJETAS AL IRPF

UNA SENTENCIA DEL TSJA CONFIRMÓ QUE LAS PERCEPCIONES RECIBIDAS POR UN DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL POR DESPLAZAMIENTO DESDE SU DOMICILIO ESTABAN SUJETAS AL IRPF

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en sentencia firme de 25 de Mayo de 2000 (ver aquí), estableció que las indemnizaciones percibidas por un diputado de la Junta General del Principado por los gastos derivados del traslado de su domicilio al  puesto de trabajo,  eran rendimientos de trabajo y, por tanto, no estaban exentas del IRPF.

El TSJA considera que, cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluye de tributación a la parte de las retribuciones que las Asambleas legislativas asignen a sus diputados para gastos de viaje y desplazamiento, solamente se exceptúan de gravamen " los gastos de locomoción para realizar su trabajo en lugar distinto a aquél en el que lo tenga, sin que haga referencia alguna a la necesidad de trasladarse de su domicilio al puesto de trabajo”. Es decir, lo que realmente queda  libre de tributación son las retribuciones por gastos de viaje y desplazamiento ocasionados con motivo de viajes fuera de Oviedo – sede de la Junta General del Principado -, pero no las percepciones para hacer frente a los gastos normales derivados del traslado de su domicilio al puesto de trabajo ( es decir, lo que la Junta les paga mensualmente por ir a trabajar)

De este modo, el TSJA confirmó la legalidad de la declaración paralela que la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón había realizado a un diputado de la Junta General, residente en Gijón, que no había incluido en su declaración del IRPF un total de 339.401 pesetas, de las cuales 175.500 correspondían a gastos de viaje desde su domicilio en Gijón a Oviedo, a razón de 7.020 km recorridos a 25 pts./Km.

Pero, siendo esta sentencia de extraordinaria importancia, pues no nos consta ninguna posterior que cambie de criterio, no se trata de una resolución judicial aislada. Antes bien, el propio Tribunal Supremo (TS) ya ha tenido ocasión de determinar en su sentencia de 23 de Enero de 2004 (ver aquí), que las percepciones recibidas por los diputados (en el caso analizado en la sentencia, de la Asamblea de Madrid) para retribuir los gastos normales por asistencia al Parlamento, son rendimientos de trabajo y, por tanto, se someten al IRPF, y que sólo las indemnizaciones dirigidas a cubrir gastos excepcionales o extraordinarios adicionales a los normales y propios de la actividad desarrollada no tienen la consideración de rendimientos de trabajo, porque lo decisivo no es la denominación que reciba una percepción económica sino la finalidad real a que responde.

A la vista de esta jurisprudencia, parece evidente concluir que la mensualidad fija de 933,74 euros para gastos de "manutención y estancia" que perciben los diputados de la Junta General, es una remuneración  relacionada con su actividad parlamentaria normal y ordinaria – no una indemnización excepcional por gastos extraordinarios – y, en cuanto tal, un rendimiento del trabajo que debe tributar por IRPF.

Del mismo modo también debe tributar la dieta mensual para gastos de locomoción, que se calcula con la siguiente fórmula: 0,1864011 x 30 x kilómetros (exceptuando al Presidente de la Junta, que no cobra por este concepto al disponer de coche oficial, y los diputados residentes en Oviedo a los que se asigna por este concepto 0,1864011 x 30 x 5 kilómetros), pues la misma no retribuye los desplazamientos ocasionales de los diputados fuera de la sede de la Junta General, sino los que realizan ordinariamente desde su domicilio a la Junta (ello, con independencia de que los diputados no se desplazan todos los días del año, por lo que el cálculo de la dieta se encuentra manifiestamente inflado)

Lo sorprendente del caso es que,  a  pesar de la resolución judicial firme del TSJA, los diputados de la Junta General continuaran con su sistema privilegiado de retribuciones libres de impuestos, refugiados en una especie de "paraíso fiscal " construido a su medida dentro del paraíso natural asturiano, que debería ser objeto de la intervención comprobatoria de la Inspección de Hacienda.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

La Consejería de Bienestar Social duplica los puestos a dedo del ERA y suprime la exigencia de que el nombramiento recaiga en empleados públicos

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, acaba de aprobar una reforma del Decreto de estructura orgánica del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA), publicada en el BOPA del 16 de marzo (la publicación comete el error de atribuir la decisión a la Consejería de Educación), en la que se dobla el número de puestos de  Directores de área nombrados a dedo, que pasan de dos a cuatro. 

En la actualidad existían dos direcciones de área, la Económica y la de Personal , que con esta reforma se transforman en cuatro: Área de Asuntos Económicos, Área de Régimen Jurídico y Asuntos Generales, Área de Recursos Humanos y Área de Dependencia y Programas.

Pero, además, la modificación que ahora aprueba la Consejería de Bienestar Social elimina la exigencia de que los nombramientos recaigan en empleados públicos, tal y como establecía la redacción inicial del Decreto de estructura orgánica del ERA (Decreto 79/94), permitiendo con ello la designación de personal externo de forma directa y sin convocatoria pública alguna, por parte del Presidente del Consejo de Administración del ERA.

Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies es una desfachatez política incalificable doblar el gasto en puestos directivos en un momento en el que se recortan las retribuciones de los empleados públicos y se reducen las partidas presupuestarias para las políticas sociales destinadas a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad asturiana.

Pero, junto a la necedad política, esta reforma es fruto de un acuerdo manifiestamente ilegal porque los puestos directivos que ahora se crean desempeñarán funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas – contratación, elaboración de disposiciones de carácter general, reclamaciones y recursos, asesoramiento jurídico, gestión de ingresos etc. –, cuyo ejercicio  corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en virtud de lo que dispone  el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En consecuencia, la supresión de la exigencia de que los nombramientos recaigan en empleados públicos - y más concretamente, en funcionarios públicos - previa convocatoria y en base a criterios de igualdad, mérito y capacidad, vulnera abiertamente la legalidad.

Por todo lo expuesto, el Gobierno asturiano debe rectificar de inmediato esta decisión y si no lo hace, deberá explicar los motivos ante la sociedad asturiana y, después, en vía judicial.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies